El Consejo de Ética del CAL sancionó por seis meses a la fiscal suprema al considerar que vulneró principios de probidad y transparencia al intervenir indirectamente en una investigación sensible.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) resolvió suspender por seis meses a Patricia Benavides Vargas en el ejercicio de la abogacía, tras determinar que incurrió en una falta ética grave al intervenir de manera indirecta en una investigación que comprometía a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación. La sanción se sustenta en la vulneración de principios esenciales del Código de Ética del Abogado y puede ser impugnada dentro del plazo legal.

La resolución del Consejo de Ética

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 03-365-2024, que declaró fundada en parte una queja presentada por Martha Cuentas Anci, directora ejecutiva de la asociación civil Fomento de la Vida (Fovida). En el documento, el Consejo de Ética concluye que Patricia Benavides incumplió los principios de probidad, transparencia, veracidad y buena fe al adoptar decisiones funcionales que incidieron en una investigación penal seguida contra su hermana.

Según la resolución, la entonces fiscal de la Nación dispuso el cese de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional en un contexto directamente relacionado con las pesquisas contra Emma Benavides, investigada por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal. Para el órgano disciplinario del CAL, esta actuación configuró una interferencia indirecta incompatible con los deberes éticos de la profesión.

Compromisos previos y contradicción funcional

El Consejo de Ética recordó que, durante su postulación al cargo de fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patricia Benavides declaró expresamente que no tendría injerencia en procesos donde estuviera involucrado algún familiar. Sin embargo, una vez en funciones, adoptó decisiones que, a juicio del CAL, contravinieron dicho compromiso.

Este elemento fue considerado relevante para calificar la conducta como falta ética grave, al evidenciar una contradicción entre la declaración institucional previa y el ejercicio efectivo del cargo.

El contexto del caso Emma Benavides

Emma Benavides Vargas afronta una investigación fiscal por presuntamente haber recibido sobornos de organizaciones vinculadas al narcotráfico a cambio de resoluciones judiciales favorables. En diciembre de 2023, el programa Cuarto Poder difundió el testimonio del narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, quien afirmó haber entregado pagos a través del abogado Walter Mendoza Pérez, presunto intermediario de la magistrada, a quien se referían con el alias de “La Doña”.

Según dicho testimonio, los pagos ascenderían a 150 mil soles por resoluciones judiciales que permitieron la liberación de personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Estos hechos forman parte de investigaciones en curso y no cuentan, hasta el momento, con sentencia firme.

Quejas desestimadas y presunción de inocencia

En la misma resolución, el Consejo de Ética del CAL desestimó otras denuncias formuladas contra Patricia Benavides. Entre ellas, la referida a la aceptación de una condecoración pública otorgada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, al no acreditarse una relación procesal directa entre ambos.

Asimismo, se rechazaron las quejas vinculadas a una presunta falta de transparencia por no exhibir tesis académicas de posgrado, al no existir obligación legal de registro en la fecha de su sustentación. De igual modo, el CAL descartó la imputación de liderazgo de una organización criminal, al no haber sentencia firme ni pruebas suficientes, invocando el principio de presunción de inocencia.

Implicancias institucionales

La sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Lima se circunscribe exclusivamente al ámbito ético-profesional y no implica, por sí misma, responsabilidad penal ni administrativa. No obstante, se produce en un contexto de tensión institucional en el sistema de justicia, marcado por investigaciones cruzadas, cuestionamientos a la independencia funcional y debates sobre los límites del control disciplinario.

Patricia Benavides integra actualmente la Junta de Fiscales Supremos, órgano máximo del Ministerio Público, lo que confiere a la sanción un impacto institucional relevante, aunque limitado a su condición de abogada colegiada.

Próximos pasos

De acuerdo con la resolución, la suspensión podrá ser impugnada dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación, conforme al procedimiento disciplinario del CAL. En paralelo, las investigaciones fiscales vinculadas al caso de Emma Benavides continúan su curso en las instancias correspondientes.

Panorama

La suspensión de Patricia Benavides por parte del Colegio de Abogados de Lima marca un pronunciamiento ético relevante sobre el ejercicio del poder fiscal en contextos de conflicto de intereses familiares. La decisión no adelanta responsabilidades penales, pero fija un precedente disciplinario en torno a los estándares de conducta exigibles a quienes ocupan los más altos cargos del sistema de justicia peruano.