El contralor Nelson Shack responde al primer ministro por decir que la Contraloría tiene en su cuenta 1.600 millones de soles y que con eso podría construir hospitales y colegios. También habla de las consultorías y el despilfarro del gobierno.

Después de siete años, en julio termina su mandato como contralor y lamentablemente la corrupción continúa galopante.

El problema fundamental de la corrupción es la impunidad. Los problemas ya no están en cómo prevenir porque para eso creamos el control concurrente, pues antes lo que hacía la Contraloría era puro control posterior. Ahora, desde el 2021, con el control concurrente y todas las leyes que se han aprobado, el modelo ha cambiado. Las obras con control concurrente cuestan menos plata, no se paralizan y se terminan. Todo el tema de la capacidad para detectar y para prevenir, se ha avanzado.

¿Entonces en dónde radica el problema? Usted acaba de anunciar más de 24,268 millones de perjuicio al Estado en el 2023…

El problema está en que no hay sanción efectiva y ejemplar contra los corruptos. Yo acabo mi mandato tranquilo y satisfecho con todo lo logrado, pero también me retiro apenado al ver que desgraciadamente las reformas que se tenían que hacer en el Estado Peruano no se han dado por temas de impunidad. Se necesita una reforma política y judicial. Los corruptos tendrían que estar presos, pero lo que hoy reina en el Perú es la impunidad. Ese es el gran problema. Siempre podemos hacer más cosas, pero ya tenemos una enorme capacidad de detección, trabajamos con inteligencia artificial, prevenimos, investigamos y sacamos miles de informes al año. Solo el año pasado hemos imputado responsabilidad administrativa, civil y penal a 9.300 funcionarios.

¿Y cuántos tuvieron sanción?

Ninguno. Ni uno solo. Ese es el problema, la impunidad. Esa transparencia de la Contraloría que es correcta está generando más frustración en la población. Mira lo que pasa en provincias. Pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo se conoce, se sabe quién es quién.

Usted exige una reforma judicial, pero mire la Fiscalía. Un nido de grillos…

Estamos entrampados, pero yo espero que lleguemos a un acuerdo para hacer la reforma judicial. Se necesita voluntad política.

¿Hay voluntad en el gobierno de Boluarte?

Voluntad puede existir, pero el tema es que no sé si saben cómo hacerlo, ni tampoco sé si tienen los recursos para poder hacerlo. Yo me reuní con todos los líderes políticos y les dije: si voy a ser contralor es para que me ayuden a hacer esta reforma y escribí todos los cambios y modificaciones en la Constitución. Lo único que me falta hoy es que el Congreso apruebe por insistencia la ley de la carrera del auditor gubernamental. La Contraloría ya se ha vuelto en una institución tutelar de la República y, por lo tanto, tenemos que garantizar que los auditores sean los mejores y que tengan como una carrera, como la que existe en el servicio diplomático o en el Banco Central.

En el terreno de la defraudación usted tocó un nervio muy duro que es la consultoría. El año pasado se ha gastado en el aparato estatal 6.000 millones en consultorías.

En el Estado Peruano hay dos temas que tenemos que separar y que son de gran preocupación para nosotros. ¿Cuánto se contrata a dedo, sin proceso, sin transparencia, sin competencia, sin pluralidad de postores a dedo? Son las famosas contrataciones de menos de 8 UIT. ¿Y cuánto son 8 UIT? 41.200 soles.

Si junta los casos es un cerro de dinero.

Una barbaridad. En la comisión descentralizada de Economía he dicho que como ahora van a sacar la nueva ley de contrataciones deben arreglar esta situación. Les hemos enviado propuestas. El año pasado, el 2023, en todo el Estado se han gastado más de 19,300 millones de soles a dedo. Eso es la tercera parte de todo lo que el Estado contrata.

¿A dedo?

A dedo. Y comprenderás que muchas de esas contrataciones no son buenas. Nadie ha competido, nadie ha sido transparente, no ha habido pluralidad de postores. En estas contrataciones están los allegados de todas las altas autoridades, todos los favores políticos que hay que pagar. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que todo es legal.

¿La ley está hecha para eso?

No fue para pagar favores, seguramente fue con la buena intención de agilizar contrataciones, pero claramente esto ha desbordado por completo y dentro de este rubro están las consultorías. Efectivamente, se gastan entre 6.000 y 7.000 millones de soles en consultorías. De esas el año pasado 3.200 millones estaban en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. En la PCM se han gastado más de 200 millones en consultorías. Para saber si estuvo mal haremos el mega operativo. Por primera vez vamos a poder saber en qué gasta el Estado nuestra plata haciendo consultorías. Se va a poder transparentar la consultoría: ¿Por qué la pediste? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué te entregaron? Y, sobre todo, ¿esa consultoría ha servido para algo?

¿Cuál es su sospecha?

Yo creo que habrá de todo, pero hay una enorme cantidad de recursos que son despilfarro, que son consultorías que no sirven para nada.

Cuando ha contado el tema de la corrupción en el actual gobierno el primer ministro Otárola le ha dicho que ya que habla de transparencia nos cuente de los 1.600 millones de soles que tiene guardados en la cuenta de la Contraloría; que con ese dinero se habría podido construir 100 postas médicas, hospitales, colegios. ¿Esto es verdad?

Eso que ha dicho es falso, yo entiendo que ha sido mal informado porque él no conoce de estos temas. Los presupuestos de las instituciones públicas, como la Contraloría están publicados, los aprueba el Congreso y se ejecutan año a año. Hemos sacado la ley del control concurrente y, efectivamente, hoy los recursos de la Contraloría provienen de lo que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, que es para hacer siempre el control posterior y las transferencias que recibimos de las distintas entidades para hacer el control preventivo.

¿Para control posterior cuánto tiene?

El presupuesto para los servicios de controles posteriores que determinan las responsabilidades de malos funcionarios, gastos de procesos sancionadores, procuraduría, fiscalización del patrimonio declarado por funcionarios públicos en sus declaraciones juradas, entre otros es de aproximadamente 650 millones para este 2024. Para el control concurrente, es 1.600 millones; pero no es que lo tengamos en una cuenta. Hemos recibido transferencias por ese valor desde hace 4 años que ya se han ejecutado y gracias a eso se ha financiado el control concurrente. Pero además esa plata no es solamente para lo que ya hemos hecho, es para financiar las intervenciones de control concurrente que las mismas instituciones, entre ellas los ministerios, nos han transferido para hacerlo durante el 2024 y el 2025. Entonces no es que tenemos disponibles 1.600.

¿Cuánto tienen?

Lo que aparece como saldo disponible son como 275 millones para ser ejecutados en control el 2025. Cualquier funcionario que sabe de presupuestos lo puede verificar en los sistemas informáticos del propio Gobierno que a su vez se reflejan en el portal de Transparencia del MEF disponible a la ciudadanía.

Otárola dijo que con tanto dinero se pueden construir postas, colegios…

Otárola está mal informado. Cree que esa plata está disponible y no es así. Ese presupuesto ha permitido la expansión de todos los servicios de control desde el 2021. Y, por otro lado, mi función no es construir hospitales o colegios; esa es función del Ejecutivo. Nosotros tenemos una función de fiscalización, nosotros no somos los que gestionamos. Está confundiendo totalmente el rol. Lo que está diciendo o más bien enviando el mensaje es que presionarán a Contraloría con el tema del presupuesto y eso es fatal.

Le está diciendo cállate y no hables de mis consultorías porque yo te puedo cortar el presupuesto.

No lo sé, pero digamos trato de entender por qué, ha dado semejante declaración. Prefiero pensar que no está bien informado porque por su declaración todo el mundo ha entendido que tenemos 1.600 millones de soles en una cuenta y que no hacemos nada por la salud o la educación.

¿Otárola se picó?

El que se pica pierde, siempre es así y él perdió.

Ahora el primer ministro tendrá que salir a explicar por qué la PCM gasta 200 millones en consultorías.

Hay que ser conscientes, también, de que el Estado está tan desordenado y que muchas personas son contratadas bajo el rubro de consultorías. No miles de personas, sino cientos de miles de personas se contratan en todo el país. Eso es parte de los problemas del desorden.

¿Qué piensa hoy del Gobierno?

Creo que hay problemas estructurales y en un año de gobierno no se pueden resolver, pero también ha habido muchas decisiones que no han resultado. Todavía hay bastante ineficiencia y nula ejecución de los recursos por las escasas capacidades de los funcionarios; por eso, es tan importante un servicio civil calificado. Siempre he creído que si todos los actores del Estado nos pusiéramos de acuerdo en dos o tres cosas otra sería nuestra historia. Para eso se necesita un liderazgo claro y una sola estrategia hasta sacar adelante las reformas. El problema es que la impunidad nos traiciona y para poder tratar de avanzar un poco voy a enviar un proyecto de ley la próxima semana al Congreso para crear una procuraduría especializada en control gubernamental.

¿Usted está de acuerdo en que todo el equipo Lava Jato y todos los fiscales supremos se vayan a su casa?

No puedo decir eso, pero es clarísimo de que todos los casos emblemáticos de la gran corrupción en el Perú empezaron con bombos y platillos, pero no han dado resultados luego de 6 años. Lo que tenemos que hacer es, de repente, repensar el modelo de operación, un proceso no puede demorar una década.

¿Y qué piensa de los colaboradores eficaces? Todos los tiburones del club de la construcción hoy son colaboradores eficaces. ¿Qué clase de justicia es esa?

Por eso digo que a la luz de la experiencia debemos repensar el modelo. La población observa que efectivamente ha pasado mucho tiempo y no hay nadie preso. Que nadie realmente que esté pagando por todo el daño que ha hecho. ¿Qué pueden pensar?

“No sé si necesitamos un Bukele. Sí necesitamos que nuestra justicia funcione”

Majes Siguas II está parado desde el 2017 por una controversia entre la empresa y el Gobierno Regional de Arequipa. No le parece el colmo cuando podría dar trabajo a tanta gente…

El peor negocio para una sociedad es tener obras paralizadas. Existen 2.300 obras paralizadas al 31 de diciembre del año pasado que valen de acuerdo a las cifras oficiales 26.000 millones. El problema es que ya gastamos 13.000. Es decir, los peruanos ya invertimos la mitad y hay obras paralizadas hace 10 años. Es fundamental tratar de ayudar a que esto se solucione. Hemos iniciado una serie de reuniones de trabajo en distintas regiones y estamos impulsando un mecanismo que permita destrabar; no todas, porque una obra paralizada hace más de 10 años ya no la puedes reactivar. Hay que liquidarla. La plata invertida se fue al agua, está perdida y se deben imputar responsabilidades, pero hay que priorizar.

¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo? Es plata perdida y los funcionarios están libres…

En una sociedad perversa y no se va a solucionar si es que no se sanciona.

¿Necesitamos un Bukele?

No sé si necesitamos un Bukele, no creo. Lo que necesitamos es que nuestro sistema de justicia funcione.

Pero no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos la luz?

No. Tenemos que hacer el esfuerzo conjunto con todas las altas autoridades en el marco de una reforma para tomar decisiones concretas. Evaluar detenidamente el desempeño de los jueces, de los fiscales y hacer una reforma.

Usted habla de reforma, en la fiscalía se sacan los ojos y la Junta Nacional de Justicia está esperando su guillotina.

No me corresponde a mí decir o pensar qué cosa vamos a hacer con la JNJ. Lo que sí está claro es que necesitamos reformar el sistema de justicia.

¿Es posible con los miembros actuales?

No lo sé.

Fuente: El Comercio – Milagros Leiva / Periodista