Política
Congreso impulsa inhabilitación de fiscales Villena,Ávalos,Sánchez y Espinoza por presunto abuso de autoridad
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio un nuevo paso en la polémica disputa entre el Legislativo y el Ministerio Público. Con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, los legisladores aprobaron el informe de la denuncia constitucional N.º 528, que propone inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales supremos: Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.
La denuncia fue impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Uzurín, quienes acusan a los magistrados de haber cometido infracciones constitucionales y presuntos delitos asociados a la polémica resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024. Según los denunciantes, esta resolución aprobó un reglamento que habría invadido las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), vulnerando la Ley N.º 32130, enfocada en fortalecer el rol policial en la investigación del delito.
Las acusaciones: infracciones constitucionales y delitos penales
La denuncia sostiene que, al ordenar que la investigación material se mantuviera en sede fiscal, los fiscales supremos “promovieron el incumplimiento de una ley vigente” y vulneraron competencias asignadas por Constitución a la PNP.
Según el documento, los fiscales habrían infringido los siguientes artículos constitucionales:
- Artículo 38: deber de respetar la Constitución
- Artículo 103: límites en el ejercicio del poder
- Artículo 109: obligatoriedad de las leyes
- Artículo 159 (numerales 1 y 4): funciones del Ministerio Público
- Artículo 166: rol constitucional de la PNP
Además, se atribuyen posibles delitos de función:
- Abuso de autoridad
- Falsedad genérica
- Prevaricato
- Usurpación de función pública
La aprobación de la denuncia no significa una sanción inmediata, pero habilita el siguiente paso: debatir y votar el informe en la Comisión Permanente, antes de que llegue al Pleno del Congreso, donde se definirá si se concreta la inhabilitación.
Levantamiento de fuero y eventual proceso penal
El informe aprobado también solicita levantar el fuero de los cuatro fiscales para que puedan ser investigados penalmente por la Corte Suprema. De aprobarse en todas las instancias, el Fiscal de la Nación tendría un plazo de 5 días para formalizar la denuncia penal.
Esto permitiría que los magistrados pasen a ser procesados bajo las reglas del proceso penal común, donde podrían enfrentar penas como:
- Usurpación de función pública: 6 meses a 7 años
- Abuso de autoridad: hasta 3 años
- Prevaricato: 3 a 5 años
- Falsedad genérica: 2 a 4 años
Aunque el levantamiento de fuero no implica por sí mismo la destitución automática, sí podría conllevar medidas cautelares, como suspensión temporal o prisión preventiva, que afectarían directamente su permanencia en el cargo.
Un proceso en medio de la mayor crisis institucional del Ministerio Público
Esta nueva ofensiva del Congreso ocurre mientras el Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por:
- Suspensiones
- Reposiciones ordenadas por el Poder Judicial
- Investigaciones internas
- Tensiones entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fiscales supremos y el Legislativo
La situación de Delia Espinoza, en particular, se convirtió en uno de los ejes más complejos del conflicto. Aunque un juez ordenó su restitución como fiscal de la Nación, la JNJ se ha negado a acatar la medida, alegando que la resolución judicial presenta irregularidades.
Este escenario ha intensificado el enfrentamiento entre poderes del Estado, con cuestionamientos sobre presuntos intentos del Congreso por influir o controlar el sistema de justicia mediante el uso recurrente de inhabilitaciones.
La denuncia pasará en los próximos días a la Comisión Permanente, la cual deberá revisar el informe y debatirlo antes de elevarlo al Pleno del Congreso. Para aprobar la inhabilitación se requiere mayoría simple de votos.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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