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Promulgan ley que regula pago oportuno de facturas a mypes para dinamizar PBI – Señal Alternativa

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Empresas compradoras tendrán 30 días para cancelar estos documentos

El Gobierno promulgó la ley que regula el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas del sector privado y público a fin de impulsar el dinamismo de la economía vía la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a los micros y pequeñas empresas (mypes).

La medida se dispuso Ley 31362: Ley de pago de facturas Mype a 30 días, publicada en Normas Legales.

Se establece que las disposiciones de la presente ley comprenden a las mypes, definidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el decreto supremo (DS) 013-2013 del Ministerio de la Producción (Produce) y modificatorias.

Emisión y aceptación

Se determina que en el momento que se apruebe la conformidad del bien entregado o servicio prestado, el proveedor emite la factura o recibo por honorarios correspondiente.

Se fija que la empresa privada o entidad pública adquiriente del bien o servicio tiene un plazo de ocho días calendario contados a partir de la recepción del bien o servicio, para otorgar la conformidad de acuerdo con lo establecido en la orden de compra, contrato o términos de referencia u otro documento que acredite la adquisición.

La conformidad del bien o servicio entregado debe constar por escrito mediante el cargo correspondiente.

Plazo de facturas

Se dispone que el pago del monto total de las facturas o recibos por honorarios emitidos por el proveedor de un bien o servicio deberá ser cancelado de forma efectiva en un plazo máximo de hasta 30 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión.

Se establece que en caso de que se hubiera acordado realizar el pago en cuotas, deben indicarse las fechas respectivas de pago de cada una de ellas, tomando en cuenta que la primera cuota se paga como máximo dentro de los 30 días calendario a la presentación de la factura o recibo por honorarios.

Se fija que excepcionalmente, el proveedor y el adquirente del bien o usuario del servicio pueden establecer, de común acuerdo, un plazo distinto al que se refieren los párrafos anteriores, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran en él y no constituya abuso para el proveedor de bienes o servicios.

Intereses moratorios

Se determina que de no realizarse el pago de la factura o recibo por honorarios dentro del plazo señalado en los párrafos precedentes, el acreedor incurrirá en mora, devengándose desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago.

Se establece que la tasa de interés moratoria será calculada de acuerdo con los criterios establecidos por el Banco Central de Reserva (BCR) y los procedimientos correspondientes serán establecidos de acuerdo con el reglamento.

Contrataciones estatales

Se dispone que en el caso de procesos de contratación en instituciones públicas que se realizan dentro del marco del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 30255, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el DS 082-2019-EF, y del reglamento de la Ley 30255, aprobado por el DS 344-2018-EF, las disposiciones de la presente ley son aplicables siempre que sean más favorables para las mypes o proveedores del Estado en general.

Plazo de adaptación

Se fija además, que por un periodo de 180 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el pago del monto de las facturas o recibos por honorarios, en el caso de las empresas privadas, se podrá realizar en un plazo máximo de 60 días calendarios.

Se determina que mediante DS refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas reglamentarias y complementarias para la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de 90 días a partir de mañana.  

Fuente: Andina



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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