En Colombia, diez exmilitares retirados admitieron su responsabilidad en la ejecución de más de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
En una histórica audiencia realizada en la zona de Ocaña, región de Santander, los exuniformados reconocieron ante los familiares de las víctimas por desaparecer a 120 jóvenes en este departamento para luego asesinarlos a sangre fría.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un batallón ubicado en la entrada del pueblo de unos 100,000 habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.
La mayoría de estos “falsos positivos” ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que siempre ha sostenido que se trató de actos aislados.
