Una explosiva combinación de anuencia o connivencia de algunas autoridades, dejadez de los servicios de Inteligencia y una esmerada planificación en las redes sociales allanó el camino para que miles de bolsonaristas radicales indignados con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder perpetraran el domingo el mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura en Brasil.

Fue un intento de golpe anunciado (y para muchos impulsado) desde hace tiempo por el propio expresidente Jair Bolsonaro, quien desde la invasión al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, advirtió de que algo peor podía ocurrir en Brasil si las elecciones de octubre se celebraban con el sistema de urnas electrónicas que se usa desde 1996 y que, pese a que goza de gran reconocimiento internacional, se presta, según él, al fraude.

De hecho, en algunas de las pancartas que se enarbolaron el domingo se podían leer frases como “queremos el código fuente”, en referencia a los comandos e instrucciones que hacen funcionar las urnas.

Lula culpó directamente a Bolsonaro –al que calificó de “genocida”– por el vandalismo que golpeó las sedes de los tres poderes, el presidencial Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.

“Todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente de la República alentado eso”, dijo indignado el domingo el mandatario, de 77 años.

Durante todo su mandato, Bolsonaro, un excapitán del Ejército y abierto nostálgico de la dictadura, se dedicó a fustigar y a amenazar al Congreso y al STF, y a arengar a sus partidarios a dirigir su ira contra los jueces que lo investigan en varias causas, los opositores izquierdistas y el sistema de voto electrónico.

Tras una violenta campaña, en la que jamás dejó de insinuar que podría haber fraude, se negó después a reconocer la victoria de Lula, intentó impugnar los resultados y, para evitar ponerle la banda presidencial a su enemigo político el pasado 1 de enero, se fue de vacaciones a Orlando, Florida.

Desde allí, horas después del asalto, el ultraderechista escribió en Twitter que las “depredaciones e invasiones” de edificios públicos “huyen de la regla” y manifestó su “repudio” a las acusaciones de Lula.

“Incompetencia y mala voluntad”

Pero para que se pudieran concretar esas imágenes, de hordas de radicales devastando todo en los espacios públicos y privados de los poderes, intervinieron otros factores.

Hubo, en palabras de Lula, “incompetencia, mala voluntad o mala fe por parte de las autoridades del Distrito Federal (DF)”, que están a cargo de la seguridad de la capital y de las instituciones”.

Las acusaciones del presidente responden a que, como es sabido, el gobernador del DF, el conservador Ibaneis Rocha, es aliado de Bolsonaro, y su máximo jefe de seguridad, el policía Anderson Torres, fue ministro de Justicia del ultraderechista y uno de los colaboradores que más le secundó en su campaña contra el sistema electoral. Ambos lamentaron lo ocurrido y negaron su responsabilidad en los hechos.

Imágenes difundidas por los medios y las redes sociales muestran a policías escoltando el domingo a los bolsonaristas radicales que bajaron por la Explanada de los Ministerios hasta las sedes de los tres poderes, demasiado desprotegidas, e incluso a algunos haciéndose selfies o grabando videos mientras los asaltantes actuaban a sus anchas.

“La policía del DF ya ha dado varias manifestaciones antes de connivencia con los hechos anteriores. Tardó mucho en actuar, tardó mucho en pedir detenciones, las personas ya habían huido, entonces esa ‘bolsonarización’ de los cuerpos de seguridad fue muy clara aquí en Brasilia”, escribió la columnista Miriam Leitao.

Torres ha sido destituido por el propio Ibaneis, quien a su vez ha quedado suspendido del cargo por un juez del STF, quien consideró que la escalada violenta contra la instituciones “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia en el DF.

Lula ordenó, por segunda vez en la democracia brasileña, la intervención federal, es decir, el envío de fuerzas militares para hacerse cargo de la seguridad en la capital hasta finales de enero.

Pero lo más difícil de entender son los fallos de todos los mecanismos de Inteligencia. Los bolsonaristas radicales llevaban acampados frente al cuartel del Ejército desde octubre en protesta por la victoria de Lula, muchos de ellos movidos por consignas golpistas.

Ya se habían producido varios disturbios en la capital, entre ellos, un intento de invadir la Policía Federal y también se llevaron a cabo otras acciones violentas la noche en que Lula recibió el diploma que lo certificaba como ganador de las elecciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según el diario Folha de S.Paulo, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) avisó el sábado sobre el riesgo inminente de ataques a edificios públicos a órganos de otros ministerios y organismos, pero no hubo respuesta.

El columnista Lauro Jardim, del diario O Globo, publicó que el entorno de Lula dijo que hubo “un error grotesco” en los órganos de Inteligencia del gobierno.

Pero nada de lo ocurrido habría sido posible sin el gran poder de movilización que el bolsonarismo conserva en las redes, cuya actividad también escapó inexplicablemente a los servicios de Inteligencia.

Días antes, cientos de autobuses empezaron a llegar a Brasilia con radicales dispuestos a unirse a los del campamento y que, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, recibieron instrucciones detalladas en cuanto a la alimentación y el hospedaje en tiendas de campaña u hoteles, a veces pagado por los organizadores.

“Vamos a tratar de averiguar quién financió esto. Y toda esta gente va a pagar. Si hubo una omisión de alguien en el gobierno federal que facilitó esto, ellos también serán sancionados”, advirtió Lula.

Según la prensa brasileña, el mandatario recibió una lista de posibles personas que financiaron los actos, entre los que figuran empresarios del poderoso sector del agronegocio y otros con vínculos en el exterior.

Esta tarde, tras una reunión de urgencia convocada por el mandatario, los presidentes de los tres poderes rechazaron en una nota conjunta “los actos de terrorismo, vandalismo, criminales y golpistas”.