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Lima Centro

Periodistas y familiares recuerdan a Jaime Ayala a 37 años de su desaparición – Agencia de Noticias Órbita

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La familia del periodista Jaime Ayala Sulca, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) desarrollaron un acto conjunto en memoria del hombre de prensa, que se encuentra en condición de desaparecido hace 37 años, desde el 2 de agosto de 1984.

El acto de memoria se realizó en horas de la mañana del reciente sábado 31 de julio en las instalaciones del LUM, con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y un aforo limitado.

Este acto inició en la sala “Una persona, todas las personas”, espacio destinado a testimonios de víctimas del periodo de violencia interna, en que se encuentra el video con declaraciones de Rosa Pallqui Medina, viuda de Jaime Ayala. En este espacio fue colocada una foto del periodista.

Seguido, los asistentes subieron al segundo nivel, donde se detuvieron en el “Cubo de Desaparecidos”, donde colocaron una ofrenda floral en la foto del periodista que se encuentra en dicho espacio.

La presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (Anfadet – Casos CIDH), Luyeva Yangali, señaló la importancia de este monumento a las personas desaparecidas “es un lugar que podemos visitar, ya que no tenemos dónde recordarlas”.

Por último, ante la placa de recordación a las víctimas periodistas en el periodo de violencia, fue desarrollado un homenaje al periodista.

El director del LUM, Manuel Burga, expresó “las desapariciones, la muerte de una persona es algo inadmisible. Considero que una de las profesiones más difíciles durante lo que vivimos en los años 80 y 90 fue la de periodista, porque tienen que buscar la noticia en situaciones bastante complicadas”.

Por su parte, la secretaria general de la ANP, Zuliana Lainez, señaló “nos interpela llegar a un bicentenario con peruanas y peruanos, hoy todavía, en condición de desaparecidos. Esa gran deuda que tenemos con las familias se sella en un compromiso indesmayable. No vamos a dejar de buscarlas y buscarlos. No vamos a dejar de buscar a Jaime”.

Por último, la viuda de Jaime Ayala, Rosa Luz Pallqui Medina, manifestó “son 37 años de lucha por justicia para Jaime, 37 años buscando su cuerpo para darle cristiana sepultura”.

“Agradezco a todas las instituciones que durante todos estos años nos han acompañado en la lucha por justicia. Han luchado a mi lado muchas organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas. No voy a desmayar en mi lucha por la memoria, por justicia para Jaime”.

“Yo quiero que el nombre de Jaime se recuerde como un periodista que luchó por los derechos de los pobladores de Huanta, Ayacucho y todo el país. Su trabajo lo hacía en Huanta y por eso lo mataron, por ser un periodista valiente. Por eso lo desaparecieron, para que no siga difundiendo lo que sucedía en Huanta”, agregó.

El homenaje terminó con un cierre cultural a cargo de la cantante Margot Palomino y su guitarrista, Felipe Calderón.

El caso Jaime Ayala

El periodista Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República en Huanta (Ayacucho), denunciaba los la violencia y abusos que sufría su provincia por parte de las huestes terroristas de Sendero Luminoso y por los abusos cometidos por las fuerzas militares en la zona.

El hombre de prensa fue visto por última vez la mañana del 2 de agosto de 1984, cuando ingresó al cuartel de la Marina acantonado en el Estadio Municipal de Huanta. Desde ese momento, y durante décadas, Rosa Pallqui emprendió una lucha por alcanzar justicia y los restos de Jaime.

Años después de la desaparición uno de sus ejecutores reveló a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que el periodista estuvo detenido varios días, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente.

“Primero lo matan con golpes, no hay armas. Lo seccionan y luego lo entierran en diferentes puntos del estadio… no recuerdo el lugar específico”, declaró el testigo bajo reserva de identidad 040-2003-CVR ante la comisión.

Como se recuerda, el 8 de abril del 2020 hubiera iniciado la fase oral del juicio contra las autoridades de la Marina en Huanta -en la fecha de la desaparición-: Alberto Rivero Valdeavellano (jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar) y Augusto Gabilondo García del Barco (jefe de la base contrasubversiva de Huanta).

Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que tiene la defensa legal del caso, Juan José Quispe, explica que “desde el año 2019 ya tenemos un auto superior de enjuiciamiento, es decir, el expediente está para que señalen la fecha de inicio del juicio oral”.

En ese sentido, agrega que la última demora en el inicio de la fase oral se debe a que se realizaron dos audiencias de control de acusación.

“El tribunal presidido por la Dra. Miluska Cano López es el que va a llevar a cabo el juicio oral. Desde fines del 2019 tiene el expediente expedito para señalar fecha y hora para el inicio del juicio oral. Todo está saneado, ya no hay ninguna objeción por parte de los abogados de los acusados”, señala Juan José Quispe.

Asimismo, agregó: “lo único que esperamos es que, aún en pandemia, señale fecha y hora, teniendo en cuenta que la ex Sala Penal Nacional, hoy Sala de Crimen Organizado, tiene ahora dos colegiados de violaciones de Derechos Humanos”.

Finalmente, el abogado Juan José Quispe manifestó: “esperamos terminar un grupo de 4 casos de Derechos Humanos que culminan en dos meses con la emisión de sentencias, y a partir de ahí podemos ver cuándo iniciaría el juicio a 37 años de la desaparición de Jaime Ayala Sulca”.

Sobre el proceso judicial, la viuda del periodista, Rosa Pallqui, expresó: “Espero que ahora, con el inicio del juicio oral, se pueda sentenciar a los asesinos de Jaime, a quienes lo torturaron y desaparecieron su cuerpo, a los marinos que estaban en el cuartel en Huanta. Espero, junto con mi familia, que sea una sanción con muchos años de cárcel”.



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Pueblo Libre Lidera Debate: Alcaldesa Mónica Tello Cuestiona Viabilidad de Armas No Letales para Serenos

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En el marco de la I Sesión Territorial de la Mancomunidad Municipal Lima Centro sobre el Estado de Emergencia 2025, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, junto a su par de Surquillo, Cintia Loayza, pusieron el foco en los desafíos logísticos y presupuestarios para equipar a los serenos con armas no letales. Ambas autoridades calificaron la medida como «limitante e inviable» debido a la falta de presupuesto, vacíos legales y el riesgo inherente para el personal municipal.

La reunión, presidida por el alcalde de Miraflores y presidente de la Mancomunidad, Canales, sirvió para evaluar los resultados de la declaratoria de emergencia en la lucha contra la criminalidad.

Resultados Positivos, Pero con Necesidades

El alcalde Canales destacó que la declaratoria de emergencia «ha dado resultados» y respaldó la labor de la Policía Nacional. «Hay una acción mucho más comprometida de la Policía Nacional y demás autoridades para reducir la delincuencia,» indicó tras la sesión, que contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, Osiptel, ATU y Migraciones.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, presentó cifras contundentes, avalando el éxito de la norma:

  • 70% de detenidos.
  • 60% de incautación de armas.
  • Más de 12 mil cartuchos de doble capacidad destructiva.
  • Más de 100 toneladas de pirotécnicos decomisados.

«Por supuesto que estas normas han tenido resultados, objetivamente hemos tenido resultados en base a los números,» sostuvo Arriola.

Acciones Complementarias de la Justicia

En otros acuerdos clave, el Fiscal Superior Titular Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, anunció la creación de fiscalías de bandas para Lima, Callao, Chiclayo y Sullana. Mientras se implementan, las 16 fiscalías de crimen organizado asumirán las investigaciones de extorsión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, enfatizó el compromiso judicial: «Los jueces están involucrados en buscar cambios normativos y mejores manuales operativos para lograr resultados.»

Finalmente, representantes de Osiptel hicieron un llamado a los municipios a asumir un rol más activo en la fiscalización de la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, buscando reducir su uso delictivo.

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Munis en la mira: Serenos podrán patrullar con pistolas eléctricas

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Alcaldesas de Surquillo y Pueblo Libre opinan que implementación de nueva norma requiere mayor presupuesto y modificar Ley Orgánica de Municipalidades

El reciente Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, aprobado por el Ministerio del Interior (Mininter), ha abierto un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana: por primera vez, los agentes de los servicios de serenazgo municipal podrán portar pistolas eléctricas o de electrochoque, además de cámaras corporales, grilletes y aerosoles de pimienta.

Si bien la norma pretende “la modernización y profesionalización del serenazgo municipal” y la necesidad de fortalecer su coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el avance de la delincuencia, también plantea tantas interrogantes como promesas.

La norma exige dotar de armas eléctricas a un cuerpo cuya función tradicional ha sido preventiva, que porten cámaras corporales activas que registren sus intervenciones con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ¿están los municipios preparados para asumir la supervisión, el entrenamiento y su implementación?

Para la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, el decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. «Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal», indicó.

Reconoció que la intención de la norma es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.

Falta de presupuesto
En cuanto al presupuesto, la alcaldesa surquillana subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.

Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. «Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos», dijo.

Un sereno no es un policía
En la misma línea, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la intención de la norma, pero advirtió que su aplicación debe ser gradual y acompañada de un presupuesto específico para las municipalidades.

Dijo que los municipios, con el nuevo dispositivo, enfrentará un reto para el cual no están plenamente preparados ni financiados. Mencionó que muchas municipalidades dependen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos mediante arbitrios.

«Algunas municipalidades podrán comprar estos implementos, pero muchas otras no. No todas tienen los mismos recursos. La ley está bien, pero debe venir con presupuesto», enfatizó.
“Estamos asumiendo una función que no nos corresponde directamente. Un sereno no es un policía y no está preparado para eso”, añadió.

Por : Marco Cáceres A.

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