Afectados adquirieron terrenos en Lurín a un privado hace casi 20 años, pero ahora personas extrañas les exigen dinero.

En medio del revuelo causado por el caso de Sada Goray y la manera ilegal en la que se apropió de un predio de 90 hectáreas en Chilca, ha salido a la luz un nuevo escándalo sobre las maniobras desplegadas para la apropiación de terrenos en el Sur de Lima.

Según los afectados, tras adquirir diversos predios a un privado hace casi dos décadas e inscribir los títulos de propiedad en los Registros Públicos, cumpliendo con todos los procedimientos legales, apareció de la noche a la mañana una persona que aduce ser representante de la verdadera propietaria de las tierras, apelando a documentos que datan de la década del 70 del siglo pasado.

Ciudadana colombiana de 89 años radicada en Miami dice ser la verdadera propietaria de predio.

Asimismo, exigiendo el pago por dichos predios, algo que sí hicieron los afectados ante el anterior propietario, que acreditó ser el verdadero titular de los mismos cuando hicieron la adquisición, hace un par de décadas a través de un crédito hipotecario en el BCP.
La compra-venta se realizó a un privado en Registros Públicos sin afectaciones. Una propiedad saneada de acuerdo a ley a través del Banco BCP.

EL CASO

Mediante escritura pública de compra-venta, la empresa adquirió un predio en Lurín de 6.3 hectáreas de extensión. Dicha compra fue inscrita en Registros Públicos en el año 2005 (la partida en sí data de 1985).

De manera sorprendente, muchos años después, mediante una invitación a conciliar, la empresa toma conocimiento de la existencia de un tercero que dice tener un título de propiedad de mayor antigüedad, que data del año 1973.

Apoderado de Victoria Gildred visita a propietarios junto a sujeto armado para exigir pagos.

Este es el caso de la ciudadana colombiana Victoria Gildred, de 89 años, radicada en Miami (Estados Unidos), quien a través de su apoderado, Jimmy Pflucker Pinillos, solicita el pago de dichos predios.

Jimmy Pflucker, conocido en el mundo automovilístico como coleccionista de Ferraris.

Lo extraño es que Pflucker presenta un poder otorgado por Gildred que no incluye un certificado de salud mental (examen que permite acreditar que las personas están en sus cabales). Un requisito que establece nuestra legislación para las personas mayores de 70 años para realizar actos jurídicos en notarias.

Los afectados señalan que pese a los reiterados intentos, hasta la fecha, no se ha podido establecer contacto con Gildred o acreditar su vivencia en Estados Unidos, como indica el documento presentado por su apoderado.

Tras revisar el caso, se observa que Victoria Gildred, cuya familia tenía una corporación que adquirió la propiedad de 200 hectáreas donde se encontraría inmerso el predio de la empresa, solicita a través de Pflucker llegar a un acuerdo respecto al Mejor Derecho de Propiedad que tendría sobre el inmueble, al tener un título más antiguo.

Al revisar la partida de inmueble de la ciudadana extranjera Victoria Gildred, se constata que mediante un Decreto Supremo de la Dirección de Reforma Agraria de 1973, se declara en abandono el predio de 232 hectáreas, y el Estado adquiere el derecho de propiedad del mismo, dando lugar a su independización y posterior venta a distintas personas (naturales y/o jurídicas).

Poder presentado no incluye certificado de salud mental, como exige normativa peruana.

INTIMIDACIÓN

Los afectados señalan que Pflucker apareció en las puertas de la empresa, acompañado de un hombre que portaba un arma, para informar sobre el caso de su representada y solicitar el mencionado acuerdo.

Esto lo hizo una vez más, acompañado del mismo hombre armado. Los afectados afirman tener las imágenes que así lo acreditan.
Asimismo, indican que la actitud mostrada más parecía un acto de intimidación que una propuesta de diálogo o conciliación.

RECHAZO JUDICIAL

Posteriormente, el apoderado de Gildred recurre al Poder Judicial, a fin de solicitar el Mejor Derecho de Propiedad. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Primer Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, declaró improcedente la demanda que interpuso Gildred, a través de su apoderado Jimmy Pflucker, por lo que dispone que se archive lo actuado.

Así lo consigna la resolución emitida el 29 de mayo de 2023 del expediente 02770-2023-0-1801-JR-CI-32, visto en el 32° Juzgado Civil a cargo del juez Luis Ángel Millones Vélez.
El documento judicial deja en claro que “el interés que motiva a la demandante es que se le reconozca la existencia de superposición de medidas 32,213.25 m2 inscrito en la Partida Electrónica Nº 42204218 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima y que también se encuentra registrada la Partida Nº 12825545 requiriendo también el cierre parcial de esta partida registral, en el extremo del área de 32,213.25 m2”.

“Empero, debe considerase que con ello no se logrará que se reconozca la real extensión del área de la Partida Electrónica Nº 42204218 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. Más bien, lo que pretendería la accionante ante la existencia de superposición de medidas en 32,213.25 m2 entre las Partida Electrónica Nº 42204218 y Nº 12825545 sería la acción de rectificación de área y linderos conforme lo establece la Ley 27333 en su artículo 13.1.C, la que contempla la acción ejercitable en los supuestos en la rectificación de áreas o linderos (deslinde), ya que describe tal supuesto cuando se pretende la rectificación que suponga superposición de áreas o linderos, o cuando surja oposición de terceros”, acota.

“Lo que denota que en la presente demanda existe una falta de conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio planteado”, señala la resolución.

Por ello es que “se declara improcedente la demanda interpuesta por Victoria Gildred, representada por su apoderado Jimmy Pflucker Pinillos, sobre Mejor Derecho de propiedad, consentida o ejecutoriada sea esta decisión se archive lo actuado”.

BUENA FE

Cabe indicar que la pretensión esgrimida por Pflucker atenta contra el principio de la buena fe registral del tercero que a la letra señala el Código Civil: “art. 2014. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.

ALERTA

Traficantes de terrenos amarrados en complicidad con algunas autoridades pretenden apropiarse de terrenos e incluso fábricas en funcionamiento.

Estos traficantes le han puesto el ojo a Lurín, que ya parece tierra de nadie.
Cabe resaltar que las autoridades judiciales pertinentes no hacen nada para poner freno a este robo de terrenos. Este mismo modus operandi ha sido usado por la red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo y Sada Goray.