“Las malas ideas y una búsqueda de popularidad fácil alimentan el crimen”.

La iniciativa lanzada por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la nación para crear una “Policía de Orden y Seguridad” esconde dos motivaciones superpuestas.

La seguridad, dado el reclamo ciudadano –y también de la propia PNP– de aumentar la presencia policial en las calles. Y el orden es el aporte de Alberto Otárola –el verdadero mandamás en el Ejecutivo– para revertir la impopularidad apabullante del Gobierno –y la suya, aún mayor– asociándose a la legítima y urgente necesidad de orden.

Creo que, de este modo, ninguno de esos objetivos se va a conseguir. Ni la comprensible aspiración de contar con efectivos suficientes, ni la utilitaria de cosechar apoyo político fácil vendiendo un espejismo.

Hay un problema conceptual de partida que no es menor. La policía del orden y la seguridad ya existe y es la PNP. De acuerdo con la Constitución, su finalidad fundamental es la de “garantizar, mantener y restablecer el orden interno […], el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia”.

En función de ello, se organiza para enfrentar esas tareas en múltiples direcciones nacionales, profesionalmente especializadas y a la vez complementarias.

Que necesita más recursos económicos y humanos es claro. Que hay mucho por corregir en la conducta policial, también. Pero resulta mezquino y hasta ofensivo hacia la institución no reconocer que, con todas sus dificultades, esta hace un trabajo sacrificado y constante en esos ámbitos.

Si hay tanto dinero para crear toda una “nueva policía” con agentes “contratados”, ajenos a una cadena de mando clara y una carrera que los motive, ¿por qué no fortalecer la que ya tenemos?

Las carencias están identificadas y, si bien en muchos casos existen por inadecuada gestión e incluso mal manejo de los recursos, también es verdad que se requieren muchos más de estos últimos. Lo novedoso sería que estos se asignasen de acuerdo con planes bien concebidos, asegurando que se ejecuten de manera trasparente.

Ello vale también para los recursos humanos. Si se cumplieran los objetivos previstos por el Gobierno, toda esta riesgosa parafernalia habría sido hecha para tener 8.000 efectivos adicionales dentro de un año. Y esparcidos, se entiende, por todas las ciudades a las que les urge; o sea, casi todas las del país.

No queda nada claro, además, que los perfiles escogidos –reservistas de las Fuerzas Armadas y quienes no alcanzaron un cupo en las escuelas– sean los más convenientes. Más aún, preocupa que, con tan poca idoneidad y formación, aumente la infiltración en la PNP de gente que viene del crimen organizado, lo que ya es frecuente.

Hay otras alternativas. Ricardo Valdés las conoce muy bien porque, en su momento, estuvo trabajando en un plan integral de reforma de los 10 regímenes laborales de la PNP, que la crisis política nacional nos dejó sin tiempo de lanzar. Él viene dando cuenta de que, con solo modificar el 24×24, bonificando a los policías que perderían ingresos que hoy consiguen ‘cachueleándose’ un día de cada dos, permitiría contar con el doble de policías en las calles. Insisto: se supone que dinero hay de sobra, dada la aventura en la que se ha embarcado el Gobierno con nuevos y discutibles efectivos, que serían mucho más caros y menos rentables.

Termino diciendo lo de siempre: no hay forma de inventar la pólvora y ser exitosos. Lo que funciona y es sostenible se conoce. Consiste en una combinación de estrategias sensatas, sostenidas en el tiempo y que tengan por parte del Estado un respaldo político y financiero acorde con la importancia que la sociedad le atribuye al problema.

Y no mentirle a la población: no hay solución inmediata para el crimen que nos asola. Hay que trabajar duro para derrotar el delito en más batallas que las que este nos gane. Solo así lo haremos retroceder; primero lentamente y, de perseverar en el esfuerzo, de manera significativa.

Las malas ideas y una búsqueda de popularidad fácil alimentan el crimen.

Fuente: El Comercio – Carlos Basombrío Iglesias