Mientras la minería ilegal le hace perder al Perú miles de millones de soles y fortalece redes criminales, la minería formal genera inversión, empleo y recursos fiscales.

El fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), originalmente diseñado para ordenar la pequeña minería, es uno de los factores que ha permitido la expansión de la minería ilegal. Según especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE), este mecanismo terminó convirtiéndose en un paraguas legal que permitía operar a mineros ilegales con mínima supervisión, incluso en áreas protegidas. La consecuencia es devastadora: el Perú pierde más de US$10,000 millones al año por economías ilícitas, y la minería ilegal ya compite en valor exportado con la formal.

En la actualidad, la minería ilegal moviliza alrededor de US$12,000 millones anuales en el país y representa el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica, según datos oficiales. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, alerta: “la minería ilegal ya no es un problema artesanal; es una industria criminal altamente organizada”. Por su parte, la académica Lucía Dammert, experta en políticas de seguridad, advierte que la minería ilegal funciona hoy como una industria paralela con efectos múltiples: violencia, deforestación, trata de personas, financiamiento de mafias y capacidad creciente de infiltración política.

En contraste, la minería formal aparece como un contrapeso vital para el país. Este sector no solo aporta tecnología, trazabilidad y estándares ambientales verificables, sino también empleo formal y recursos fiscales que financian obras públicas, carreteras, electrificación, hospitales y programas sociales. Para Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), “más allá de sus cifras y su impacto económico, la minería puede ser un motor de desarrollo inclusivo y sostenible”.

Los especialistas coinciden: el Perú necesita un modelo minero competitivo que incentive la inversión formal y desmantele los incentivos de la ilegalidad. Sin una política clara que fortalezca la minería formal, el Estado seguirá perdiendo territorio y control frente a mafias que ya operan con lógica empresarial y ambición política.

Fuente: IPE, La República, Infobae, Stakeholders

La Refinería La Pampilla de Repsol Perú fue distinguida por segundo año consecutivo con la Cuarta Estrella del programa Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

Por segundo año consecutivo, la Refinería La Pampilla de Repsol Perú recibió el máximo reconocimiento del programa Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente (MINAM), al alcanzar la Cuarta Estrella. Este logro consolida el liderazgo de la refinería en la gestión de gases de efecto invernadero (GEI) y en el sector energía del país.

La certificación, desarrollada por el MINAM, tiene como objetivo fomentar la medición, verificación y reducción sostenida de las emisiones de GEI en organizaciones públicas y privadas. Con esta distinción, la refinería demuestra un compromiso constante al optimizar su indicador de desempeño frente a su producción neta.

Julián de la Calle, director de Refinería La Pampilla de Repsol Perú, señaló que el logro es un reflejo del trabajo continuo: “este reconocimiento, al igual que en 2024, es un reflejo del esfuerzo continuo de nuestro equipo por operar con los más altos estándares ambientales. Reafirmamos nuestro compromiso con la transición energética y seguiremos impulsando iniciativas que contribuyan a la reducción de la huella de carbono en el país”.

En el marco de sus iniciativas, la refinería logró reducir más de 189,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) respecto a los niveles de 2017. Esta disminución es equivalente a lo generado por más de 120 mil autos medianos al año. Además, en 2024 la compañía inauguró la ampliación de la Unidad de Producción de Gasolinas, permitiendo incrementar en un 20% la producción de combustibles de menor impacto ambiental.

Fuente: Stakeholders