Política
Congreso impulsa inhabilitación de fiscales Villena,Ávalos,Sánchez y Espinoza por presunto abuso de autoridad
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio un nuevo paso en la polémica disputa entre el Legislativo y el Ministerio Público. Con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, los legisladores aprobaron el informe de la denuncia constitucional N.º 528, que propone inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales supremos: Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.
La denuncia fue impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Uzurín, quienes acusan a los magistrados de haber cometido infracciones constitucionales y presuntos delitos asociados a la polémica resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024. Según los denunciantes, esta resolución aprobó un reglamento que habría invadido las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), vulnerando la Ley N.º 32130, enfocada en fortalecer el rol policial en la investigación del delito.
Las acusaciones: infracciones constitucionales y delitos penales
La denuncia sostiene que, al ordenar que la investigación material se mantuviera en sede fiscal, los fiscales supremos “promovieron el incumplimiento de una ley vigente” y vulneraron competencias asignadas por Constitución a la PNP.
Según el documento, los fiscales habrían infringido los siguientes artículos constitucionales:
- Artículo 38: deber de respetar la Constitución
- Artículo 103: límites en el ejercicio del poder
- Artículo 109: obligatoriedad de las leyes
- Artículo 159 (numerales 1 y 4): funciones del Ministerio Público
- Artículo 166: rol constitucional de la PNP
Además, se atribuyen posibles delitos de función:
- Abuso de autoridad
- Falsedad genérica
- Prevaricato
- Usurpación de función pública
La aprobación de la denuncia no significa una sanción inmediata, pero habilita el siguiente paso: debatir y votar el informe en la Comisión Permanente, antes de que llegue al Pleno del Congreso, donde se definirá si se concreta la inhabilitación.
Levantamiento de fuero y eventual proceso penal
El informe aprobado también solicita levantar el fuero de los cuatro fiscales para que puedan ser investigados penalmente por la Corte Suprema. De aprobarse en todas las instancias, el Fiscal de la Nación tendría un plazo de 5 días para formalizar la denuncia penal.
Esto permitiría que los magistrados pasen a ser procesados bajo las reglas del proceso penal común, donde podrían enfrentar penas como:
- Usurpación de función pública: 6 meses a 7 años
- Abuso de autoridad: hasta 3 años
- Prevaricato: 3 a 5 años
- Falsedad genérica: 2 a 4 años
Aunque el levantamiento de fuero no implica por sí mismo la destitución automática, sí podría conllevar medidas cautelares, como suspensión temporal o prisión preventiva, que afectarían directamente su permanencia en el cargo.
Un proceso en medio de la mayor crisis institucional del Ministerio Público
Esta nueva ofensiva del Congreso ocurre mientras el Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por:
- Suspensiones
- Reposiciones ordenadas por el Poder Judicial
- Investigaciones internas
- Tensiones entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fiscales supremos y el Legislativo
La situación de Delia Espinoza, en particular, se convirtió en uno de los ejes más complejos del conflicto. Aunque un juez ordenó su restitución como fiscal de la Nación, la JNJ se ha negado a acatar la medida, alegando que la resolución judicial presenta irregularidades.
Este escenario ha intensificado el enfrentamiento entre poderes del Estado, con cuestionamientos sobre presuntos intentos del Congreso por influir o controlar el sistema de justicia mediante el uso recurrente de inhabilitaciones.
La denuncia pasará en los próximos días a la Comisión Permanente, la cual deberá revisar el informe y debatirlo antes de elevarlo al Pleno del Congreso. Para aprobar la inhabilitación se requiere mayoría simple de votos.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.


En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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