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ADVIERTEN QUE PROPUESTAS ELECTORALES PARA REDUCIR EL COSTO DE VIDA CARECEN DE RESPALDO FINANCIERO
Videnza alertan que duplicar bonos y ampliar subsidios sin fuentes claras de financiamiento podría elevar la deuda pública, recortar otros programas sociales y trasladar el costo final a los propios ciudadanos.
En plena campaña electoral, la alianza de fact-checking entre Videnza Instituto y Diario Correo puso bajo revisión un conjunto de propuestas orientadas a aliviar el costo de vida, con el fin de evaluar su viabilidad real y ofrecer a la ciudadanía elementos técnicos para decidir con información. Luis Miguel Castilla, director del centro de estudios y exministro de Economía, advirtió que “en cada campaña abundan iniciativas que conectan rápidamente con las necesidades ciudadanas, pero que no siempre se examina con suficiente detalle su viabilidad”. Según explicó, este análisis permite identificar si estas medidas enfrentan restricciones fiscales que podrían comprometer su sostenibilidad.
Entre los casos evaluados figura la propuesta de duplicar los bonos de los programas sociales Juntos y Pensión 65. Si bien la medida beneficiaría a cientos de miles de hogares en situación de pobreza, el informe señala que “implicaría un costo adicional superior a S/2,300 millones anuales”, lo que incrementaría de forma significativa el presupuesto social y podría financiarse sobre todo con mayor endeudamiento.
También se analizó la ampliación del vale de descuento del gas GLP financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). El reporte advierte que, “sin nuevos ingresos, obligaría a redistribuir recursos dentro del mismo fondo y podría afectar programas como la masificación del gas natural”, lo que generaría efectos indirectos sobre otras políticas energéticas.
Castilla subrayó que estos ejemplos reflejan un patrón frecuente en campaña: propuestas atractivas que requieren mayor sustento fiscal o financiero para garantizar su ejecución. “La democracia se fortalece cuando el elector compara y decide con información verificable”, sostuvo, al enfatizar que el voto informado no solo es un derecho, sino también una responsabilidad frente al futuro económico del país.
Fuente: LinkedIn
Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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