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Lima Sur

a un año del desastre ambiental en la costa peruana, se demanda acción articulada y continua por parte del Estado –

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  • Recientes monitoreos evidencian afectaciones por hidrocarburos, no obstante se encuentran pendiente los resultados definitivos.

A un año del derrame de cerca de 12 000 barriles de petróleo en el Terminal Multiboyas n.º 2 de la refinería La Pampilla, que afectó más de 11 000 hectáreas y a más de 10 000 familias, la Defensoría del Pueblo pide al Estado una acción articulada y continua, que también incorpore medidas en el mediano y largo plazo, por parte de las entidades competentes para atender los impactos ambientales y sociales, sin perjuicio de las obligaciones de la empresa Refinería La Pampilla S. A. A.

Así lo señaló la institución tras advertir que, en octubre último, se produjo el vencimiento de la declaratoria de emergencia ambiental, sin que a la fecha se cuente con un plan de manejo de mediano y largo plazo que permita dar continuidad a las labores en forma planificada y articulada entre las distintas entidades, considerando que en dicho mes el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados por hidrocarburos.

“Se requieren realizar monitoreos y estudios permanentes a las zonas afectadas, lo cual permitirá adoptar medidas inmediatas para proteger el ambiente y la salud, más aún cuando estamos en temporada de verano y de oleajes anómalos”, señaló Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, tras recordar que se encuentra pendiente que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) realice evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para playas de uso recreacional, teniendo en cuenta que 25 playas de uso recreacional fueron afectadas.

Vásquez también recordó la importancia de concluir los estudios que permitan conocer los reales impactos y riesgos respecto a la actividad pesquera y a los recursos hidrobiológicos, que permitan al Ministerio de la Producción y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) evaluar y, de ser el caso, disponer las medidas que correspondan para proteger el derecho a la salud de la población.

Otro reto pendiente está referido a las compensaciones justas a más de 10 000 personas (pescadores y personas dedicadas a negocios vinculados a la actividad marítima) que resultaron afectadas directa e indirectamente por el derrame. Al respecto, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad ha señalado la necesidad de acelerar las negociaciones, y viene atendiendo las solicitudes de diversas asociaciones de afectados, en virtud de las cuales viene acompañando los procesos de negociación. En este aspecto, la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que las partes respeten el principio de buena fe y transparencia.

Finalmente, la institución señala que, desde hace seis años, viene alertando respecto de la necesidad de mejorar el marco normativo para una adecuada atención de los impactos sociales producidos en el contexto de emergencias ambientales, y aún se encuentran pendiente de cumplimiento las recomendaciones formuladas al respecto. Asimismo, sostiene que se requiere mejorar el marco normativo que regula las declaratorias de emergencia ambiental, a fin de lograr una adecuada articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, entre otros.

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Actualidad

Municipalidad de Chorrillos y ATU advierten sobre combis informales en el Morro Solar

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El municipio advierte la existencia de ‘colectivos’ que trasladan pasajeros y bicicletas hasta la cima del morro. La ATU afirma que no cuentan con autorización para realizar el servicio de transporte ni tienen las condiciones adecuadas. El Comercio verificó que algunas combis arrastran papeletas y sus choferes han sido multados. Los ciclistas, por su parte, piden que se escuche su postura para encontrar una solución.

Más que un mirador natural con vistas privilegiadas de la costa del Pacífico, el Morro Solar de Chorrillos es un espacio emblemático declarado zona histórica intangible e integrante del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. También es uno de los destinos favoritos para la práctica del ciclismo de montaña y downhill. Hoy, sin embargo, es escenario de una controversia entre la municipalidad distrital y un grupo de deportistas, debido al ingreso de combis que ofrecen subir bicicletas y ciclistas hasta la cima del morro.

Transporte informal en zona protegida

De acuerdo a la Municipalidad de Chorrillos, estas combis operan como colectivos informales, cobrando entre S/7 y S/8 por viaje, sin tener permiso alguno de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Además, se ha alertado que circulan sin SOAT para pasajeros, sin revisión técnica vigente, y transportan hasta 12 personas con bicicletas en el interior.

El municipio recuerda que, según la Ordenanza Municipal N.º 332‑2018, la vía que sube al Morro Solar solo puede ser utilizada por vehículos autorizados con fines de mantenimiento. Ingresar sin autorización constituye una infracción grave que puede ser sancionada con una multa de S/5,350 y la retención del vehículo.

Operativos y antecedentes

Durante recientes intervenciones, la ATU y la Policía Nacional calificaron este tipo de traslado como un servicio informal y fuera de la normativa vigente. Según verificó El Comercio, algunas de las combis involucradas —como las de placas AUL‑338 y W2K‑065— tienen multas previas por circular en sentido contrario, no pasar la revisión técnica o brindar transporte sin autorización. Incluso figuran papeletas impagas.

Ciclistas: “Necesitamos una alternativa legal”

En medio de la polémica, los ciclistas han salido a defender su práctica. Jean Pierre Guzmán, deportista con 40 años de experiencia, explicó que no todos los aficionados tienen vehículo propio y que subir pedaleando es físicamente inviable para muchos. Por ello, pidió que las autoridades habiliten un sistema formal, regulado y seguro para acceder al punto de partida de las rutas de descenso.

“Después de la pandemia, este deporte ha ayudado mucho a la salud mental. No queremos conflictos, solo soluciones”, afirmó.


📝 Con información de El Comercio.
📍 Redacción Limaaldia.pe

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CONGRESO

Ministra de la Mujer confía en voto de confianza: “Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados”

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.

Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.

Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.

Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.

Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.

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