Por el presunto delito de lavado de activos, el Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple por ocho meses de prisión preventiva contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky.

La solicitud fue elevada por el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, informó la institución a través de sus redes sociales oficiales.

Según el Ministerio Público, es “investigada por lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos y presentar desbalance patrimonial”.

“Según la acusación fiscal, Widausky habría generado beneficios ilícitos con propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías y Alfredo Vallejo”, señaló la institución.

Nadeska Widausky se encuentra actualmente recluida en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo de Mujeres, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos; luego de que el Poder Judicial le dictara nueve meses de detención preventiva con fines de extradición.

Como se recuerda, en mayo pasado, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Lima a la modelo e influencer, quien tiene una notificación roja de Interpol emitida por la justicia de Bélgica.

De acuerdo a la Policía Nacional, Nadeska Widausky es requerida por la justicia belga por “la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo, robo con violencia o amenaza, ilícitos que contemplan una pena máxima de hasta 20 años de prisión”.

Advierten que las impugnaciones de las agrupaciones políticas amenazan con dilatar aún más la entrega del cómputo oficial definitivo.

Pese al avance sostenido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el procesamiento de los sufragios de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la proclamación del próximo presidente de la República se encuentra en un escenario de total incertidumbre jurídica. El retraso en los resultados definitivos no responde a la velocidad del conteo técnico, sino a la obligatoria auditoría legal de más de 1,500 actas observadas e impugnadas que han sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

La situación adquiere una alta sensibilidad política debido al estrecho margen de diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Expertos en derecho electoral advierten que resolver estos expedientes tomará un mínimo de 14 días, un plazo que podría prolongarse significativamente si las agrupaciones políticas deciden interponer recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tipología de las observaciones y el procedimiento de cotejo técnico

El paquete de actas enviado a la justicia electoral abarca tanto los documentos observados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) debido a fallas operativas, como aquellos impugnados directamente por los personeros partidarios en las mesas de votación. De acuerdo con el marco normativo, las observaciones técnicas responden a criterios específicos que invalidan temporalmente el documento:

• Inconsistencias numéricas y de legibilidad: Discrepancias obvias en las sumas de los votos válidos, nulos y blancos, o grafías ilegibles que impiden identificar la cifra exacta.
• Errores formales: Omisión de las firmas obligatorias de los miembros de mesa o adulteración visible de las actas de escrutinio.

El procedimiento de subsanación exige que cada JEE analice de forma individual cada expediente mediante un cotejo minucioso con el ejemplar original de la ONPE. Si las inconsistencias son estrictamente matemáticas, la ley permite un recuento pormenorizado con la presencia de los personeros de ambas fuerzas políticas, una labor metodológica que descarta cualquier resolución inmediata.

Votos en reserva y el impacto en la representatividad electoral

La relevancia de este bloqueo administrativo radica en el volumen de sufragios que permanecen congelados fuera del sistema oficial. Considerando que cada acta electoral concentra un promedio de 300 electores, las proyecciones estadísticas arrojan que existen más de 450,000 votos pendientes de incorporación en el resultado general.

Esta cifra supera ampliamente la diferencia matemática actual entre Fujimori y Sánchez, lo que convierte a la resolución de los Jurados Electorales Especiales en el factor definitivo para la adjudicación del cargo presidencial. Especialistas de la judicatura electoral reiteraron que el sistema de justicia electoral priorizará la exhaustividad legal sobre la celeridad para garantizar la transparencia del proceso.