En un inusual gesto de autocrítica pública, el presidente de la República, José Jerí Oré, reconoció errores en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que hoy golpea con mayor fuerza a la población peruana. El pronunciamiento se produjo durante una reunión con dirigentes de diversos gremios de transportistas, quienes vienen denunciando un alarmante incremento de las extorsiones, amenazas y ataques armados contra conductores y empresas del sector.

El encuentro tuvo lugar en el local de la empresa Santa Catalina S.A. (Etsaca), en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las zonas más afectadas por la criminalidad. A la cita asistieron también el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; así como representantes del gremio de transporte, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

Durante su intervención, el jefe de Estado fue directo al admitir que el Ejecutivo no actuó con la firmeza necesaria en momentos clave de la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo referido a los cambios y rotaciones dentro de las fuerzas operativas.

“Acepto el jalón de orejas que nos han dado el día de hoy porque hay que admitir también cuando una autoridad comete un error o se confía. En un momento de crisis, con altos índices de delincuencia violenta, no debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y la rotación”, expresó Jerí ante los representantes del sector.

Según explicó, esos periodos de transición fueron aprovechados por las organizaciones criminales para reforzar su presencia y escalar sus acciones violentas. “En una guerra no podemos flaquear ni un solo día. Le dejamos espacio a los delincuentes y hacen lo que están haciendo en los últimos días: generar pánico, caos y atentar contra la vida de personas que se ganan honestamente la vida”, remarcó.

Las palabras del mandatario llegan en un contexto crítico, marcado por el incremento sostenido de las denuncias por extorsión, sicariato y atentados contra unidades de transporte público. En las últimas semanas, varios conductores han sido asesinados o heridos en ataques vinculados a mafias que exigen pagos ilegales para permitirles operar, una situación que ha desatado protestas y paralizaciones parciales en distintas ciudades del país.

José Jerí también puso énfasis en otro punto neurálgico: la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de justicia. El presidente reconoció que existen serias deficiencias en la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que debilita la efectividad de la lucha contra el crimen organizado.

“Tenemos que mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. De nada sirve un buen resultado policial si todavía hay falencias de coordinación y de aplicación normativa”, señaló. A su juicio, mientras no se corrijan estas brechas, muchos operativos exitosos seguirán diluyéndose en procesos judiciales lentos o ineficaces.

El mandatario recordó, además, que la inseguridad ciudadana es un problema multicausal, que no puede ser abordado únicamente desde la represión policial. Factores como la informalidad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, el hacinamiento carcelario y la debilidad institucional también contribuyen a la expansión del crimen.

Desde los gremios de transportistas, la respuesta fue clara: demandaron acciones concretas e inmediatas. Los dirigentes exigieron mayor presencia policial en las rutas más peligrosas, inteligencia operativa para desarticular bandas de extorsionadores y un marco legal más severo contra quienes atentan contra la vida y el trabajo de miles de peruanos.

El mea culpa del presidente José Jerí marca un punto de inflexión en el discurso oficial frente a la inseguridad. No obstante, para la ciudadanía y los sectores más afectados, el desafío no está en las palabras, sino en los resultados. La población espera que este reconocimiento de errores se traduzca en una estrategia renovada, con liderazgo político, coordinación interinstitucional efectiva y una respuesta firme del Estado frente a la delincuencia que hoy mantiene en vilo a gran parte del país.