La presidenta ejecutiva interina, Hilda Sandoval, ordenó transferir los recursos a las redes asistenciales del país, en medio de un proceso de reorganización que el ministro de Trabajo describe como una recuperación desde «cuidados intensivos».

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Hilda Sandoval Cornejo, dispuso que este viernes 28 de agosto se transfieran a las redes asistenciales de todo el país los recursos necesarios para pagar facturas pendientes correspondientes al periodo de enero a marzo de este año. Según un comunicado de la institución, el Seguro Social de Salud desembolsará S/83.8 millones para atender estas obligaciones, como parte de un proceso de ordenamiento de sus cuentas institucionales. La ejecución oportuna de los pagos quedará bajo responsabilidad de cada red asistencial.

Del monto total, S/60 millones se destinarán a subsidios pendientes por lactancia, maternidad, incapacidad temporal para el trabajo y sepelio, mientras que los S/23.8 millones restantes corresponden al pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a exservidores del régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276.

El anuncio se da en medio de la reorganización que impulsa el Ministerio de Trabajo tras encontrar una deuda de S/2900 millones con proveedores, de los cuales S/1700 millones ya fueron reconocidos por la institución mientras esperan pago. El ministro Juan Sheput ha calificado el avance de la nueva gestión en términos positivo. «Ya está saliendo de cuidados intensivos, está estable y está mejorando», señaló. El funcionario también cuestionó la falta de compras en meses previos. «Durante ocho meses anteriores al mes de junio no se compraba nada en EsSalud, eso es terrible», remarcó, y pidió que ese periodo sea investigado por la Fiscalía y la Contraloría.

Fuente: Gestión

El Ejecutivo también solicitará al Congreso facultades legislativas para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en penales y fronteras, mientras persisten los ataques armados vinculados a la extorsión en el transporte.

Ante el vencimiento de la prórroga anterior, el Gobierno oficializó una nueva declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, vigente por 60 días calendario mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM. La medida permite que la Policía Nacional determine, con apoyo de las Fuerzas Armadas, las zonas de intervención prioritarias a partir de mapas del delito, estadísticas e información de inteligencia, y habilita restringir derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.

El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que la renovación busca dar continuidad al trabajo conjunto que vienen realizando ambas instituciones. «Es una nueva zona declarada en estado de emergencia en Lima y Callao para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas continúen con sus labores diarias”, señaló. El funcionario adelantó, además, que el Ejecutivo enviará al Congreso un pedido de facultades legislativas que busca reforzar la presencia militar en penales y fronteras, con el objetivo de frenar las comunicaciones ilícitas y las extorsiones que se coordinan desde los centros de reclusión.

Sobre el rol actual de las Fuerzas Armadas, Astudillo remarcó su participación en el resguardo del transporte, uno de los sectores más golpeados por la extorsión. «Las Fuerzas Armadas ahora mismo ustedes pueden ver que están apoyando a nuestra Policía Nacional en todo lo relacionado a seguridad, particularmente en el transporte”, afirmó. La medida se da mientras persisten los ataques armados en la capital, entre ellos el asesinato de un joven de 19 años a balazos en el Callao, ocurrido horas antes del anuncio.

Fuente: El Comercio