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Lima Norte

Gracias al trabajo de ASPREN, APCE y Asociaciones de Prensa de las Limas, Pleno aprobó modificatoria de ley de publicidad estatal

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Durante muchos años la Ley de la Publicidad Estatal, estuvo diseñada solo para medios denominados grandes, cuando el gran sector de los propietarios de medios de comunicación, nunca recibieron nada.

Han pasado muchos gobiernos, así como congresistas sin embargo, nunca tuvieron la iniciativa de aprobar el Dictamen que modifica la Ley N° 28874, Ley de Publicidad Estatal.

Sin embargo los medios llamados alternativos, siempre han  estado rezagados a su suerte, sin que ninguna institución periodística se preocupe por presentar la iniciativa a diferentes congresistas con la finalidad que aprueben el dictamen que modifica la Ley de Publicidad Estatal.

ASPREN PRESENTA  INICIATIVA A COMISION DE TRANSPORTES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

El Consejo Directivo de la Asociación de Comunicadores de Prensa Nacional (ASPREN), que preside Aldo Torres Fierro, aprobó por mayoría reunirse con las directivas de  las asociaciones de propietarios de prensa de las Limas,  con la finalidad de presentar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, que preside el congresista Simeón Hurtado, la iniciativa con la finalidad que se apruebe el dictamen que modifica la Ley de Publicidad Estatal.

Las  reuniones fueron fructíferas con las directivas de  las asociaciones de propietarios de prensa de las Limas, que de inmediato se pusieron a trabajar y presentaron la documentación respectiva a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, y al lapso de unos días la Comisión aprobó la iniciativa con la finalidad que el Pleno del Congreso pueda aprobar la modificatoria de la publicidad estatal.

Sin embargo transcurrieron 9 meses, sin que la presidenta del Congreso, entregue respuesta a las cartas enviadas por el presidente de ASPREN, Aldo Torres Fierro, asi como las directivas de  las asociaciones de propietarios de prensa de las Limas.

Pleno aprobó modificación de ley de publicidad estatal

Hoy viernes 2 de julio 2021, será día histórico para la prensa nacional porque gracias al gran trabajo de ASPREN y las asociaciones de prensa de las Limas el pleno del Congreso de la República aprobó, en su sesión virtual de los proyectos de ley que proponen modificar la ley de publicidad estatal que favorece a toda la prensa nacional.

La votación fue  con 88 votos a favor, y exonerando la segunda votación, la representación nacional admitió el texto sustitutorio modifica los artículos 2, 3, 4 y 5 referidos a la ley de publicidad estatal. Esta norma indica que las entidades del Estado que contraten con privados tendrán que darle prioridad a los medios de distritos, provincias y regionescon una programación local no menor de un 50%.

De esta manera el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 5840, que regula la Ley de Publicidad Estatal.

Por otro lado la Norma refiere “Las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados deberán priorizar a aquellos medios que operan en los distritos, provincias y regiones con una programación local no menos de un 50 %”.

Sin embargo los periodistas y comunicadores de ASPREN, asi como de las asociaciones de prensa de las Limas, nos quedamos con lo que señalo a un inicio de las reuniones el Congresista Simeón Hurtado “Es un tema que nadie lo tocaba, porque es un tema de relevancia nacional, y nosotros lo hemos tocado porque creemos que es justo y que aquí no debe de haber discriminación”.

Finalmente, si bien es cierto que el Pleno del Congreso, ha aprobado la modificación de la ley estatal sin embargo todavía falta la firma del Ejecutivo mejor dicho del Presidente de la República, Francisco Sagasti, esperamos firme esta modificatoria de ley antes que concluya su mandato.

Escribe: Luis Llumpo Ch.

LA NOTICIA RENOVADA

En su programa político EL QUE SE PICA PIERDE



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Lima Norte

Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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