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Lima Norte

identifican responsabilidades en más de 3,500 funcionarios y servidores públicos en el año 2021 – Señal Alternativa

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Durante el año 2021. En los informes de control posterior

El Contralor General, Nelson Shack, reveló que se ha identificado a un total de 3,547 funcionarios y servidores públicos (únicos) con algún tipo de presunta responsabilidad (penal, civil y/o administrativa) en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año, a nivel nacional. Algunas de estas personas, tienen más de un tipo de responsabilidad.

Shack Yalta indicó que cuando se identifica presunta responsabilidad penal y/o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes (Poder Judicial o Ministerio Público).

Sin embargo, explicó que, debido a la actual sobrecarga procesal, quienes cometieron presuntos delitos de corrupción o diversidad de inconductas funcionales ocasionando un serio perjuicio económico al Estado, y continúan en sus puestos o no reciben una sanción oportuna, incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.

Aclaró que la Contraloría General ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, recién a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.

Subrayó que la sanción administrativa que se aplica como consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se realiza en forma independiente de las acciones legales que puede iniciar en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.

Indicó que, a partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurren en inconducta funcional con la finalidad de separarlos temporalmente del Estado para que no sigan haciendo daño y ocasionando un perjuicio al Estado.

Shack Yalta brindó estas declaraciones durante la reunión que sostuvo con el Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente García; los congresistas del Cusco, Ruth Luque, Kathy Ugarte y Luis Aragón; así como también con los consejeros regionales de Cusco; con quienes se reunió a fin de informar sobre las acciones de control en marcha y evaluar la ejecución de las obras y servicios públicos, en beneficio de la ciudadanía cusqueña.

Megaoperativo de control en Cusco

El Contralor General anunció que en marzo próximo se desplegarán a Cusco cientos de auditores provenientes de distintas regiones para ejecutar un Megaoperativo de Control con enfoque territorial, donde evaluarán la contratación de obras, provisión de bienes y prestación de servicios de mayor impacto social y económico, los cuales preocupan a la población.

Recordó que el departamento del Cusco maneja un presupuesto de 7,500 millones de soles anuales en promedio, para los cuales solo se cuenta con alrededor de cien auditores en la Gerencia Regional de Control Cusco, por lo que resulta necesario realizar una intervención de esta magnitud.

Retraso en la Vía Expresa del Cusco

En la víspera, Shack Yalta supervisó la obra Vía Expresa del Cusco, importante megaproyecto de la región donde se invierte más de S/ 289 millones y donde se está realizando un servicio de control concurrente a cargo de una comisión de control proveniente de Lima.

Informó que esta obra registra un avance del 15% cuando debería estar en un 20% de ejecución. Además, se están detectando interferencias en el tramo de la obra, los cuales no fueron considerados en su totalidad en el expediente técnico. Este hecho, sino se toman oportunamente las medidas pertinentes, podría generar un retraso de dos a tres meses, calculó. 

Reunión con la cadena anticorrupción

Como parte de la jornada de supervisión y control denominada Despacho Contralor, se reunió con las autoridades que conforman la cadena anticorrupción en Cusco para coordinar acciones estratégicas que puedan implementar en forma conjunta para optimizar sus resultados.

En dicha reunión de trabajo participaron la titular de la Corte Superior de Justicia, Yenny Delgado Aybar; el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Carlos Pérez Sánchez; el Jefe de Inteligencia de la Séptima Macro Región Policial, Cnel. PNP. Antonio Loreño Beltrán, la Jefa de la Oficina Defensorial, Rosa Santa Cruz Córdova; y la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Erika Blanco Lucana. Además, la Gerente Regional de Control Cusco, Smith Flores Vásquez.



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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