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Consorcio ganó millonario contrato con el Estado falsificando documentos y no es sancionada – Señal Alternativa

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El consorcio conformado por las empresas Morgan del Oriente SAC y Arsenal Security SAC, a pesar de haber sido sancionadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al parecer tienen la suerte de adjudicarse contratos millonarios con el Estado, como pasa en muchos casos.

Cuestionados certificados

El OSCE inició un procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Morgan del Oriente S.A.C y Arsenal Security S.A.C. por haber presentado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, certificados de evaluaciones médicas ocupacionales FALSOS.

En la investigación, se remitió la Carta N° 610-2020-JUS/OGA-OAB con la que se solicitó a la empresa SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES FAMISALUD S.A.C, presunto emisor de los certificados, que informe si el personal presentado fue evaluado por ellos, obteniendo como respuesta el 11 de setiembre de 2020, que este último no habría atendido a ningún trabajador de la empresa Morgan, ni ha emitido resultado de evaluación médica ocupacional alguno, por lo que niega y rechaza enfáticamente cualquier expediente médico adulterado y falso que ponga en riesgo a su institución.

También se consultó al médico, Carlos Alberto Saavedra Leveau, quien aparentemente firmó dichos documentos, el mismo que manifestó tajantemente que las firmas y sello consignados en los mismos no le corresponden, por lo que su identidad habría sido vilmente suplantada.

Cambio de versión

Iniciado el procedimiento administrativo sancionador por el OSCE, la empresa Servicios Médicos Integrales Famisalud S.A.C., curiosamente cambia de versión y, contradictoriamente, acepta haber emitido los certificados que en su momento negó rotundamente. Sin embargo, el médico Carlos Alberto Saavedra Leveau, se mantuvo firme en su posición, ratificando la falsedad de la firma y sello que figuran en los certificados, así como la existencia de los mismos. 

Esta circunstancia llevó a que el OSCE sancionara indefinida y temporalmente a las empresas Morgan del Oriente S.A.C y Arsenal Security S.A.C., mediante la Resolución N° 2618-2022-TCE-S2, confirmándose con la Resolución N° 3153- 2022-TCE-S2.

Para continuar contratando con el Estado, las citadas empresas interpusieron una demanda de amparo contra el OSCE en el Poder Judicial, el mismo que fue resuelto de manera rápida y favorable para ellas. Es así que, el 9° Juzgado Constitucional de Lima le ordena al organismo que emita un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta sus recomendaciones, el OSCE acató el mandato judicial, emitiendo la Resolución Nº 4272-2023-TCE-S2 en la que nuevamente emite la sanción de inhabilitación contra Morgan del Oriente S.A.C y Arsenal Security S.A.C.

El PJ no se quedó de brazos cruzados. En su novedoso rol sorprendentemente garantista y azuzado por las citadas empresas, le volvió a enmendar la plana al OSCE, pidiéndole que emita un nuevo pronunciamiento. Aquí ocurre un hecho sorprendente: luego de que el médico Carlos Alberto Saavedra Leveau afirmó en más de tres ocasiones que no firmó los cuestionados certificados, luego se retracta, indicando que:

“al revisar nuevamente estos exámenes médicos ocupacionales pude comprobar que efectivamente sí realicé esta evaluación conjuntamente con el psicólogo José Carlos Cárcamo Ávalos, por lo que en honor a la verdad y a fin de rectificar mi escrito de fecha 27 de julio de 2022, manifiesto que estos documentos son veraces”.

Sospecha

Por lo tanto, el OSCE retrocedió y decidió no imponer sanciones contras estas empresas y permitirles seguir contratando con el Estado, sin considerar el repentino cambio de posición del médico Saavedra Leveau, y omitió llevar adelante mayores diligencias para confirmar la veracidad de la declaración del galeno. También, no cumplió con emitir en el portal institucional su Resolución 4801-2023, y para enmendar tuvo que hacerlo luego de tres meses.

Ante este panorama, el OSCE debió consultar, mínimamente, a la Notaría que diligenció la carta que contiene el cambio si realmente fue el médico quien gestionó en su despacho, la referida carta, toda vez que la identidad del mismo no ha sido indudablemente acreditada. Sin embargo, el ente confió ciegamente en el documento remitido, disponiendo que el Ministerio Público abra una investigación penal contra el médico Carlos Saavedra Leveau, por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

OSCE debe responder

Esta situación que se torna cada vez más oscura, nos genera las siguientes preguntas:

¿Por qué el OSCE, caracterizado por sus posturas draconianas contra los contratistas, no cuestionó el documento con el que el médico cambió una postura que ratificó hasta en tres oportunidades en un mismo procedimiento administrativo? Esta inoperancia y omisión de funciones es alarmante y el OCI de la entidad tendrá que tomar cartas en el asunto.

¿Es posible que el médico, Carlos Alberto Saavedra Leveau, incurra en dichas imprecisiones faltando a la verdad y la transparencia que podrían constituir un grave delito contra la fe pública? El Colegio Médico debería abrir una investigación disciplinaria de inmediato para esclarecer lo sucedido.

¿Puede una empresa deberle más de 90 millones al Estado y, por otro lado, facturar millones de soles con diversas entidades del sector público, sin pagar ni un sol de su deuda?

Fuera de juego

Fuentes confirman que el médico mantiene su postura de haber sido suplantado y toma acciones legales contra los responsables. Además, el ex accionista de Morgan del Oriente S.A.C Carlos José Trisolini Tueros ha sido condenado en primera y segunda instancia por delitos de Defraudación Tributaria Gravada (Exp. N° 4290-2010-0), por la obtención indebida de crédito fiscal y deducción de gatos falsos. Se le impuso una Pena Privativa de la libertad de cinco años, y lo condenó al pago de una multa millonaria.

Fuente: Diario UNO



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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