La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio un nuevo paso en la polémica disputa entre el Legislativo y el Ministerio Público. Con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, los legisladores aprobaron el informe de la denuncia constitucional N.º 528, que propone inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales supremos: Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.

La denuncia fue impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Uzurín, quienes acusan a los magistrados de haber cometido infracciones constitucionales y presuntos delitos asociados a la polémica resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024. Según los denunciantes, esta resolución aprobó un reglamento que habría invadido las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), vulnerando la Ley N.º 32130, enfocada en fortalecer el rol policial en la investigación del delito.

Las acusaciones: infracciones constitucionales y delitos penales

La denuncia sostiene que, al ordenar que la investigación material se mantuviera en sede fiscal, los fiscales supremos “promovieron el incumplimiento de una ley vigente” y vulneraron competencias asignadas por Constitución a la PNP.

Según el documento, los fiscales habrían infringido los siguientes artículos constitucionales:

• Artículo 38: deber de respetar la Constitución
• Artículo 103: límites en el ejercicio del poder
• Artículo 109: obligatoriedad de las leyes
• Artículo 159 (numerales 1 y 4): funciones del Ministerio Público
• Artículo 166: rol constitucional de la PNP

Además, se atribuyen posibles delitos de función:

• Abuso de autoridad
• Falsedad genérica
• Prevaricato
• Usurpación de función pública

La aprobación de la denuncia no significa una sanción inmediata, pero habilita el siguiente paso: debatir y votar el informe en la Comisión Permanente, antes de que llegue al Pleno del Congreso, donde se definirá si se concreta la inhabilitación.

Levantamiento de fuero y eventual proceso penal

El informe aprobado también solicita levantar el fuero de los cuatro fiscales para que puedan ser investigados penalmente por la Corte Suprema. De aprobarse en todas las instancias, el Fiscal de la Nación tendría un plazo de 5 días para formalizar la denuncia penal.

Esto permitiría que los magistrados pasen a ser procesados bajo las reglas del proceso penal común, donde podrían enfrentar penas como:

• Usurpación de función pública: 6 meses a 7 años
• Abuso de autoridad: hasta 3 años
• Prevaricato: 3 a 5 años
• Falsedad genérica: 2 a 4 años

Aunque el levantamiento de fuero no implica por sí mismo la destitución automática, sí podría conllevar medidas cautelares, como suspensión temporal o prisión preventiva, que afectarían directamente su permanencia en el cargo.

Un proceso en medio de la mayor crisis institucional del Ministerio Público

Esta nueva ofensiva del Congreso ocurre mientras el Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por:

• Suspensiones
• Reposiciones ordenadas por el Poder Judicial
• Investigaciones internas
• Tensiones entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fiscales supremos y el Legislativo

La situación de Delia Espinoza, en particular, se convirtió en uno de los ejes más complejos del conflicto. Aunque un juez ordenó su restitución como fiscal de la Nación, la JNJ se ha negado a acatar la medida, alegando que la resolución judicial presenta irregularidades.

Este escenario ha intensificado el enfrentamiento entre poderes del Estado, con cuestionamientos sobre presuntos intentos del Congreso por influir o controlar el sistema de justicia mediante el uso recurrente de inhabilitaciones.

La denuncia pasará en los próximos días a la Comisión Permanente, la cual deberá revisar el informe y debatirlo antes de elevarlo al Pleno del Congreso. Para aprobar la inhabilitación se requiere mayoría simple de votos.