Días antes del asesinato de Rolando Marcos Arango y Víctor Santisteban Yacsavilca ocurridas el 28 de enero en Lima, durante las protestas que demandan la renuncia de Dina Boluarte y Alberto Otárola, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya había advertido de ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en todo el país.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva, y Mar Pérez, responsable de Unidad de Defensores, de la CNDHH, presentaron en conferencia de prensa, el 26 de enero, el informe “50 día de represión en el Perú. Vulneraciones a los derechos humanos en movilizaciones”, donde registran, con pruebas, masacres, torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes de lesa humanidad, así como acusaciones por terrorismo sin sustento, negación de atención médica y ayuda legal a detenidos, y uso de armamento de guerra contra manifestantes.

Calificaron como responsables al Ejecutivo y el Legislativo, que no hacen nada para resolver la crisis, que ha cobrado la vida de alrededor de 60 personas, según cifras oficiales, incluyendo 7 menores de edad, así como más de un millar de heridos.

De acuerdo al informe, hasta el 26 de enero se registraron 46 ejecuciones extrajudiciales, con uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, canicas de vidrio y balas, uso de fusiles automáticos (AKM en el caso de la PNP y fusiles GALIL en el caso del ejército), bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo y más.

El uso indiscriminado de la fuerza, sostiene el informe, se realiza no solo contra manifestantes, sino también contra transeúntes, personas que prestan ayuda médica y periodistas. Entre las torturas se reportan golpizas durante reclusión, exposición al frío extremo y privación de alimentos y confinación en espacios reducidos sin iluminación.

Revisiones íntimas, desnudamiento, tocamientos indebidos y agresión sexual múltiples al interior de una dependencia policial han sido registradas por la CNDDHH.

De acuerdo al informe, se ha detectado policías encubiertos que instigan a manifestantes a cometer disturbios, incluyendo en grupos de whatsapp y afines.

Asimismo, se ha detectado sembrado de pruebas incriminatorias. Es el caso de un detenido en Pichanaki (Chanchamayo, Junín), donde la policía le sembró droga y denunció por tráfico de estupefacientes a un activista. También en Lima, se pudo constatar que los machetes “descubiertos” en la Confederación Campesina del Perú y presentados como “pruebas” eran nuevos y tenían todavía las etiquetas del supermercado.

“Hemos documentado situaciones de tortura sexual, como es el caso de una mujer conducida a una comisaría y tocada por múltiples efectivos policiales, que se reían mientras la sometían a esta vejación”, recordó Mar Pérez, durante su intervención, y luego alertó de que “se está construyendo una arquitectura para a la impunidad”, pues la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha desmantelado las fiscalías de derechos humanos. De las 12 que tenían, solo quedan 7, por lo que hay menos especialistas para investigar vulneraciones de derechos humanos y menos recursos logísticos.

Señalaron que el régimen criminaliza a los manifestantes, realizando detenciones masivas arbitrarias, que incluyen menores de edad, adultos mayores, vendedoras ambulantes, entre otros.

“Se usa la figura de terrorismo para quienes protestan, incluso personas que solo recaban dinero para apoyar a los heridos. Hemos visto carpetas fiscales donde se vinculan a personas con el terrorismo, como el caso de una estudiante de San Marcos, por haber albergado a manifestantes de la sierra del Perú dentro del campus de la universidad, y esto significa que se le puede condenar a 20 años de prisión sin haber puesto una bomba o haber matado a alguien”, informó Pérez.

El régimen no solo criminaliza a manifestantes, sino también a periodistas y personas que brindan ayuda legal.

“A un compañero le enviaron una foto de su hija de ocho años y le han dicho que si no se retira de las movilizaciones, su hija va a pagar los platos rotos”, dijo.

Alertó de sospechosa las declaraciones de la fiscal de la Nación que señala que a Dina Boluarte se la va a investigar por genocidio, cuando ese tipo penal no se configura, por lo que hay el temor de que esa sea una cortina de humo para que cuando la carpeta fiscal llegue al Congreso se rechace y paralice la continuidad de las investigaciones.

La CNDDHH demostró que estos crímenes de lesa humanidad no son hechos aislados, sino que estamos ante una política de Estado, pues las matanzas suceden en diferentes partes del Perú, existe un marco legal de estado de emergencia y hay declaraciones públicas de Dina Boluarte, entre otros miembros del Ejecutivo, que impulsan la represión, por lo que no solo hay responsabilidad política, sino también responsabilidad penal.

“Por tratarse de crímenes de lesa humanidad, no podrán prescribir. No sabemos cuántos años pasará, pero (Dina Boluarte) tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales”, finalizó, a la vez que informó que estas violaciones a los derechos humanos son reportadas oportunamente a la CIDH y las Naciones Unidas.