Interpelaciones, censuras, cuestión de confianza y aprobación de proyectos marcarán el rol de los 130 diputados que asumirán funciones en el esquema bicameral.

Con el retorno del Congreso bicameral, la Cámara de Diputados se perfila como una pieza clave del sistema político peruano. Desde 2026, sus 130 integrantes asumirán un rol determinante en la fiscalización del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Según el portal Ante Todo Ciudadanos, los diputados pueden ejercer la “fiscalización del Ejecutivo, pueden interpelar y censurar a los ministros de Estado”, mecanismos que obligan a los titulares de cartera a rendir cuentas ante el Pleno y, en caso de censura, a dejar el cargo.

A este rol se suma la potestad de otorgar o negar la cuestión de confianza. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), corresponde a la Cámara de Diputados “otorgar o rechazar la confianza planteada por iniciativa ministerial”, una herramienta que permite al gabinete solicitar respaldo político para continuar con políticas o programas. Este mecanismo puede contribuir a la gobernabilidad si se orienta al diálogo, pero también convertirse en un foco de tensión cuando se utiliza como arma de presión entre poderes.

En paralelo, la Cámara de Diputados asumirá un papel determinante en la calidad de las leyes. La ONPE precisa que este órgano tiene la función de “aprobar las propuestas normativas que serán enviadas al Senado, conforme a su reglamento”. Es decir, los diputados serán el primer gran filtro: deberán debatir, modificar y votar los proyectos antes de que pasen a la Cámara Alta. El desafío no será producir más normas, sino asegurar que cada iniciativa responda a problemas reales, tenga sustento técnico y genere mejoras concretas en la vida de los ciudadanos.

Fuente: Ante todo Ciudadanos, ONPE y Congreso

Un boletín del Observatorio de Criminalidad identifica 125 atentados entre 2024 y 2025, con un saldo de 93 fallecidos y una preocupante concentración de ataques en horas de la noche.

El Ministerio Público, a través de su Oficina de Observatorio de Criminalidad, reveló que el sector transporte es el blanco principal de las redes de extorsión en Lima Metropolitana y el Callao. Según el último boletín institucional, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados que dejaron un saldo de 169 víctimas, de las cuales 93 perdieron la vida. El informe destaca que el 67,5 % de los afectados eran choferes, seguidos por usuarios (22,5 %) y personal de cobro. La mayoría de estos incidentes ocurrieron dentro de unidades como buses, combis y mototaxis, evidenciando la vulnerabilidad de los corredores viales ante el avance del crimen organizado.

El análisis geográfico y temporal del documento señala que el 2025 fue el año con mayor incidencia, concentrando 105 casos. A nivel distrital, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores encabezan las estadísticas de peligrosidad, mientras que Lima Norte acumuló 41 hechos de violencia. El boletín advierte una planificación estratégica por parte de los delincuentes, dado que el 61,5 % de los ataques se produjeron durante la noche y el 55 % de los eventos ocurrieron entre miércoles y viernes. La modalidad más recurrente es la interceptación directa (81,1 %), empleando armas de fuego en casi la totalidad de los casos y motocicletas como principal medio de desplazamiento.

En términos demográficos, el reporte precisa que el 87,6 % de las víctimas eran varones y el 29 % se encontraba en la franja etaria de 40 a 49 años, muchos de ellos con responsabilidades familiares directas que agravan el impacto social del delito. Casi la totalidad de los ataques (97,6 %) incluyeron el uso de armas de fuego para amedrentar a las empresas de transporte. Sobre la magnitud del problema y la exposición del rubro, el informe del Ministerio Público enfatizó: “163 transportistas fueron atacados dentro de unidades vehiculares, mientras seis sufrieron agresiones en la vía pública o en establecimientos vinculados al rubro”.

Fuente: Perú Informa