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Por: Arturo Bobbio C. / Políticas públicas que deben tomarse para reforzar la seguridad ciudadana

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Por: Arturo Bobbio C. / Políticas públicas que deben tomarse para reforzar la seguridad ciudadana


Nuestras principales ciudades a nivel nacional tienen una problemática muy parecida, con asuntos recurrentes que debemos solucionar.

El principal de ellos es la inseguridad ciudadana, dilema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades en todos los niveles de gobierno.

El Estado en su conjunto pero sin éxito pretende dar batalla a estos malos ciudadanos y organizaciones criminales amigas de lo ajeno.

Desde las municipalidades distritales se busca apoyar a la Policía Nacional en su importante labor a través del serenazgo.

Los gobiernos provinciales no escatiman esfuerzos en equipar logísticamente algunas comisarias.

Las autoridades regionales a través de sus planes de seguridad ciudadana intentan fortalecer la seguridad y reducir la elevada incidencia delictiva en sus regiones.

El Ministerio del Interior trata de equipar, preparar, capacitar mejor y de manera más veloz a la mayor cantidad de efectivos para que se integren a las tareas de volver a nuestras ciudades seguras, todas estas acciones hasta el momento no han dado resultados, ya que los índices de delincuencia no dejan de aumentar en todo el país.

El Ministerio del Interior es el responsables de este sector, por ello primero debemos enfocarnos en el capital humano, en esos casi 36 mil efectivos que patrullan heroicamente nuestras calles, a quienes les exigimos que luchen por nuestra seguridad pero no velamos por su bienestar, en aquellos policías que tiene un sueldo sumamente austero, un sistema de salud policial de terror y equipamiento pésimo.

Por eso urge cambiar esta situación, dándoles un excelente sistema de salud, un sueldo decoroso y buen equipamiento para que desempeñen su labor.

Solo así tendremos la fortaleza moral para pedirles mayor arrojo, valor y entrega para protegernos de la delincuencia, desde el congreso legislativamente es necesario hacer algunas reformas que permitan la implementación del escalonamiento de penas por reincidencia en el ámbito penal, que la reincidencia en faltas se tipifique como delito, terminando con la impunidad de ladrones carteristas o de celulares que repetitivamente son liberados por el poder judicial porque las normas así lo establecen.

Las cárceles deben dejar de ser centros de entrenamiento criminal, infiernos donde se cometen violaciones y abusos, convirtiéndolas, a través de un cambio normativo penitenciario, en centros industriales de trabajo forzado, debiendo con los ingresos generados por el interno, destinarse una parte para la reparación civil.

Otra parte para la familia del reo y un tercio para solventar su alimentación al interior del recinto penitenciario.

Respecto del equipamiento policial conviene adquirir vehículos menores como motos ya que la mayor incidencia delictiva, es por el delito de raqueteo que es una modalidad de asalto, cometida generalmente en moto, lo que permite que el delincuente huya impunemente entre el tráfico de la ciudad, perseguido por patrulleros que no tienen la misma facilidad de sortear el tránsito como esos vehículos menores, deben remozarse las comisarias incluso invitando al empresariado como se venía haciendo con la asociación de bancos y otras entidades que querían colaborar.

Solo un número suficiente de personal policial, bien entrenados, adecuadamente remunerados, con equipamiento adecuado, con vehículos ligeros que les permitan perseguir a la delincuencia, buenas comisarias, un marco legal de escalonamientos de penas por delitos o faltas cometidas, cárceles que no sean centros de entrenamiento criminal y efectivos bien remunerados y entrenados, traerán seguridad y paz a nuestros hogares, en manos del Ministerio del interior, el congreso y el instituto penitenciario esta esta importante tarea.

 

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ROBERTO SÁNCHEZ REIVINDICA AL AGRO Y LAS REGIONES DESDE TAMBOGRANDE

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ROBERTO SÁNCHEZ REIVINDICA AL AGRO Y LAS REGIONES DESDE TAMBOGRANDE

Tambogrande, Piura. Ante agricultores, dirigentes comunales, ronderos y pobladores de diversos centros poblados de Piura, el candidato presidencial Roberto Sánchez encabezó una cálida concentración en Tambogrande, donde presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la agricultura familiar, reactivar proyectos estratégicos para la región y recuperar el protagonismo de las regiones en las decisiones nacionales.

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que el desarrollo del país debe partir del reconocimiento al papel que cumplen los pequeños productores agrícolas en la seguridad alimentaria nacional. En ese sentido, cuestionó que durante años las políticas públicas hayan favorecido principalmente a los grandes grupos económicos mientras miles de agricultores continúan enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y mercados.

“El Perú no puede seguir dándole la espalda al campo. Los agricultores son quienes garantizan los alimentos de millones de peruanos y merecen ser una prioridad nacional”, señaló.

Uno de los anuncios más destacados fue su compromiso de impulsar la construcción del Hospital de Ayabaca, una obra largamente esperada por la población de la provincia. Sánchez aseguró que este proyecto será considerado una prioridad dentro de un eventual gobierno suyo, con el objetivo de cerrar las brechas históricas en salud que afectan a la sierra piurana.

Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar proyectos estratégicos vinculados a la producción nacional de fertilizantes para reducir los costos de producción agrícola y fortalecer la competitividad de los pequeños productores. En esa línea, destacó la importancia de aprovechar los recursos fosfateros de Piura para impulsar una industria nacional que beneficie directamente al agro peruano.

El líder de Juntos por el Perú también propuso la creación de un verdadero banco de fomento agrario que permita atender las necesidades de los pequeños agricultores, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para acceder a créditos productivos. Según explicó, esta entidad deberá brindar financiamiento oportuno y atender la problemática de la deuda agraria que afecta a miles de familias rurales.

Durante el encuentro, Sánchez defendió la necesidad de impulsar una segunda reforma agraria orientada a la tecnificación, industrialización y modernización del campo peruano, con especial atención a la agricultura familiar y a las economías regionales.

Otro de los temas abordados fue la gestión del recurso hídrico. El candidato señaló que la inversión en infraestructura de riego y almacenamiento de agua será una prioridad para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y enfrentar los efectos del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos que afectan periódicamente a la región Piura.

En el plano político, reiteró su propuesta de recuperar mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas para que todos los jóvenes tengan acceso al derecho a la educación superior, con el objetivo de impulsar reformas democráticas que permitan fortalecer la representación política, ampliar derechos y construir un modelo de desarrollo más inclusivo para las regiones.

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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos

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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos

Organizaciones políticas reciben capacitación sobre entrega de información financiera a la ONPE

Las organizaciones políticas no pueden tener fuentes de financiamiento ilegal y todos sus gastos deben ser reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) junto con comprobantes que los sustenten. Esas fueron algunas de las indicaciones que se brindaron en el taller organizado por dicho ente público el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Lima.

Al evento asistieron tesoreros y contadores integrantes de una de las tres alianzas electorales y de 18 de los 54 partidos políticos que deben presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) 2025, a más tardar, el 1 de julio. La obligación también alcanza a otra alianza electoral y a 95 movimientos regionales que están siendo capacitados al interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE.

Cada Información Financiera Anual (IFA) 2025 debe contener las actividades económicas y financieras desarrolladas por la organización política entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Específicamente, datos de los aportantes y el monto de sus aportes, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, y notas e información complementaria a los estados financieros

Indicaciones para las organizaciones políticas

Las fuentes de financiamiento privado de una organización política pueden ser: aportes en efectivo o en especie, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados.

Se consideran fuentes de financiamiento ilegal las siguientes:

·         Fuentes anónimas. Los aportes no pueden tener un origen desconocido.

·         Personas naturales extranjeras.

·         Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.

·         Personas jurídicas extranjeras con fines de lucro.

·         Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro (excepto cuando sus aportes sean para organizaciones políticas y estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación).

·         Personas naturales de nacionalidad peruana condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez años después de cumplida la condena.

·         Entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o con participación de este.

·         Confesiones religiosas de cualquier denominación.

Forma de presentación de la IFA

·         La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

·         La información se consigna en los formatos aprobados por la ONPE y estos son suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.

·       Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), así como las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Fotos: Flickr ONPE

Lima, 29 de mayo de 2026 

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