Áncash: Poder Judicial confirma prisión preventiva para exgobernador Juan Carlos Morillo – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú
La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, en Huaraz, confirmó la orden de prisión preventiva dictada contra el exgobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, por el delito de colusión agravada.
El suspendido gobernador es acusado de presuntos hechos de corrupción en la construcción e implementación de ambientes covid-19 para el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.
Los magistrados también declararon infundadas las apelaciones de los investigados: Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, William Percy Rojas Vereau, Juan Wilson Mendo Sánchez y Jiordano Renzo Alva Pinedo.
La orden de prisión preventiva que se dictó contra Juan Carlos Morillo y los demás, fue de 10 meses. Sin embargo, anteriormente, se le dictaminó 9 meses de prisión preventiva, por presuntas irregularidades en la implementación de ambientes covid-19 en el hospital regional de Chimbote.
Sobre este último caso, hay un pedido de cese de prisión preventiva que debe resolverse en las próximas horas, sin embargo, al ya existir la confirmación de una orden de prisión preventiva por otra pesquisa, Morillo no podría salir en libertad.
Huánuco, 28 de mayo de 2026.- Pese a las dificultades presentadas por problemas de vuelo que obligaron a reorganizar su agenda en Huánuco, el candidato presidencial Roberto Sánchez llegó este mediodía a la denominada “Ciudad de los Caballeros”, donde encabezó una multitudinaria concentración popular y un gran mitin en el centro de la ciudad, recibiendo el respaldo de cientos de pobladores que exigen soluciones urgentes frente al abandono histórico que vive la región.
Durante su intervención, Sánchez escuchó directamente el clamor de la población respecto a la grave crisis del agua potable que afecta permanentemente a miles de familias huanuqueñas. Los vecinos denunciaron que hace apenas una semana la ciudad permaneció más de cinco días sin servicio de agua debido al colapso del sistema de abastecimiento y a la precariedad de una infraestructura abandonada durante décadas.
En ese sentido, el líder de Juntos por el Perú señaló la necesidad urgente de ejecutar una reingeniería integral del sistema de agua potable y modernizar la planta de tratamiento de Cabritopampa, cuya infraestructura presenta tuberías de más de 50 años de antigüedad elaboradas con asbesto, poniendo en riesgo la salud pública de la población.
“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.
Asimismo, Roberto Sánchez recogió el pedido de atención inmediata a otras necesidades históricas de la región como hospitales equipados, títulos de propiedad, seguridad ciudadana, infraestructura vial, empleo y apoyo al agro.
En esa línea, dedicó especial atención a la problemática de los hombres y mujeres del campo. Recordó que en Huánuco existen más de 106 mil productores y productoras rurales que sostienen la economía agraria y alimentan al país; sin embargo, más de 50 mil mujeres productoras empadronadas continúan prácticamente excluidas de los programas estatales, ya que apenas 167 han podido acceder a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI) promovida por el MIDAGRI.
“Esa cifra refleja el abandono, el centralismo y la indiferencia de gobiernos que nunca entendieron la realidad del Perú profundo”, afirmó, señalando que su propuesta será repotenciar y descentralizar este programa, ampliando presupuesto, créditos, asistencia técnica, capacitación y acceso a mercados para miles de mujeres emprendedoras y familias rurales.
El candidato presidencial también sostuvo que su equipo técnico viene trabajando propuestas concretas para los primeros 100 días de gobierno, priorizando la reactivación económica, la lucha frontal contra la corrupción, el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, así como la generación de empleo y obras de infraestructura.
Además, reiteró que su propuesta no contempla estatizaciones y que buscará trabajar articuladamente con el sector privado, organizaciones sociales y fuerzas democráticas para recuperar el orden, la estabilidad y la confianza en el país.
Tras culminar su multitudinaria concentración en Huánuco, Roberto Sánchez partió rumbo a Cerro de Pasco, donde continuará su recorrido político por el centro del país con una nueva concentración popular.
FUTURO DE PETROPERÚ EN DEBATE: PROPUESTAS ELECTORALES ENFRENTADAS REAVIVAN DUDAS SOBRE SU SOSTENIBILIDAD
Mientras una agrupación plantea incorporar capital privado para mejorar su gestión, la otra apuesta por un mayor control estatal en medio de una crisis financiera y de gobernanza.
El futuro de Petroperú vuelve al centro del debate en medio de su delicada situación financiera. En los últimos 14 años, la empresa ha recibido más de S/32 mil millones en apoyo estatal y, según el Banco Central de Reserva (BCR), sin ese respaldo habría acumulado 13 años consecutivos de pérdidas. De acuerdo con estimaciones, su patrimonio habría sido negativo en US$2.1 mil millones al cierre de 2025 si se excluyen los aportes públicos. Este escenario también ha impactado en la percepción ciudadana: el 84 % se opone a nuevos rescates y prioriza destinar esos recursos a salud, educación y seguridad.
Ante este escenario, Fuerza Popular propone abrir la empresa al capital privado, con la venta de activos no estratégicos y la limitación de sus operaciones a la refinación y distribución. En contraste, Juntos por el Perú (JPP) defiende el control estatal total de los hidrocarburos y rechaza la participación privada. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) resalta que “el 88 % de los principales economistas del país está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la petrolera estatal”. Sin embargo, la propuesta de JPP ignora este consenso técnico y califica cualquier apertura como una privatización.
De acuerdo con el análisis del IPE, el plan de JPP, liderado por Roberto Sánchez, implica riesgos para la economía nacional, pues no precisa cómo gestionará la deuda de US$7.8 mil millones ni cómo evitará depender de rescates del Tesoro. Su intención de aumentar la actividad empresarial del Estado pone en peligro el equilibrio fiscal, especialmente cuando los ahorros públicos están en sus niveles más bajos. Además, el IPE advierte que, para lograr la sostenibilidad, se requiere «asegurar una gobernanza sólida para garantizar la independencia de presiones internas o externas». Sin embargo, JPP no ha planteado reformas para mejorar la gobernanza, lo que mantendría la fragilidad institucional de la empresa.
