Según información del IPE, la región enfrenta menor inversión en seguridad mientras los delitos se mantienen por encima de niveles históricos.

El presupuesto destinado a seguridad ciudadana en Piura se redujo en 25 % para 2026, al pasar de S/86 millones a S/64 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La mayor caída se registra en los gobiernos locales, cuyo presupuesto se contrajo de S/45 millones a S/22 millones, en un contexto en el que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

“Las denuncias por extorsión se redujeron de 19 a 10 por cada 100 mil habitantes, pero siguen siendo hasta nueve veces mayores que en 2019”, advierte el informe del IPE.  Además, señala que en 2025 se superaron los 130 casos por cada 100 mil habitantes, lo que posicionó a Piura entre las regiones con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.

El estudio también alerta sobre el avance de la minería ilegal: “En 2025 se registraron 62 denuncias por delitos vinculados a esta actividad, 44 % más que en 2024”, precisa. La provincia de Sullana concentra cerca de la mitad de estos casos. A esto se suma una limitada capacidad operativa: Piura cuenta con 134 policías por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 155, lo que dificulta la respuesta frente a la criminalidad.

En materia de gestión, el IPE advierte que solo 9 de los 65 distritos de Piura cuentan con planes de seguridad actualizados y que el patrullaje integrado apenas alcanza al 58 % de las jurisdicciones. Frente a este panorama, el instituto plantea reforzar la coordinación entre autoridades y mejorar la asignación de recursos para enfrentar de manera más efectiva el avance del delito.

Fuente: Instituto Peruano de Economía

Por tercer año consecutivo, los desembolsos en proyectos de transporte ferroviario, aeroportuario y portuario superarán el umbral de los US$ 1,000 millones.

La inversión en infraestructura bajo el esquema de concesiones mantiene una tendencia positiva y se proyecta que cierre el presente año con un desembolso superior a los US$ 1,300 millones. Según un reporte de Scotiabank, este dinamismo estará liderado principalmente por el sector ferroviario, con una ejecución estimada de US$ 550 millones centrada en los avances de la Línea 2 del Metro de Lima. A este sector le sigue la infraestructura aeroportuaria, que inyectará poco más de US$ 460 millones, principalmente por los trabajos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras que los terminales portuarios recibirán más de US$ 160 millones.

El reporte destaca que el primer bimestre de 2026 ha registrado una ejecución de US$ 198 millones en infraestructura de transporte, consolidándose como el inicio de año más activo en el último periodo. En cuanto a la infraestructura vial, la entidad financiera proyecta un aporte superior a los US$ 130 millones, cifra alineada con el promedio de inversión de los últimos cuatro años. Este desempeño se sustenta en el reconocimiento de hitos constructivos en obras emblemáticas como la IIRSA Sur, Tramo 4, que permiten mantener el ritmo de desembolsos en un sector clave para la conectividad nacional.

A pesar de las proyecciones optimistas, el informe subraya que el monto final de la inversión podría incrementarse ante posibles nuevos anuncios. La continuidad de estos proyectos es vital para consolidar la competitividad logística del país en un entorno de alta demanda. Con este tercer año consecutivo superando la barrera de los US$ 1,000 millones, el sector privado reafirma su papel como motor de la infraestructura pública, aunque analistas observan que el cumplimiento de los cronogramas dependerá estrictamente de la estabilidad regulatoria y la gestión eficiente de los contratos vigentes.

Fuente: Perú 21