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Celebración sin reconocimiento
Junio es el sexto mes del año y en el que se celebra el Día del Orgullo. La revueltas de Stonewall sucedidas en Nueva York en 1969 marcaron un hito importante. Aquella madrugada del 28 de junio de ese año, la policía estadounidense visitó el bar Stonewall Inn como lo hacía rutinariamente con otros centros nocturnos. Su misión era ver la seguridad y arrestar a quienes tuvieran alguna conducta impropia o «escandalosa». Por ello, las fuerzas del orden normalmente arrestaban a las personas de la comunidad LGTB. No obstante, aquel día, en pleno operativo, los asistentes al bar se resistieron. Y esa resistencia duró las días y semanas siguientes.
Lo sucedido en los Estados Unidos abrió una puerta importante en la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual porque se estableció el 28 de junio como un día para reivindicar y celebrar las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género. En Lima, cada año se realiza la conocida Marcha del Orgullo en el Centro Histórico de Lima. Asimismo, también se lleva a cabo esa actividad en el interior del país. Sin embargo, al margen de ese evento importante, ¿cuánto ha avanzado el Perú en materia de derechos humanos?
Al día de hoy, las personas homosexuales aún no pueden contraer matrimonio o establecer una unión de hecho con la persona que han elegido para compartir un proyecto de vida. Ello implica una serie de problemáticas porque ante la ley, ambas personas, son completamente desconocidas. Ninguna de ellas puede decidir sobre la otra en caso su vida esté en peligro o visitarla en la cárcel como pareja. Tampoco puede formar parte del patrimonio a menos que en paralelo se realice un trámite notarial, lo cual no debería ser necesario si en la actualidad las personas heterosexuales solo con casarse y previa aprobación de ellos, ya pueden compartir sus bienes. El camino es largo y el Perú va a paso lento.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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