La violación sexual contra menores no está siendo tratada con la urgencia ni la seriedad que amerita.

El mes pasado, una bebe de menos de un año ingresó al hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, con lesiones graves en los genitales que a la postre le costarían la vida. Su muerte desencadenaría una respuesta de las autoridades para dar con el responsable que terminaría por destapar otro horror: el asesino era su padre, Juan Carlos Peralta Chanca, de 18 años, que había violado también a su madre cuando esta tenía 14 años y a la que la policía encontró en el domicilio en el que ambos convivían –y en el que la bebe habría sido abusada– con evidentes signos de violencia doméstica.

Casos como este son una constante en un país en el que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibió la escalofriante cantidad de 10.191 alertas por violencia sexual contra menores de edad solo entre enero y junio de este año. Según un informe de nuestra Unidad de Periodismo de Datos (ECData) publicado ayer, además, los presos por violación sexual contra menores de edad explican el 11,78% de nuestra población penitenciaria (10.742) y constituyen la segunda causa de reclusión en el país, solo por detrás de los reos por robo agravado. Esto, por supuesto, hablando de los episodios en los que se logra dar con el culpable, pues en un grueso de casos los perpetradores de estas abyecciones no solo no son atrapados, sino que ni siquiera son denunciados por las víctimas o su entorno.

En mayo, por ejemplo, este Diario informó sobre Luis Ipanaqué Lucero, de 53 años, señalado de haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años desde que ella tenía 7, y cuyo caso salió a la luz solamente a raíz del embarazo de riesgo que sufrió esta y que obligó a que fuera intervenida de emergencia en un hospital de la capital. Días antes, ECData había revelado la pasmosa situación de las 877 denuncias por violencia sexual en escuelas del país recibidas por el portal SíSeVe del Ministerio de Educación entre el 2016 y el 2022 que habían excedido el plazo legal (de 90 días como máximo) con el que las autoridades cuentan para resolverlos. En el colmo de la desidia, al menos tres de estas denuncias llevaban siete años sin resolverse. Todo un ejemplo de inoperancia.

A pesar de este recuento de cifras y de las noticias sobre abusos sexuales contra menores de edad que aparecen prácticamente todos los meses en los medios de comunicación, la presidenta Dina Boluarte no dedicó una sola línea a esta problemática en su extenso mensaje a la nación por Fiestas Patrias del pasado viernes. La omisión es simplemente inentendible. Así como lo es también la ausencia de medidas en su discurso para enfrentar la violencia de género y, en particular, los cruentos feminicidios que este año ya suman 79 y 133 tentativas.

Pero no es solo el Gobierno el que parece haberse olvidado de este flagelo. En los últimos años, de hecho, integrantes de la clase política peruana, independientemente de su ideología, han respondido ante los episodios más mediáticos de violencia sexual contra menores abogando por el endurecimiento de las penas (enarbolando, por ejemplo, la bandera de la pena de muerte) o por medidas estridentes, pero de dudosa efectividad, como la castración química, en lugar de poner el foco en la prevención a través del enfoque de género, que ha sido, muy por el contrario, menoscabado desde diferentes espacios institucionales.

Viene siendo hora de que las autoridades entiendan que la violación sexual contra menores es un problema estructural en nuestro país que merece ser enfrentado con toda la fuerza posible y de manera urgente. No a través de medidas efectistas o punitivas, que pueden granjearles algunos aplausos, pero que no solucionarán el problema en el largo plazo y solo seguirán ampliando el número de reos en las cárceles peruanas. No podemos seguir dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes a merced del horror, uno que, cuando no acaba físicamente con sus vidas, los marca para el resto de estas.

Fuente: El Comercio – Editorial