Josué Gutiérrez cuestionó las decisiones adoptadas alrededor de Petroperú y aseguró que funcionarios del propio Estado habrían contribuido al deterioro de la empresa estatal. También explicó por qué la Defensoría del Pueblo acudió al Tribunal Constitucional.

La situación de Petroperú continúa generando cuestionamientos debido a la crisis financiera y administrativa que atraviesa la empresa estatal. En medio de este escenario, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lanzó una dura crítica contra algunos funcionarios del Estado y sostuvo que desde la propia administración pública se habría contribuido al debilitamiento de la compañía.

Durante sus declaraciones, Gutiérrez también se refirió a la reorganización de Petroperú y a la controversia constitucional relacionada con el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que establece medidas vinculadas con el proceso de reorganización de la empresa.

Defensor del Pueblo cuestiona manejo de Petroperú

Josué Gutiérrez explicó que la institución que dirige decidió intervenir en el caso debido a cuestionamientos jurídicos relacionados con las medidas adoptadas para reorganizar Petroperú.

Según explicó, debe respetarse el Estado constitucional de derecho y las medidas de excepción, como los decretos de urgencia, tienen un carácter extraordinario y no pueden utilizarse para legislar.

En ese contexto, sostuvo que existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda presentada y deje sin efecto el decreto de urgencia cuestionado.

El defensor también consideró necesario conocer cuáles fueron las razones que llevaron al Ejecutivo a impulsar la reorganización de la empresa estatal.

“Malos funcionarios han querido quebrar Petroperú”

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Gutiérrez estuvo dirigido contra funcionarios del propio Estado.

El defensor del Pueblo afirmó que algunas decisiones adoptadas durante los últimos años habrían contribuido directamente al deterioro de Petroperú.

“Desde el mismo Estado, malos funcionarios han querido quebrar Petroperú, se ha implosionado Petroperú”, sostuvo Josué Gutiérrez.

Gutiérrez también señaló que, si bien el Poder Ejecutivo es accionista de Petroperú, sus decisiones deben respetar el marco legal y constitucional que protege el carácter estratégico de la empresa.

¿Qué pasó con Petroperú desde 2019?

El defensor del Pueblo también hizo referencia a los antecedentes de la actual crisis de Petroperú y puso especial énfasis en lo ocurrido con la refinería de Talara.

Según su explicación, durante 2019 la refinería producía alrededor de 50 mil barriles diarios de petróleo, situación que, desde su perspectiva, contribuía a generar sostenibilidad económica y flujo financiero para la empresa.

Sin embargo, posteriormente se tomó la decisión de detener sus operaciones. Gutiérrez cuestionó la explicación que se dio en aquel momento y consideró que la medida terminó generando un importante impacto económico.

A ello se sumó la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, periodo durante el cual se paralizaron diversas actividades y se agravaron los problemas financieros de la empresa.

La crisis financiera se agravó en 2023

Gutiérrez sostuvo que los problemas económicos de Petroperú se profundizaron durante los siguientes años y alcanzaron un punto crítico en 2023, cuando la empresa debía afrontar compromisos con sus acreedores.

Desde su perspectiva, las decisiones acumuladas durante varios años terminaron generando un escenario financiero cada vez más complicado para la compañía estatal.

La controversia ahora se concentra también en el proceso de reorganización de Petroperú y en el debate sobre las facultades del Ejecutivo para adoptar medidas respecto de una empresa considerada estratégica para el país.

Petroperú vuelve al centro del debate nacional

Las declaraciones del defensor del Pueblo vuelven a colocar a Petroperú en el centro de la discusión sobre el futuro de las empresas estatales, su sostenibilidad financiera y el papel que debe cumplir el Estado.

Mientras continúa el debate sobre la reorganización de la petrolera, también queda pendiente la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la demanda presentada contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

El caso podría marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de Petroperú y las decisiones que el Estado puede adoptar respecto de una compañía considerada estratégica para el país.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán, ejecutó un allanamiento, registro e incautación en ocho inmuebles vinculados a cinco efectivos policiales de la División de Seguridad de Penales de la Dirección de Seguridad Integral (Dirseint PNP) y dos particulares investigados por el presunto delito de colusión agravada.

Los investigados habrían concertado para direccionar, entre 2024 y febrero de 2026, el proceso de contratación del servicio de suministro de alimentos para la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) de la Policía Nacional del Perú, favoreciendo a la empresa Proveeduría Pilema S.A.C.

El operativo, dirigido por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala, se realizó de manera simultánea en inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao, con la participación de 12 fiscales y seis asistentes, además del apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP y representantes de la Defensa Pública.

Según la investigación preliminar, los miembros de la DIRSEINT PNP habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos de la ROUD destinados a la alimentación y favorecer de manera sistemática a la empresa proveedora, evadiendo los controles administrativos.

También se identificó que la proveedora Julia Miranda mantenía un vínculo directo con la jefa de Logística de la referida división policial, Cynthia Vásquez, lo que habría facilitado el supuesto favorecimiento.

Entre los investigados figuran los efectivos policiales Luis Santos, exjefe de la División de Seguridad de Penales de la DIRSEINT; Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea, además de José Miranda, trabajador de la empresa proveedora.