Por: Arturo Bobbio C. / Políticas públicas que deben tomarse para reforzar la seguridad ciudadana

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Nuestras principales ciudades a nivel nacional tienen una problemática muy parecida, con asuntos recurrentes que debemos solucionar.

El principal de ellos es la inseguridad ciudadana, dilema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades en todos los niveles de gobierno.

El Estado en su conjunto pero sin éxito pretende dar batalla a estos malos ciudadanos y organizaciones criminales amigas de lo ajeno.

Desde las municipalidades distritales se busca apoyar a la Policía Nacional en su importante labor a través del serenazgo.

Los gobiernos provinciales no escatiman esfuerzos en equipar logísticamente algunas comisarias.

Las autoridades regionales a través de sus planes de seguridad ciudadana intentan fortalecer la seguridad y reducir la elevada incidencia delictiva en sus regiones.

El Ministerio del Interior trata de equipar, preparar, capacitar mejor y de manera más veloz a la mayor cantidad de efectivos para que se integren a las tareas de volver a nuestras ciudades seguras, todas estas acciones hasta el momento no han dado resultados, ya que los índices de delincuencia no dejan de aumentar en todo el país.

El Ministerio del Interior es el responsables de este sector, por ello primero debemos enfocarnos en el capital humano, en esos casi 36 mil efectivos que patrullan heroicamente nuestras calles, a quienes les exigimos que luchen por nuestra seguridad pero no velamos por su bienestar, en aquellos policías que tiene un sueldo sumamente austero, un sistema de salud policial de terror y equipamiento pésimo.

Por eso urge cambiar esta situación, dándoles un excelente sistema de salud, un sueldo decoroso y buen equipamiento para que desempeñen su labor.

Solo así tendremos la fortaleza moral para pedirles mayor arrojo, valor y entrega para protegernos de la delincuencia, desde el congreso legislativamente es necesario hacer algunas reformas que permitan la implementación del escalonamiento de penas por reincidencia en el ámbito penal, que la reincidencia en faltas se tipifique como delito, terminando con la impunidad de ladrones carteristas o de celulares que repetitivamente son liberados por el poder judicial porque las normas así lo establecen.

Las cárceles deben dejar de ser centros de entrenamiento criminal, infiernos donde se cometen violaciones y abusos, convirtiéndolas, a través de un cambio normativo penitenciario, en centros industriales de trabajo forzado, debiendo con los ingresos generados por el interno, destinarse una parte para la reparación civil.

Otra parte para la familia del reo y un tercio para solventar su alimentación al interior del recinto penitenciario.

Respecto del equipamiento policial conviene adquirir vehículos menores como motos ya que la mayor incidencia delictiva, es por el delito de raqueteo que es una modalidad de asalto, cometida generalmente en moto, lo que permite que el delincuente huya impunemente entre el tráfico de la ciudad, perseguido por patrulleros que no tienen la misma facilidad de sortear el tránsito como esos vehículos menores, deben remozarse las comisarias incluso invitando al empresariado como se venía haciendo con la asociación de bancos y otras entidades que querían colaborar.

Solo un número suficiente de personal policial, bien entrenados, adecuadamente remunerados, con equipamiento adecuado, con vehículos ligeros que les permitan perseguir a la delincuencia, buenas comisarias, un marco legal de escalonamientos de penas por delitos o faltas cometidas, cárceles que no sean centros de entrenamiento criminal y efectivos bien remunerados y entrenados, traerán seguridad y paz a nuestros hogares, en manos del Ministerio del interior, el congreso y el instituto penitenciario esta esta importante tarea.

 

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