Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa, se presentó ante la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado por las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Las pesquisas, que involucran a ambos en los presuntos delitos de homicidio calificado, genocidio y lesiones graves ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tomaron un rumbo diferente en comparación con la declaración de la mandataria, quien optó por el silencio. Otárola, en cambio, respondió a las interrogantes, aunque sus respuestas fueron breves y su defensa objetó varias preguntas, prolongando la diligencia por horas.

A lo largo de su testimonio, negó toda responsabilidad en las muertes bajo investigación, aduciendo desconocimiento de planes operativos y destacando su falta de injerencia en los operativos como ministro de Defensa.

Se espera que estas declaraciones, realizadas el miércoles pasado, sean las últimas en esta fase de la investigación, cuyo plazo expira a finales de octubre.

Alberto Otárola había prestado una declaración previa a fines de enero, pero la interrupción de las protestas llevó a una continuación en febrero, donde no participó la Procuraduría General del Estado. Esto condujo a un recurso ante el Poder Judicial que permitió la inclusión de la defensa del Estado y los abogados de las víctimas como partes agraviadas en el caso.