La mayoría de nuestros compatriotas, no están satisfechos con la educación escolar que presta el Estado en todos sus niveles. Propuestas hay por montones, pero lamentablemente las autoridades gubernamentales en la materia, están circunscritas a ofrecer soluciones pero no concretarlas.

No señor, se requiere acción, comenzando por terminar con el festival de las famosas consultorías, hacer los correctivos en los venenos que se tratan de meter en la cabeza de nuestros educandos, como entre otros, el ya famoso “enfoque de género”.

El tema educativo es mucho más, no solo en el aspecto de la calidad del servicio prestado desde el Estado, en que se tiene que retornar a la meritocracia de los maestros y no solo del alumnado, sino a otros aspectos que son relevantes.

El primero de los aspectos adicionales es el de la infraestructura educativa que se cae a pedazos. Lo último hecho, y bien, fueron las reparaciones y modernizaciones de diversos centros educativos en todo el país, sobre todo en las famosas Unidades Escolares, lo que fue ejecutado en el gobierno de Alan García y su gran colaborador en el Sector José Antonio Chang.

Para mejorar la infraestructura escolar, no necesariamente se requieren más grandes escuelas, sino quizás, como fue antaño, dar varios turnos en los mismos locales, pudiéndose comenzar por el vespertino en adición al diurno. Con ello no se requerirá invertir en nuevos colegios, sino en la práctica solamente en el consumo de luz.

Pero hay otras cosas que también podrían hacerse, como ya lo hemos sugerido en anterior ocasión. Se trata de evitar que nuestros escolares utilicen varias horas en el día para desplazarse desde sus domicilios a los centros escolares y viceversa, lo que los hace perder valiosas horas para hacer tareas y también vida familiar.

Si el Estado sufraga la educación pública, tiene todo el derecho de determinar en que local educacional recibirán clases los alumnos, debiendo ser preferencial los que tengan cerca a sus viviendas y, en esa forma, evitar los largos y costosos trayectos a los que nos hemos referido en el párrafo anterior. Por supuesto que esto tiene excepciones, como podría ser que el hermano o hermanos ya estén en otro centro escolar alejado de su domicilio, en cuyo caso el nuevo estudiante de menor edad, debería ir a la misma escuela que sus hermanos mayores.

Como se puede advertir hay cosas por hacer, pero no se entiende porque no se hacen, ya que no se trata de mayor inversión presupuestal, sino decisión y gestión y que no se pierda más tiempo en idas y venidas, tramitaciones casi perpetuas, informes van y vienen, pero nada de decisiones.

Igual sucede en algo que es clamoroso como el atraso de la población quechua y aimara hablante, que por carecer de vocablos digitales, están condenados a la postración, pese a que se supone hay vocación para tomar decisiones prácticas, pues el sustento legislativo ya se encuentra en el artículo 8.1 de la reciente Ley N° 31893 para el fortalecimiento de la lectura, el cual señala que “El Estado promueve que las personas vulnerables y la población que habla lenguas indígenas u originarias, acceda al libro, a la lectura y a la creación artística y científica en igualdad de oportunidades”. Bueno pues, ya es hora de la acción.