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ADEX: Perú perdió S/ 11,021 millones en gobierno de Castillo
Por menor crecimiento económico
El país habría registrado pérdidas por S/ 11,021 millones debido al menor crecimiento económico durante el periodo de gobierno de Pedro Castillo, estimó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.
Tras analizar la situación del Perú tras 16 meses de gestión Castillo, el gremio lamentó que “la corrupción, la crisis política-económica y la ineficiencia en todos los aspectos hayan perjudicado a los peruanos más vulnerables”.
Agregó que el costo de elegir mal a las autoridades trajo un impacto económico que tuvo como principales víctimas a las personas de menores recursos.
En ese sentido, precisó que el monto perdido equivale a pavimentar 2,863 kilómetros de carreteras (más de los 2,490 kilómetros que unen Tumbes y Tacna); construir 525 nuevos colegios (21 en cada una de las regiones), 88 hospitales (cuatro en cada una de las regiones) y 3,674 comisarías (147 en cada una de las regiones).
Asimismo, ADEX sostuvo que la pérdida es equivalente a la entrega del Bono Familiar Universal (S/ 760 por familia) a cerca de 14 millones de personas.
Congresistas interrogarán a Castillo en penal de Barbadillo
Pedro Castillo tendrá que responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que buscará interrogarlo desde la cárcel en donde cumple prisión preventiva por 18 meses.
Según explicó el congresista Edgard Reymundo, esto se estaría ejecutando a fines del mes de enero o inicios de febrero para que el exmandatario responda por el caso de Anguía en donde también estaría involucrado el alcalde de ese lugar, José Medina Guerrero.
Por su parte, el parlamentario Héctor Ventura, quien preside esta comisión, indicó que existe la posibilidad de que Castillo Terrones brinde su declaración de manera virtual, tal como lo hizo el pasado 7 de diciembre por el caso de Salatiel Marrufo.
Sin embargo, esto no dependería del expresidente, ya que ahora es una persona civil, por lo que se debatirá si dicha sesión será virtual o presencial.
Son cinco los llamados a que testifiquen por este caso: Geiner Alvarado, exministro de Vivienda – investigado; Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo – testigo; Mirtha Vásquez, exprimera ministra – testigo; Hugo Espino, empresario – testigo; y Claudia del Pozo, exjefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia – testigo.
La defensa legal del Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), David Medina, mano derecha del coronel Harvey Colchado, presentó un recurso de reconsideración a la resolución del Ministerio del Interior del 23 de diciembre del 2022 que resolvió pasarlo al retiro.
En el documento que accedió RPP Noticias, el Mayor PNP solicitó que se realice una adecuada evaluación de los oficiales «inmersos en el proceso de renovación de cuadros regular y se disponga mi reincorporación al servicio activo».
David Medina argumentó que no ha tenido procesos judiciales a lo largo de su carrera profesional en la institución policial.
En relación a la resolución ministerial, sostuvo que el argumento de renovación de cuadros «es una atribución exclusiva del poder Ejecutivo» en el marco de la función constitucional de la Policía, «sin vulnerar el proyecto de vida de un oficial PNP«.
Asimismo, señaló que la renovación de cuadros no procede ya que no cumple el requisito de límite de edad en el grado y que ello «no puede ser una autorización legal para vulnerar los proyectos de vida de los profesionales que conforman la institución policial y en función a las necesidades institucionales».
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Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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