Representantes buscan reunirse con el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, para que la PNP continúe las acciones contra la minería ilegal.
Luego de la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 7278, que deroga el Decreto Legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización, los gremios empresariales se pronunciaron y solicitaron al Poder Ejecutivo que observe la norma, pues favorece a la minería ilegal. Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, mostró su preocupación por la derogación en el Congreso de una norma que había sido impulsada por el Gobierno para frenar el avance de la minería ilegal.
“Los impactos que genera la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39% del oro que exportamos proviene de la minería ilegal y en esa ruta se dejan de pagar impuestos que podrían servir para reducir brechas sociales. Representa también una pérdida del 2.5 % del PBI”, manifestó. Asimismo, refirió que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera tiene más del 83 % de inscritos con condición de suspendidos.
Sobre el pedido al Ejecutivo, Leonie Roca, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, indicó que, como gremios, esperan que el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal. “Creo que sensibilizando a la población acerca de la seriedad que implica para el país convertirse en una república donde no hay ley, donde no hay orden, donde le quitan competencias a la Policía y cualquiera puede comprar explosivos, confiamos en que eso se revierta de inmediato», sostuvo.
