Un fiscal pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, al sindicarla como “jefa” de una trama de “corrupción sistemática” respecto a obras públicas con un perjuicio millonario para el Estado.

El fiscal federal Diego Luciani acusó a la expresidenta argentina de ser cabecilla de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Fue al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo del 2019 por la denominada “causa Vialidad”.

Según el representante del Ministerio Público, Fernández, quien gobernó Argentina entre el 2007 y el 2015, fue la “jefa” de una asociación ilícita conformada por funcionarios de “alta jerarquía” –para quienes también solicitó diversas penas– y que actuó por los móviles del “ánimo de lucro y la codicia”.

El fiscal dijo que la expresidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”. “No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, sentenció.

Tras el pedido fiscal, el presidente Alberto Fernández transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” hacia la vicepresidenta y dijo que se trata de una “persecución judicial”.