La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.
Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.
No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.
Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.
Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.
Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.
Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.
Fuente: Editorial de El Comercio
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