Nacional
Científicos peruanos estudian la genética de alpacas para mejorar la calidad de su fibra – Realidad.PE
Por Diego Sánchez Valdivia
Cada 1 de agosto se celebra el Día Nacional de la Alpaca, con el objetivo de difundir la importancia de uno de los dos camélidos sudamericanos domésticos del mundo, en donde Perú destaca como el primer productor de su fibra, al contar con el 87% de la población mundial, superando los 4.3 millones de ejemplares. En este contexto, un equipo de científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) impulsa un proyecto de secuenciación genética con 1,500 alpacas en Puno con el propósito de optimizar la calidad de su fibra y fortalecer la industria textil peruana.
Denominada ‘producto bandera’ desde 2004, la fibra de alpaca es una de las más finas del mundo y supera en calidad a la de cachemir y a la lana de oveja, por lo que es altamente valorada y solicitada en las tiendas más exclusivas del extranjero por su extrema suavidad, calidad, resistencia y autenticidad. De acuerdo con reportes a nivel nacional, cada año se exporta cerca de 200 millones de dólares en productos basados en fibra, tejidos, prendas y otros artículos derivados de este camélido, principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia.
Con el objetivo de seguir impulsando el sector textil peruano, MGI Tech Co., Ltd. (“MGI”), empresa comprometida con la creación de herramientas y tecnologías básicas que impulsan la innovación en las ciencias de la vida, junto a la Universidad Agraria de La Molina (UNALM) e Inca Tops, promueven la investigación genética de 1,500 alpacas de Puno, en las que se estudia su ácido desoxirribonucleico (ADN) para identificar marcadores moleculares en sus genomas, y así optimizar la calidad y finura de su fibra y rescatar sus colores naturales.
En diálogo con la Agencia Andina, el Dr. Gustavo Gutiérrez, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien está a cargo de la extracción del ADN de estas especies, destacó que la implementación de la genómica en la industria alpaquera brinda diversos beneficios, como mejorar la calidad de la fibra de alpaca e impulsar el desarrollo de 120 mil familias de productores de las zonas altoandinas del país.
El Dr. Gustavo Gutiérrez añadió que este proyecto no solo mejora la genética de las alpacas para fortalecer su crianza y producción, sino también aporta con la construcción de conocimiento científico. “El Perú alberga más del 80% de la población mundial. Se han hecho investigaciones con apoyo de afuera, pero es muy poco. Por ello, como país nos corresponde hacer esta contribución desde nuestra institución para ampliar el conocimiento básico y aplicado de la genética de alpacas, e implementarlo en programas de mejora genética de los rebaños. Así, de manera indirecta, también mejoramos los niveles de vida de los criadores de alpacas del Perú”, resaltó el investigador de la UNALM.
Tras establecer una alianza estratégica con MGI Tech, los investigadores han asumido el reto de adaptar la fibra de alpaca a los parámetros de calidad que exigen la industrias textil y de la moda a nivel mundial, tales como la comodidad, elasticidad, suavidad, uniformidad y finura. El nivel de este último atributo, según el experto, está asociado a la medulación, un indicador que alude a la presencia de la médula, un canal celular que se encuentra al interior de cada fibra y que, según el volumen que ocupa, incide directamente en el confort y propiedad termorreguladora de la prenda producida.
El ingeniero zootecnista señaló que si bien la tela ya ha logrado niveles aceptables de suavidad en las últimas pruebas de validación, estudios recientes demuestran que la fibra de alpaca gruesa, de menos confort, sigue causando la sensación de picazón o escozor en la piel, cuya intensidad no es la misma para todas las personas.
Por ello, la nueva investigación conjunta se centrará en el análisis del genoma (conjunto completo de ADN en una célula) para rastrear la herencia genética de los caracteres asociados a esta sensación de picazón, con énfasis en la estructura medular que presentan algunas fibras. Para determinar el porcentaje de médulas, el Dr. Gutiérrez indicó que es preciso caracterizar el genoma y genotipo de medición (en este caso, fibras medulares) de una gran población de alpacas.
Aunque la medulación confiere propiedades únicas a la fibra de alpaca, su incidencia es variable. Por lo tanto, su estudio y evaluación se ha vuelto crucial para garantizar el concepto de calidad. Existen 5 tipos de medulación en la fibra de alpaca: la fibra fuertemente medulada, medulada continua, medulada discontinua, medulada fragmentada y finalmente la fibra no medulada.
Recientes investigaciones han demostrado que las fibras fuertemente meduladas reducen el confort y uniformidad del vellón, provocando que las prendas causen picazón, debido a la rigidez que la médula concede a la fibra.
En ese sentido, la investigación liderada por el Dr. Gutiérrez busca reducir al mínimo la incidencia de este tipo de medulación a fin de optimizar la calidad de las fibras de alpaca desde una perspectiva de producción y procesamiento textil.
“Algunas fibras tienen hasta 60 por ciento de medulación y otras poseen un 20% o 30%”, dijo Gutiérrez”. “La idea es reducir el promedio mediante una selección tradicional de la fibra que, a la fecha, viene funcionando. Hemos podido reducir el promedio hasta cerca de 20%, pero la idea es acelerar el proceso utilizando información genómica para tener, en un corto plazo, fibras con bajo porcentaje medular”, añadió.
Para la extracción de ADN de alta calidad orientado al análisis genómico, los investigadores de la UNALM, en colaboración con trabajadores de Inca Tops, recolectan muestras de tejidos sanguíneos y de pelo de alpaca que luego son enviadas a los modernos laboratorios de MGI Tech, en Sao Paulo, Brasil. Allí, con ayuda de máquinas y tecnología de vanguardia, el personal técnico especializado realiza la secuenciación genética, cuyos resultados son proporcionados como ‘data cruda’ a los investigadores para su posterior análisis e interpretación.
Aunque es difícil precisar en cuánto tiempo se podría reducir el proceso de secuenciación genética, el experto refirió que, en el caso de las alpacas, la mejora genética se observa en los hijos de los ejemplares seleccionados en un intervalo aproximado de 6 a 7 años. En caso de que los resultados de las pruebas recientes sean exitosos, el doctor indicó que su equipo de investigación podrá reducir el tiempo aún más aplicando una moderna técnica biotecnológica denominada Selección Genómica (SG), por la cual se seleccionan los mejores individuos sobre la base del valor de cría estimado o valor de la progenie (GEBV).
“En nuestro caso, la selección genómica consiste en identificar al mejor padre y a la mejor madre con base en una estimación de su mérito genético”, explicó el investigador. “Este valor depende de características como el diámetro de fibra, que buscamos si queremos afinar la fibra. Buscamos valores que sean menores. Si es negativo es mejor porque eso indica que el animal tiene un valor genético para afinar la fibra. Si queremos incrementar por decir el peso de vellón del animal, buscamos animales que tengan valores positivos y valores altos”, añadió.
Tras el proceso de esquila, que consiste en cortar la fibra de la alpaca cuando ha alcanzado una longitud adecuada, se calcula el diámetro de fibra de cada ejemplar y se recopila información sobre el peso de vellón, lo que permite trazar una genealogía de los camélidos, es decir, el estudio y seguimiento de su ascendencia y descendencia. Luego, a través de métodos estadísticos, se calcula el valor de mérito genético y se seleccionan los animales de menor valor para el diámetro de fibra y los de mayor valor para el peso del vellón.
“Uno pone estos valores en una especie de índice y ubica los mejores animales y los aparea. Para esta metodología hay que esperar que el animal llegue a la primera o segunda esquila, que tarda, después de nacido el animal, entre 1 a 2 años. La selección genómica nos permitiría tener una estimación de este valor de mérito genético a una edad muy temprana del alpaca, básicamente hasta apenas nace. Así se puede acelerar la selección y acortar el intervalo generacional que es bastante alto en la alpaca en comparación con otras especies ganaderas”, explicó.
Antes de aplicar la técnica de Selección Genómica, el investigador de la UNALM señaló que se deben implementar registros de caracteres productivos (diámetro de fibra, peso de vellón, etc.) y genealogía de los animales en más rebaños a nivel nacional, con el objetivo de acelerar el desarrollo de su tecnología, y reforzar la confiabilidad y validez de las metodologías de investigación que han elaborado.
Por otro lado, el Dr. Gutiérrez resaltó la importancia estratégica de América Latina en la intensificación de los estudios de secuenciación genética en alpacas: “Básicamente, para la alpaca dentro de su país debería potenciar e invertir más en generar conocimiento básico y desarrollo de tecnologías”.
¿Cómo se recolectan las muestras de ADN?
Los investigadores usan kits comerciales para extraer el ADN y luego evaluar su calidad bajo criterios como una buena concentración e índice de integridad. El primero es una medida de la cantidad de ADN en un microlitro de solución, que implica la separación del ADN de los componentes de la reacción in vitro, o de los fragmentos de gel de agarosa. En tanto, la integridad se define como la ausencia de roturas tanto de una o dos hebras como de la ausencia de modificaciones de nucleótidos en el ADN
Un requisito para el análisis genómico es que el material genético debe permanecer íntegro, es decir, sus cadenas que se enroscan y forman un espiral parecido a una escalera de caracol deben estar juntas en todo momento. Una vez enviados al laboratorio de Sao Paulo, el personal técnico realiza una secuenciación de baja profundidad del ADN con diversos equipos, principalmente los secuenciadores de ADN, que ayudan a determinar el orden de los cuatro componentes básicos químicos, llamados (‘bases’) que forman la molécula de ADN: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).
La secuenciación del genoma de baja cobertura se refiere a la secuenciación de un genoma a una profundidad relativamente baja, lo que generalmente resulta en una cobertura incompleta de todo el genoma.
El protocolo de secuenciación genética también incluye la creación de una biblioteca de ADN, que consisten en una colección de clones de vectores que contienen fragmentos de DNA y es diseñada de tal manera que, mediante un determinado sistema de selección, se pueden llegar a separar los clones de interés. En otras palabras, se trata de una representación de todo el conjunto de ADN.
Para garantizar una buena integridad y concentración del ADN, se debe cumplir con un estricto protocolo de seguridad desde la extracción del tejido hasta la refrigeración para su conservación, debido a la distancia entre Puno y Lima, donde se encuentra el campus de la UNALM.
En cuanto al índice de integridad, el doctor indicó que su equipo de investigación sigue afinando algunas técnicas para lograr secuenciar un ADN más puro, entre ellas: lavados; centrifugación y una serie de reactivos químicos que incluyen mezclas con detergentes, proteínas o enzimas. “Como se sabe, el ADN está dentro del ADN nuclear. Por ello, primero hay que romperla para liberar las células, y luego rompemos la membrana celular y la membrana nuclear. En palabras sencillas, el ADN tiene proteínas que le ayudan a estar empaquetado. Entonces, hay que quitar las proteínas y disolverlas para que solo quede el ADN solo purificado”, explicó el doctor.
Tanto en laboratorios de la UNALM como en los de instituciones aliadas, los investigadores trabajan con pequeños volúmenes de material genético—del orden de 100 microlitros, en promedio—, por lo que precisan de los siguientes instrumentos: centrífugas, microcentrífugas, micropipetas (para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos), un vortex (para mezclar los reactivos químicos con el ADN), y un termoblock (un equipo para calentar muestras en diferentes contenedores o tubos sin utilizar líquidos).
Para garantizar la calidad del ADN se utilizó el NanoDrop One, un espectrofotómetro UV-VIS de barrido espectral. Este instrumento está basado en fluorometría, un método de análisis por el cual se mide la intensidad de la radiación que emite un material fluorescente al ser excitado con luz ultravioleta.
Por otro lado, para medir la integridad del ADN se ha empezado a usar recientemente un TapeStation, una plataforma de electroforesis automatizada económica y de bajo rendimiento para el control de calidad de muestras de ácidos nucleicos. Este dispositivo ofrece una alternativa automatizada a la electroforesis en gel tradicional, lo que permite a los investigadores analizar la cantidad y el tamaño de muestras de ADN o ARN de tan solo unos pocos microlitros.
A la fecha, la investigación se viene realizando en la Facultad de Zootecnia de la UNALM, en colaboración con el Programa de Mejoramiento animal y el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, con el fin de promover acciones conjuntas para incrementar el conocimiento sobre la genética de la fibra de alpaca y otros recursos naturales del Perú.
Una investigación de largo aliento
Además del trabajo con MGI Tech e Inca Tops, el Dr. Gutiérrez resaltó que, desde hace más de una década, los investigadores de la UNALM, en colaboración con universidades e instituciones públicas, impulsan el estudio de la genética de las alpacas recolectando muestras en diferentes departamentos del país, como Puno, Arequipa, Junín y Pasco. Entre estos aliados enfocados en el desarrollo agrario destacan el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, la Universidad de Minessota, la Universidad de Texas A&M y la Universidad Estatal de Iowa.
El objetivo de estas investigaciones preliminares fue obtener mayor información sobre la genómica de las alpacas y, sobre todo, descubrir una gran cantidad de marcadores moleculares que permitan conocer la herencia de algunos caracteres de importancia genómica, como el diámetro de fibra.
Objetivos a futuro
La investigación conjunta con MGI inició en junio del 2024 y continuará hasta marzo del 2025 en los distritos de Melgar y Ñuñoa de la provincia de Melgar, Puno, bajo los 4,000 m s. n. m. La recolección de las muestras de las alpacas está a cargo de Inca Tops y su Estación Científica Pacomarca, la cual es la más avanzada a nivel mundial en esta materia.
Durante los próximos meses, los investigadores se enfocarán en identificar las regiones genómicas asociadas al porcentaje de fibras medulares, así como los cromosomas donde se ubican, a fin de presentar la propuesta de un programa de selección genómica de las alpacas. Dado que los resultados de la investigación tardarán años, el objetivo de los científicos de la UNALM es seguir desarrollando su proyecto conjunto con Inca Tops hasta llegar a un nivel de aplicación más alto que permita su escalamiento industrial en diferentes regiones del país.
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Actualidad
El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú
Roberto C. Parra[1]
Consultor forense internacional
Vocero de CONADEMI
De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.
La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia
La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]
Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.
El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.
En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.
Pataz: una crisis que trasciende La Libertad
Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.
El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]
Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]
La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.
Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.
El poder económico y la seguridad armada
Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.
En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]
En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.
Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.
En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.
Zimbabue: la normalización de las muertes evitables
La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.
En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.
Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?
No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.
República Democrática del Congo: la economía de la violencia
Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.
En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.
Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.
Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.
Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.
El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional
En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.
La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]
La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.
Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]
Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.
La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.
Cuando el oro vale más que la vida
Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.
Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.
La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.
Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.
La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.
Notas y referencias
[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.
[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.
[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.
[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].
[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120
[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.
[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos
[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182
[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.
[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.
Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf
Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.
[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.
Actualidad
Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario
Una resolución de Cenares, organismo del Ministerio de Salud, dispone gestionar la devolución de una penalidad a la farmacéutica, cuestionada por el suministro de suero fisiológico de procedencia china.
La empresa Alkofarma E.I.R.L. vuelve al centro de la polémica luego de que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), reconociera la devolución de S/ 404,528.69 por una penalidad aplicada a la compañía.
La decisión consta en la Resolución Directoral N.° 202-2026-CENARES-MINSA, firmada el 23 de septiembre por Patricia Suárez Beyodas, directora general de Cenares, y sustentada en un acuerdo de conciliación.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por una contratación superior a S/ 31 millones para el suministro de suero fisiológico importado de China, producto sobre el cual se reportaron observaciones técnicas, según investigaciones periodísticas.
Asimismo, el diario Del País denunció que la empresa habría sido favorecida con reconocimientos de deuda superiores a S/ 5 millones, además de la devolución de la penalidad.
Si bien la resolución acredita que Cenares reconoció el derecho a recuperar dicho monto, no confirma que el dinero ya haya sido desembolsado ni demuestra por sí sola una irregularidad.
El Ministerio de Salud debe esclarecer los fundamentos de estas decisiones, las observaciones realizadas al producto y las condiciones bajo las cuales se autorizó la devolución de la penalidad, en un caso que involucra millones de soles destinados a la salud pública.
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