El pescador artesanal Alejandro Huaroto se encontraba en la playa Bahía Blanca, en Ventanilla (Callao), cuando el color del mar cambió a negro. Se dirigía en su kayak (canoa de pesca) a una buena zona para realizar la actividad que le apasiona desde los 12 años y era su sustento.

El olor raro que empezó a notar con más intensidad y la dificultad que sentía al remar presagiaban malas noticias. Con mucho esfuerzo, debido a los mareos que lo afectaron en el trayecto, logró salir y, al acercarse a un salvavidas, se enteró lo sucedido: hubo un derrame de petróleo.

Tragedia sin respuestas

Un día antes de esa mañana, exactamente el 15 de enero del 2021, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), 11,900 barriles de petróleo terminaron en el mar luego de que se rompiera la estructura del buque petrolero Mare Doricum, de donde estaba siendo transportado el crudo hacia la refinería La Pampilla, de la empresa española Repsol.

Hoy, al cumplirse un año del desastre ecológico que afectó 48 playas del litoral, acabó con la vida de cientos de especies de la fauna marina, y perjudicó a más de 20 mil ciudadanos, sobre todo pescadores, las manchas negras en la arena y el mar ya no son tan visibles, pero las consecuencias que dejó aún perduran.

Para el vicepresidente de Oceana Perú, Daniel Olivares, una de las secuelas más urgentes afecta a la población cuyo trabajo depende del mar y de las actividades en la playa, como pescadores, dueños de restaurantes, comerciantes, etc.

Pese a que estamos en plena temporada de verano, en la que obtienen más ganancias para sus familias, no han podido retomar sus labores por la falta de información actualizada sobre el estado del mar, las especies marinas y las condiciones de salubridad de las playas.

Sin embargo, señala Olivares, las evaluaciones hechas por algunas instituciones del Estado, obligadas a brindar respuestas, no son recientes, mientras que otras permanecen en silencio.

Es el caso de Imarpe (Instituto del Mar del Perú), que debe asegurar que la pesca en toda la zona contaminada se puede desarrollar de forma segura; también del Oefa, cuyo visto bueno es necesario para reabrir las playas.

“Más allá de todos los estudios privados que está sacando Repsol y en los que se dice que todo está limpio, el Estado peruano no está diciendo que está limpio y es el único que puede decirlo, pero eso es algo que no tenemos”, refiere.

Futuro incierto

“Lo peor de todo es la incertidumbre”, agrega Olivares, en base a cómo se sienten, por ejemplo, los pescadores. Alejandro y su amigo de labores, Marco Alcántara, lo confirman.

Aunque las historias de ambos difieren pues el primero no aceptó la indemnización económica dada por Repsol y se ha solventado con sus ahorros, y el segundo sí lo hizo para comprarse una mototaxi y reinventarse, ellos comparten esa sensación de no saber cuándo volverán a su rutina de antes, esa que transcurría en el mar.

Otro aspecto clave en el que el Estado debería estar incidiendo, según Olivares, es que Repsol cumpla con aplicar los planes de remediación para que la zona dañada vuelva, en lo posible, a tener las mismas condiciones que antes del derrame.

Más aún, añade, considerando los antecedentes de la empresa: que no dio aviso oportuno de la magnitud de la tragedia ambiental, no la atendió a tiempo ni siguiendo un plan, negó tener responsabilidad y, ahora, impugna las multas impuestas por sus infracciones.

Por: Grecia Llanos