Actualidad
Ana Estrada: Defensoría solicita ejecución de la sentencia
La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Judicial que cumpla con la sentencia que reconoció el derecho a una muerte digna para Ana Estrada Ugarte.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema aprobó la demanda de amparo en julio de 2022 y ordenó la inaplicación del delito de homicidio piadoso para permitir la eutanasia a Ana Estrada.
Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo para impulsar la ejecución de la sentencia, el juez encargado todavía no ha ordenado su cumplimiento.
La jueza original invocó la figura de «abstención por decoro» y se declaró impedida de ejecutar la sentencia, por lo que el expediente fue redistribuido a otro juez. La Defensoría considera que el único deber del juez es cumplir con la sentencia y que cualquier demora podría causar un sufrimiento y padecimiento adicional a Ana Estrada.
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Reasignan a 23 oficiales generales Policía Nacional
El Ministerio del Interior aprobó la reasignación en el cargo, por necesidad del servicio, de 23 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de setiembre en el diario oficial El Peruano.
La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.
Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).
La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.
Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).
Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.
Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.
Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.
En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.
La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.
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Incautan mil explosivos y seis fusiles en provincia de Pataz –
El Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Camilo” en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que permitió incautar más de mil explosivos y seIs fusiles de cañones largo y corto, informó el Ministerio de Defensa.
Durante la intervención, las fuerzas del orden decomisaron también 510 municiones de calibres 22, 5. 56 y 9 mm, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico.
El operativo se realizó en una bocamina del anexo La Porfía y contó con la participación de efectivos de la Divopus, Divitiame y Dirincri de la Policía Nacional, así como con representantes de la Oficina Regional de Indecopi y Sucamec.
Todo el material de guerra hallado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que estará a cargo de las investigaciones por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y explosivos.
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