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Por: César David Gallo Lale // ¿Bien hecho?
Claro que sí, ¡Bien hecho! Esta vez nuevamente hay que resaltar la actitud de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, al tomar la decisión de unir esfuerzos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para luchar contra el delito y crimen organizado, ya que ha anunciado que, desde el 07 del mes en curso se inició una nueva etapa en la lucha contra la inseguridad ciudadana para erradicarla por completo en forma progresiva a través del Orden y la Ley. Es así que se ha comenzado con la ejecución de un Mega Operativo de control de identidad de personas y otros para diferentes delitos que abarcó los cuatro puntos cardinales, inicialmente en la ciudad de Lima que cuenta con más de diez millones de habitantes para lo cual movilizó a más de 450 fiscales y 3,000 policías; incluyendo también contingentes diferentes para las operaciones en otras regiones del país y así ir desbaratando las diferentes organizaciones criminales que imperan en el Perú.
También anunció que estos operativos serán continuados y serán realizados en todo el país y no descansarán hasta capturar y lograr la condena de todos los criminales que mantienen en vilo a nuestra nación enfrentándolos con el orden y la ley en la mano, respetando los derechos fundamentales y garantías del debido proceso. Hizo además un llamado a la unidad de la civilidad, pues todos los peruanos tenemos como objetivo ulterior el bienestar del Perú.
Los peruanos pensamos que este binomio, Ministerio Público y Policía Nacional, debería ser liderado por la Presidenta de la República ya que el problema es más serio de lo que se piensa, pues el país nunca ha enfrentado a bandas de organizaciones criminales extranjeras infiltradas en el Perú que además de impulsar el terrorismo y el narcotráfico y unirse a nuestros connacionales, cuentan con una cantidad excesiva de indocumentados de diferentes países que siguen instrucciones del Comunismo Internacional del Siglo XXI y toda su organización.
Entonces vemos que ya no solo está en riesgo la Seguridad Ciudadana, sino la Seguridad del País como Estado Nación, lo cual es muy grave y por eso tiene que obligatoriamente intervenir el Ejecutivo con su gabinete en pleno y toda la organización de las diferentes entidades del estado, para revertir los problemas conexos a la seguridad ciudadana que tienen paralizado al Perú y que involucran a Organismos Internacionales (ONU, OEA, CIDH), algunos gobiernos de países extranjeros, ONGs, Foros de Sao Paulo, Grupo Puebla, etc., donde tienen que actuar e intervenir, la Presidenta misma, el Primer Ministro, el Canciller de la República, nuestras Embajadas y representantes en diferentes Organismos Internacionales del extranjero, nuestros Ministros y en especial el “Poder Judicial”, etc.
Obviamente la ciudadanía se pregunta, como se resolverá el problema de la captura de los indocumentados y peor si pertenecen a las bandas delictivas ya que solo con los connacionales que caen presos, las cárceles están repletas; vamos o no a retirarnos de la CIDH, quien va a responder a las intervenciones de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros que se inmiscuyen en nuestra política interna (Que hoja de ruta y planteamientos va a seguir el Estado Peruano), cómo y con qué planeamiento se va a enfrentar el problema de los territorios que nos quiere arrebatar Bolivia (Puno, Huancavelica, Apurímac, Moquegua, etc.), cómo se va a tratar el contrabando del oro, el negocio informal de la minería y tala ilegal de árboles entre otros.
Señora presidenta, sobre todos estos problemas que aquejan al país, tiene Usted que tomar el liderazgo y dictar las políticas más adecuadas a seguir para dar solución a este entrampamiento que tiene paralizado al país y especialmente a la inversión nacional y extranjera que va en desmedro de nuestra economía, perjudicando a nuestra sociedad especialmente en salud, trabajo, educación, saneamiento de obras y formal repunte de la minería, agricultura, pesquería, turismo, entre otros.
Los peruanos queremos ver un anuncio esperanzador como el de la Fiscal de la Nación, comunicando al pueblo lo que ha empezado a hacer para controlar y erradicar la Inseguridad Ciudadana, aplicando la Ley y el orden junto a la Policía Nacional con una actitud franca y decidida. Esperamos pronto también los anuncios respectivos de Usted, y su equipo de gobierno en relación a la problemática planteada, para llegar ser verdaderamente un Estado Nación independiente y soberano con una democracia sólida y estable que nos garantice unas elecciones libres y exento de cualquier tipo de fraude para el 2026.
(*) Teniente general FAP en retiro.
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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.
Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.
Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.
En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.
Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP
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INVERSIÓN MINERA REGISTRA UN CRECIMIENTO DEL 43,7 % Y ALCANZA LOS US$ 1,500 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE
El sector consolida un arranque de año favorable impulsado por fuertes desembolsos en infraestructura operativa y plantas de beneficio.
La actividad minera nacional demostró una sólida expansión durante los tres primeros meses del año, acumulando un monto superior en 43,7 % respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2025. Este resultado responde a una intensificación de las inversiones orientadas al desarrollo de infraestructura productiva y la ampliación de capacidades operativas. Al respecto, el último Boletín Estadístico Minero detalló que solo en el mes de marzo la inversión ejecutada en el país totalizó US$ 623 millones, lo que significó un importante crecimiento del 31,4 % en comparación con el mes anterior.
El dinamismo del sector continúa liderado por un grupo reducido de empresas de gran escala que concentran el 40,0 % del total nacional invertido. Southern Peru Copper Corporation se mantuvo a la cabeza con un desembolso acumulado de US$ 188 millones (12,5 % de participación), seguida por Shougang Hierro Perú con US$ 153 millones. Esta última compañía destacó por registrar el mayor incremento relativo entre las principales operaciones mineras del país, alcanzando una expansión del 210,6 % gracias a la ejecución de sus proyectos de desarrollo y expansión operativa.
Fuente: Rumbo Minero
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