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a un año del desastre ambiental en la costa peruana, se demanda acción articulada y continua por parte del Estado –

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  • Recientes monitoreos evidencian afectaciones por hidrocarburos, no obstante se encuentran pendiente los resultados definitivos.

A un año del derrame de cerca de 12 000 barriles de petróleo en el Terminal Multiboyas n.º 2 de la refinería La Pampilla, que afectó más de 11 000 hectáreas y a más de 10 000 familias, la Defensoría del Pueblo pide al Estado una acción articulada y continua, que también incorpore medidas en el mediano y largo plazo, por parte de las entidades competentes para atender los impactos ambientales y sociales, sin perjuicio de las obligaciones de la empresa Refinería La Pampilla S. A. A.

Así lo señaló la institución tras advertir que, en octubre último, se produjo el vencimiento de la declaratoria de emergencia ambiental, sin que a la fecha se cuente con un plan de manejo de mediano y largo plazo que permita dar continuidad a las labores en forma planificada y articulada entre las distintas entidades, considerando que en dicho mes el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados por hidrocarburos.

“Se requieren realizar monitoreos y estudios permanentes a las zonas afectadas, lo cual permitirá adoptar medidas inmediatas para proteger el ambiente y la salud, más aún cuando estamos en temporada de verano y de oleajes anómalos”, señaló Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, tras recordar que se encuentra pendiente que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) realice evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para playas de uso recreacional, teniendo en cuenta que 25 playas de uso recreacional fueron afectadas.

Vásquez también recordó la importancia de concluir los estudios que permitan conocer los reales impactos y riesgos respecto a la actividad pesquera y a los recursos hidrobiológicos, que permitan al Ministerio de la Producción y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) evaluar y, de ser el caso, disponer las medidas que correspondan para proteger el derecho a la salud de la población.

Otro reto pendiente está referido a las compensaciones justas a más de 10 000 personas (pescadores y personas dedicadas a negocios vinculados a la actividad marítima) que resultaron afectadas directa e indirectamente por el derrame. Al respecto, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad ha señalado la necesidad de acelerar las negociaciones, y viene atendiendo las solicitudes de diversas asociaciones de afectados, en virtud de las cuales viene acompañando los procesos de negociación. En este aspecto, la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que las partes respeten el principio de buena fe y transparencia.

Finalmente, la institución señala que, desde hace seis años, viene alertando respecto de la necesidad de mejorar el marco normativo para una adecuada atención de los impactos sociales producidos en el contexto de emergencias ambientales, y aún se encuentran pendiente de cumplimiento las recomendaciones formuladas al respecto. Asimismo, sostiene que se requiere mejorar el marco normativo que regula las declaratorias de emergencia ambiental, a fin de lograr una adecuada articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, entre otros.

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La Municipalidad de Lima acató la orden judicial que suspende el cobro de peajes en Villa y Punta Negra.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, supervisó el cumplimiento de la resolución judicial que ordena suspender el cobro de peajes en los tramos de Villa y Punta Negra de la Panamericana Sur.

El burgomaestre acudió personalmente a las casetas administradas por Rutas de Lima para verificar la ejecución de la medida. Además de reafirmar que el proceso se realizará sin contratiempos ni actos de confrontación.

“Como alcalde me estoy apersonando para verificar que una resolución judicial se haya cumplido. Las opiniones son de Rutas de Lima, nosotros tenemos una estrategia legal en curso”, declaró Reggiardo ante la prensa.

No habrá demolición de casetas

El alcalde descartó la demolición de las casetas de peaje, explicando que el contrato de concesión entre la MML y la empresa privada permanece vigente. Por lo que no se interrumpirán los servicios asociados al mantenimiento de la vía.

“Hay un contrato que se tiene que cumplir. Sin embargo, la justicia ha determinado que el cobro era abusivo y un proceso indebido. Nuestra labor es verificar que la resolución se acate”, señaló Reggiardo.

El mandatario edil recordó que la concesionaria sigue obligada a realizar el mantenimiento de la infraestructura vial. Sin embargo, precisó que el municipio evalúa solicitar una administración temporal, en caso de que la empresa no cumpla con sus compromisos operativos.

Evaluarán administración temporal de la vía

Reggiardo informó que el equipo legal de la MML analiza las alternativas jurídicas que permitirían asumir la administración temporal de los peajes, garantizando el mantenimiento y la seguridad de la Panamericana Sur.

“El mantenimiento está estipulado en el contrato. Pero si la empresa no cumple, estamos evaluando judicialmente solicitar una administración temporal”, puntualizó el alcalde.

La medida judicial fue dictada en primera instancia tras un recurso interpuesto por la Municipalidad de Santa María del Mar, que argumentó el cobro excesivo e injustificado de las tarifas. El equipo legal de la MML, liderado por el abogado Wilber Medina, acompañará el proceso para que el fallo sea ratificado en instancias superiores.

Reacciones y contexto del conflicto

La suspensión del cobro representa un nuevo capítulo en el conflicto entre la MML y Rutas de Lima, empresa concesionaria del corredor vial sur.

La compañía, por su parte, emitió un comunicado señalando que el Estado peruano la despoja del 100% de sus ingresos, advirtiendo sobre los riesgos económicos y legales de interrumpir el cobro sin resolver el marco contractual vigente.

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Chorrillos tiene nuevo alcalde: JNE acredita a Richard Cortez Melgarejo tras proceso de vacancia

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El Jurado Nacional de Elecciones emitió la credencial que oficializa al teniente alcalde como burgomaestre interino hasta el fin del periodo 2023-2026. Vecinos esperan que se supere el descuido en el distrito, producto de la reciente incertidumbre política.

Lima. – El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso fin a la incertidumbre administrativa en Chorrillos al emitir la credencial oficial que reconoce a don Richard Cortez Melgarejo como el nuevo alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, para completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026.

La decisión se formalizó tras un contencioso proceso de vacancia, lleno de dimes y diretes, que concluyó con la destitución del anterior alcalde, Fernando Emilio Velasco Huamán.

Mediante la Resolución N.° 0535-2025-JNE, el Pleno del JNE resolvió declarar fundado el recurso de apelación que solicitaba la vacancia de Velasco Huamán. La causa fue una infracción a la Ley Orgánica de Municipalidades por la causal de contratación. En consecuencia, el JNE revocó el acuerdo de concejo previo que había desestimado la solicitud y dejó sin efecto la credencial del burgomaestre saliente.

De acuerdo con la ley, el JNE convocó a Cortez Melgarejo, quien se desempeñaba como primer regidor hábil (teniente alcalde), para que asuma el cargo de alcalde. La nueva credencial, con fecha del 14 de octubre de 2025, lo acredita formalmente para ejercer la titularidad del distrito.

Expectativa vecinal y retos de gestión

Este prolongado periodo de inestabilidad política había generado un palpable clima de incertidumbre que afectó tanto a vecinos como a los propios trabajadores municipales.

Fuentes vecinales señalan que esta situación se tradujo en un notable descuido en la prestación de servicios básicos, la seguridad y el mantenimiento de las áreas públicas. La falta de un liderazgo claro detuvo la gestión y postergó decisiones importantes para el distrito.

Con la juramentación de Richard Cortez Melgarejo, los residentes de Chorrillos esperan que se restaure la gobernabilidad y el orden. La expectativa se centra en que la nueva gestión actúe con celeridad para reactivar la administración municipal y atienda las demandas urgentes que fueron desatendidas durante la crisis.

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