La presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, enfatizó su compromiso para que los derechos de los refugiados venezolanos en nuestro país sean protegidos desde el Estado Peruano.

“Queremos decirle con toda claridad a la población venezolana que estamos para proteger sus derechos”, señaló durante la conferencia virtual: “Acceso a la justicia y derechos de las personas refugiadas y migrantes”, organizada por la comisión que preside.

Tello Gilardi sostuvo que existen razones para la protección de esta población vulnerable, la cual suma un millón de personas en nuestro país, de las que la mitad ha solicitado refugio.

“Perú enfrenta un reto muy importante frente a la acogida de las personas que necesitan protección internacional”, dijo, tras remarcar que, en la región después de Colombia, somos la segunda nación que ha recibido el mayor número de venezolanos.

En tal sentido, señaló que frente a actos de discriminación y violencia resulta necesario aplicar estándares internacionales con un enfoque derechos humanos.

“Quiero pedirles que puedan ponerse en el caso de una persona que solicita refugio, pensar en las razones por las cuales dejaría su país y cómo se sentiría en diversas situaciones (discriminación) para comprender las circunstancias que los obligan a dejar su territorio”, dijo en su exposición.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Tello Gilardi comentó diversos casos contenidos en la publicación “Cuaderno sentencias emblemáticas para la protección y garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del Sur”, el cual ofrece una mirada a la jurisprudencia de las cortes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El estudio ha sido coeditado por el Poder Judicial con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (IDEHPUCP) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). VER LIBRO: https://bit.ly/3xjW4PJ

La jueza suprema abordó los diferentes casos desde cuatro criterios: el de igualdad y no discriminación, así como desde los principios pro persona, de no devolución y de la unidad familiar.

Respecto al primero, sostuvo que no puede privarse a una persona del goce de sus derechos por una situación migratoria, para lo cual citó sentencias como el de las deportaciones colectivas en Ecuador a venezolanos y otra del Tribunal Constitucional del Perú que cancela la residencia y expulsa a una ecuatoriana.

También mencionó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prejuicios culturales contra migrantes tales como los étnicos, la xenofobia y el racismo que dificultan su integración a la sociedad y llevan a la impunidad violaciones a los derechos humanos.

Sostuvo que el derecho a la nacionalidad no puede negarse a nadie por situación migratoria o que los estados puedan devolver a una persona solicitante de asilo a su país si es que no hay un proceso o audiencia previa.

También señaló que hay sentencias que consagran los principios de la unidad familiar para no separar a los menores de edad de sus padres por un caso de migración.

COMENTARIOS IMPORTANTES

En la conferencia participaron la directora ejecutiva de IDEHPUCP, Elizabeth Salmón Gárate, y el representante del Alto Comisionado de ACNUR, Federico Agusti, así como el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra.

Al comentar el cuaderno de sentencias, Salmón Gárate sostuvo que el estudio revisó 86 casos hasta el 2019 emitidos por Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, países que tienen en común un flujo alto de migrantes.

Señaló que el cuaderno incluyó además cuarenta casos relevantes que establecieron precedentes vinculantes, así como su contribución a una línea jurisprudencial de los poderes judiciales en los que fue realizado el estudio.

Por su parte, Agusti señaló que en el planeta existe 82 millones de personas por desplazamiento forzado, lo cual, agregó, es motivo de preocupación para ACNUR. En el caso de la migración venezolana, subrayó que es el segundo desplazamiento más grande del mundo, pues 5.6 millones de ciudadanos de ese país han abandonado su territorio.

Finalmente, en el evento también participó el juez del Tribunal Administrativo de Costa Rica, Esteban Lemus Laporte, presidente del Capítulo de las Américas de la Asociación Internacional de Jueces en Refugio y Migración (IARMJ, por sus siglas en inglés), institución coorganizadora de la conferencia internacional.