El Colegio de Abogados de Lima (CAL) informa que, mediante Resolución del Consejo de Ética N.º 03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, de fecha 26 de enero de 2026, se dispuso la suspensión temporal del ejercicio profesional por el plazo de seis (06) meses de la abogada Liz Patricia Benavides Vargas, en el marco del Expediente Deontológico N.º 365-2024-MC, iniciado a partir de la denuncia formulada por la ciudadana Martha Eleana Cuentas Anci, directora ejecutiva de la organización Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

La medida cautelar fue adoptada al haberse acreditado una infracción ética, consistente en que la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas habría consignado información contraria a la verdad ante la Junta Nacional de Justicia durante el concurso para fiscales supremos. Ante la consulta sobre cómo actuaría frente a un proceso judicial que involucrara a un familiar, declaró: “éticamente jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación en que un familiar esté siendo investigado”. No obstante, dicha afirmación habría sido desvirtuada posteriormente, al disponerse —ya como Fiscal de la Nación— la separación de la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, configurándose una contradicción objetivamente relevante desde el punto de vista ético.

Es importante precisar que el Consejo de Ética desestimó expresamente los demás extremos de la denuncia, al no haberse configurado infracción ética, entre ellos:

La aceptación de una condecoración pública del ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos en el Ministerio Público vinculados al caso “Panamá Papers”.

La falta de transparencia al no mostrar su tesis de maestría y doctorado a pesar de los cuestionamientos públicos.

La contratación como abogado defensor a un político en ejercicio, que es investigado por el Ministerio Público.

La imputación de un presunto liderazgo de organización criminal.

La medida cautelar impuesta tiene carácter provisional, no constituye sanción definitiva y tiene como finalidad garantizar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario, preservar la confianza institucional y evitar la eventual afectación a la imagen de la Orden, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

Por: EDWIN CAVELLO LIMAS

La Feria Internacional del Libro de Lima ya no volverá al parque Próceres de Jesús María. No hubo incendio, ni clausura sanitaria, ni rebelión vecinal. Hubo algo más eficaz: una factura. Doscientos mil soles. Esa habría sido la cifra que la Municipalidad de Jesús María —con el alcalde Jesús Gálvez a la cabeza— puso sobre la mesa para permitir que los libros siguieran ocupando, por unas semanas al año, un parque público. La Cámara Peruana del Libro no aceptó. Y se acabó la historia. O mejor dicho: se reveló la verdadera.

Porque no se trata de logística ni de orden urbano. Se trata de prioridades. La FIL se va porque no quiso pagar un peaje municipal que huele más a castigo que a alquiler. Y se va, además, a un lugar donde el mercado —ese villano habitual del discurso cultural— resulta más razonable: el Jockey Plaza. Allí, dicen desde la CPL, el espacio cuesta menos. Ironías de Lima: un centro comercial resulta más accesible que un parque público.

La escena es grotesca. Mientras los libros hacen maletas, en el distrito varios vecinos miran con incredulidad la decisión municipal. No porque sean románticos de la literatura, sino porque entienden algo elemental: la Feria Internacional del Libro de Lima convoca a miles de personas, mueve economía local, pone al distrito en el mapa cultural. Pero el alcalde Gálvez —a quien en el barrio llaman «Mayimbú», con más sorna que cariño— parece tener otros gustos. Para conciertos chicha en el Campo de Marte o la Concha Acústica, permisos hay. Para presentaciones de libros, no tanto.

Este 2026, además, el país invitado de honor es Ecuador. La programación deberá rearmarse, adaptarse a pasillos comerciales. La cultura, como siempre, se acomoda. Las autoridades, en cambio, se atrincheran en su escritorio. Desde el año pasado, la Municipalidad de Jesús María y la Cámara Peruana del Libro venían negociando la permanencia de la feria en Próceres. Hubo reuniones, idas y vueltas, discursos amables. Hasta que apareció la cifra final. Y con ella, la ruptura.

Que no se engañe nadie: la FIL no se va por capricho ni por falta de público. Se va porque no habría aceptado pagar 200 mil soles por usar un parque que, en teoría, es de todos. Jesús María se queda sin feria y Lima pierde un espacio público para el libro.