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Colombia: hijo del presidente Petro cooperará con la justicia tras acusación por lavado de dinero
El delito por lavado de activos implica una pena entre 10 y 30 años de cárcel; enriquecimiento ilícito, 5 a 10 años
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, aceptó estar dispuesto a colaborar con la justica e informar hechos de corrupción. Esto a raíz de que la Fiscalía le imputó los delitos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, son graves acusaciones las que enfrenta. El lavado de activo involucra una pena de cárcel entre 10 y 30 años, mientras que el enriquecimiento ilícito entre 5 a 10 años.
La Fiscalía, además, imputó a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez. El pasado sábado también fue arrestada por lavado de activos y violación de datos personales. Este último delito tiene una pena mínima de cuatro años y un máximo de ocho.
Evidencias de la Fiscalía
El hijo de Petro fue detenido por una investigación comenzada en marzo por la Fiscalía. El proceso inició después de que su exesposa confesara que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña electoral de su padre. Finalmente, este dinero nunca llegó a su destino, puesto que se usó para incrementar el patrimonio personal.
El caso cobró relevancia el sábado cuando la pareja fue esposada en dos operaciones. Primero, en Barranquilla y luego fueron transportados a la Fiscalía de Bogotá. En la audiencia, Nicolás admitió cooperar con la justicia, pero negó los cargos que se le imputan.
«Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino», mencionó Petro Burgos.
Vásquez, quien reveló y detonó el escándalo, mostró su disposición de colaborar con la justicia para lograr rebaja de penas.
«Ante la contundencia y suficiencia de las pruebas presentadas, de manera voluntaria los procesados anunciaron a la Fiscalía su voluntad de colaborar con la justicia. Brindarán información relevante que conduzca a una terminación anticipada del proceso judicial», aclaró la Fiscalía.
Por otro lado, Mario Burgos, fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitó que se garantice la seguridad a Petro Burgos y a Vásquez.
«No hay ninguna duda de que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público», señaló el fiscal al hijo del presidente mediante una audiencia.
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Millones sin explicación
Cuando se llevó a cabo la audiencia, se supo de las millonarias cifras que manejó Petro Burgos en los dos últimos años. De acuerdo a la Fiscalía, este aspecto no tiene argumento porque su salario como diputado es de 13 millones de pesos anuales (3200 dólares) y no presenta alguna otra fuente de ingresos.
Asimismo, según el fiscal, en 2020 el acusado adquirió una casa en la localidad de Tubará (Atlántico) por 335 millones de pesos (85,000 dólares de hoy). Mientras que en septiembre del 2022 pagó por otra vivienda un total 696 millones 250,000 pesos (174,000 dólares).
«Daysuris, ya vamos a tener dos casas», dijo con un tono burlesco el fiscal, con respecto a esta situación.
Asimismo, el funcionario sostuvo que Petro Burgos pagó por alquileres en distintas residencias en aquel período. En diciembre pasado adquirió un automóvil Mercedes Benz por 200 millones de pesos (50,000 dólares).
«Nada de eso es de salarios o leasing», manifestó el fiscal. Recordó que durante el 2022 los ingresos de Petro Burgos fueron de 280 millones 331,394 pesos (70,000 dólares).
También en su explicación, puntualizó que Petro Burgos aumentó su patrimonio en 1,053 millones de pesos (263,000 dólares). Pero no son generados de su trabajo como diputado. Por lo que refirió a ese dinero como representación de un “incremento patrimonial injustificado”.
Finalmente, el proceso contra su expareja seguirá el jueves 3 de agosto. Será después de que se revise la información que el hijo del presidente juró ofrecer vinculado a casos de corrupción.
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EXCLUSIVA: Venezuela designa nuevo embajador en Perú en medio del acercamiento con Trump
Venezuela se prepara para designar un nuevo embajador a Perú en un momento de profundos cambios en el hemisferio occidental. José Márquez García será el nuevo embajador de Venezuela en Lima, confirmaron fuentes cercanas en exclusiva a Epoch Times Español.
Su designación se produce durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; representantes del gobierno de Colombia, y funcionarios de la administración Trump tienen previsto reunirse hoy en Nueva York para abordar asuntos relacionados con la seguridad nacional y regional.
En conversación exclusiva con el medio, Márquez explicó cuáles serán las prioridades que buscará impulsar durante su misión diplomática.
“Mi principal misión es trabajar en las necesidades de dos millones de venezolanos en Perú, aportar orden documental y trabajar en la seguridad binacional contra el crimen transnacional”, dijo Márquez a Epoch Times en Español. “Vengo a resolver y a trabajar con transparencia, sin corrupción”.
Márquez, quien ha estado trabajando para el gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia, señaló que uno de los primeros desafíos será consolidar la reapertura de los canales diplomáticos entre Lima y Caracas, después de la ruptura de relaciones de 2024.
“El gobierno venezolano que voy a representar se compromete a ordenar su migración, a cooperar en seguridad y a trabajar con transparencia. No pedimos nada a cambio que no sea trabajar juntos. Queremos ser parte de la solución”, añadió Márquez.
El diplomático venezolano dijo que llega también con una agenda enfocada en la comunidad venezolana. “Conozco la necesidad del venezolano a pie, del migrante que llegó a otro país a buscar una mejor calidad de vida y sus principales problemas que se presentan en el Perú”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente 1.2 millones de venezolanos residían en Perú en 2025, lo que representaba el 81.8 % de la población extranjera residente en el país.
El nombramiento de Márquez, de 36 años, llega además en un contexto en el que ambos países buscan coordinarse frente al crimen transnacional.
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre trata de personas identificó al Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela, como uno de los grupos involucrados en actividades delictivas transnacionales en Perú.
Perú y Venezuela reabren el canal diplomático
El nombramiento de Márquez ocurre apenas semanas después de que Lima y Caracas empezaran oficialmente a reanudar sus relaciones.
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El 86.5% de las mypes peruanas opera en la informalidad, más que antes de la pandemia
ComexPerú plantea flexibilizar la jornada mínima y el límite de ventas del Nuevo RUS para adaptar la regulación laboral y tributaria a la realidad de estos negocios.
En 2025, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron 99.5% de las empresas del país y generaron 8 millones de empleos, casi la mitad del total nacional, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), recogidas por ComexPerú. Pese a ese peso, la informalidad de estos negocios superó los niveles prepandemia: la tasa, medida como la ausencia de registro ante la Sunat, subió de 83.8% a 86.5% entre 2019 y 2025, incluso con menos mypes que antes (5 950 196 al cierre del año pasado, 118 035 menos que en 2019). La mayor parte de esa caída se concentró en el segmento formal, con 179 233 negocios formales menos que antes de la pandemia.
ComexPerú atribuye este estancamiento a la falta de desarrollo de competencias dentro de las mypes, pues el Índice de Capacidad Formal de las Mypes (ICF) obtuvo 24.8 puntos en 2025, un resultado menor al de 2015 y que mantiene al país estancado por más de una década en esta materia. Casi 70% de los dueños de mypes emprendió por motivos económicos, principalmente de subsistencia; solo 21.2% señaló un interés genuino en operar de forma independiente. Apenas 48.9% de estos negocios cuenta con un local propio y, dentro de ese grupo, la mayoría carece de al menos un servicio básico.
Frente a esta realidad, ComexPerú propone dos ajustes normativos: reemplazar el criterio actual, que obliga a pagar la remuneración mínima vital completa a quien trabaja cuatro o más horas diarias en promedio, por un límite de 24 horas semanales con una remuneración mínima por hora; y evaluar el límite de ventas del Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) a partir del promedio mensual, en lugar del monto puntual, para no penalizar a los negocios con ventas estacionales. Según el gremio, más de 90% de los trabajadores de las mypes no tiene un sueldo fijo y trabaja en promedio 23.5 horas a la semana.
Fuente: ComexPerú
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