Al cumplirse el plazo que dio el alcalde de la capital para que Rutas de Lima devuelva su concesión, queda claro que el marco institucional debe pesar más que las promesas demagógicas.

El pasado fin de semana no solo se cumplió un año más de la independencia del Perú, sino también –de forma muchísimo más discreta– los 180 días de plazo que tenía Rutas de Lima para entregar la administración de los peajes bajo su gestión a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de que esta última declarara la resolución unilateral de su contrato en enero pasado.

La fecha había concitado alguna expectativa. Después de todo, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, utilizó la eliminación de los peajes de Rutas de Lima como uno de los temas centrales de su campaña electoral en el 2022. Recientemente, como para asegurar la atención de los limeños en el proceso, el burgomaestre invocó a Rutas de Lima “para que el día 29 de julio, a las 12 de la noche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción”. “Caso contrario –señaló– tenemos un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”. Sin embargo, la fecha prometida llegó y se fue sin mayor novedad en las garitas de la Panamericana Norte y la Panamericana Sur.

La explicación de la falta de acción posiblemente sea que, en realidad, la MML no tiene a la fecha facultades legales para intervenir. Como se sabe, a mediados de junio pasado el tribunal arbitral ad hoc, bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ordenó a la MML suspender la caducidad del contrato con Rutas de Lima, aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima. La disposición estará vigente hasta que se resuelva la controversia entre ambas partes.

Si bien la fiscalía ha puesto en duda la legalidad inicial del contrato debido a la intervención de Odebrecht, lo cierto es que cualquier disputa de esta naturaleza debe zanjarse siguiendo el camino institucional predefinido. Esto es lo opuesto a lo que el alcalde de Lima propone. Más bien, ante una falta de estrategia legal en foros internacionales, López Aliaga optó por amenazas de fuerza y decisiones unilaterales.

Su actitud conlleva un pésimo mensaje para cualquier inversionista interesado en traer capitales y desarrollar proyectos en coordinación con el Estado Peruano. Si las más altas autoridades pueden ignorar libremente las disposiciones de los tribunales internacionales independientes elegidos para mediar controversias, la seguridad jurídica no existe. Por otro lado, implica también un mal ejemplo para el resto de alcaldes y funcionarios que podrían verse tentados a cambiar o abandonar acuerdos vinculantes al margen del marco legal vigente.

La lección que sí se debería extraer de este impasse es que las promesas que se realizan en campaña, y luego como funcionario, no pueden exceder las competencias institucionales ni el marco legal que las rige. Los procedimientos existen y no pueden ignorarse. Ahora, debido a este error básico, el alcalde López Aliaga ha quedado atrapado entre, de un lado, la necesidad de romper su promesa, defraudando las expectativas de quienes se oponían a los peajes de Rutas de Lima y con un golpe serio a su credibilidad, y, del otro, violentar las reglas de juego, con posibles implicancias civiles y penales. Ya ayer se registraron protestas en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, por este motivo. Y este es un atollo en el que el propio alcalde de Lima carga la mayor parte de la responsabilidad.

Fuente: El Comercio – Editorial

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