Política
Comisión emite nuevo informe para destitución de miembros del JNJ
Luego de las críticas al primer informe de la Comisión de Justicia del Congreso, que recomendaba remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ayer se emitió un nuevo informe, que agrega una nueva causal para adoptar dicha medida.
Ahora se considera “falta grave” en tres casos: 1) Injerencia en el Congreso por pronunciarse en respaldo a Zoraida Ávalos. 2) Interpretación de la edad límite a fin de que Inés Tello siga integrando el organismo. 3) No presentar a tiempo el informe anual ante el pleno del Parlamento.
Esta medida fue tomada ante la solicitud de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para iniciar una investigación sumaria contra la JNJ, por entrometerse en otro poder del Estado, mantener a una integrante pese a que superó el límite de edad y desobedecer la Cabe señalar que la JNJ cuestionó el proceso, definido en la Constitución, contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que desembocó en su inhabilitación para el ejercicio público.
Hace unos días, se supo que el informe final del grupo de trabajo, presidido por Janet Milagros Rivas (Perú Libre), decidió desestimar las imputaciones contra la JNJ, pero posteriormente se acordó la factibilidad de la remoción de los miembros del TC: Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry, Inés Tello e Imelda Tumialán.
OPINIONES DIVIDIDAS
- Martha Moyano (FP): “El Congreso pone orden, simplemente. El Congreso actúa en función de la Constitución”.
- Patricia Juárez (FP): “Se ha hecho un análisis de cada uno de los hechos que se imputan y, efectivamente, en algunos de ellos se ha determinado que existe causa grave”.
- Flor Pablo (No agrupada): “Lo que está haciendo el Congreso en este momento es de una impunidad y un autoritarismo tremendo”.
- Sigrid Bazán (CD-JPP): “El texto que ha sido manipulado y tergiversado al revés y derecho”.
Política
Entorno de Narváez sigue en Petro Perú
El expresidente de Petro Perú Alejandro Narváez, a pesar de haber sido retirado de una manera denigrante de la presidencia del directorio de la empresa estatal, continúa manteniendo en puestos clave de Petroperú a todo su entorno con complicidad de la actual gestión. Entre ellos está la asistente de presidencia Ángela Vizcarra, quien posee acceso a información sensible y se jacta de tener mucho poder y actúa como mano derecha y ojos y oídos del actual presidente. También, el asesor de comunicaciones Gian Carlo Mendoza, conocido por haber sido asesor del ex ministro y ex gerente general Óscar Vera, así como otras personas que llegaron con Narváez y continúan contratadas con altos salarios y teniendo acceso a información privilegiada.
Política
Martín Vizcarra descarta asilo diplomático y ratifica que asistirá a la lectura de su sentencia
El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, descartó de manera categórica haber gestionado asilo diplomático ante una eventual condena por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, investigaciones por presunto cohecho pasivo propio en el marco del caso Lava Jato.
Durante declaraciones a la prensa, el exmandatario aseguró que enfrentará el proceso judicial y se presentará personalmente en la lectura de sentencia, prevista para el próximo 20 de noviembre, en el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
“Jamás. No hemos hecho ninguna gestión. Lo digo categóricamente: no hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden verificarlo con cualquier embajada o representante diplomático. No hemos solicitado nada”, enfatizó Martín Vizcarra.
Vizcarra critica a la Procuraduría y califica de “improvisada” su actuación en juicio
El exmandatario también cuestionó duramente la intervención del procurador público durante la última audiencia, calificando su exposición como “impropia de un juicio serio”.
“Yo escuchaba al procurador y, con el respeto que se merece, fue una postura nada profesional. Parecía que se ha equivocado, porque aquí cerquita está la Plaza San Martín. No parecía una sala judicial; hablar y hablar sin sustento no contribuye al proceso”, afirmó.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado una pena total de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra: 6 años por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua, además de 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Juárez sustenta que el exmandatario habría recibido sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas con contratos cuando era gobernador regional de Moquegua.
Defensa de Martín Vizcarra: “No hay peligro de fuga”
Por su parte, el abogado defensor del expresidente sostuvo que la actitud de su cliente demuestra plena disposición para colaborar con la justicia y descartó cualquier intento de eludir el proceso judicial.
“Incluso en un escenario negativo, que no va a ocurrir, el comportamiento del señor Vizcarra demuestra que no existe peligro de fuga. Siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales”, señaló la defensa.
Asimismo, el letrado confirmó que Vizcarra asistirá a la audiencia final, donde ejercerá su derecho de autodefensa. “La próxima sesión está obligado a venir, y así lo hará. Su voluntad siempre ha sido someterse a las decisiones judiciales”, añadió.
Vizcarra continuará como jefe de campaña de Perú Primero
Pese a su inhabilitación política, Vizcarra anunció que continuará activo en el ámbito partidario como jefe nacional de campaña de Perú Primero, agrupación que busca participar en las Elecciones Generales 2026.
“Soy jefe nacional de campaña del partido Perú Primero. Voy a acompañar y estar con todos los candidatos para ejercer ese rol no necesito estar habilitado. Seguimos a la espera de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del plazo del proceso interno”, explicó.
El exmandatario insistió en que su participación política no vulnera su inhabilitación, ya que esta le impide ejercer cargos públicos, mas no realizar labores partidarias.

El juicio ingresa a su etapa final
El caso se encuentra en su fase final ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde la defensa de Vizcarra presentará sus alegatos finales el próximo jueves 20 de noviembre.
La Fiscalía sostiene que el exgobernador de Moquegua habría recibido pagos ilícitos de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión regional entre 2011 y 2014.
El proceso judicial se desarrolla en medio de una intensa atención mediática, pues una eventual condena no solo marcaría un nuevo hito en los procesos contra expresidentes del país, sino que también impactaría en la campaña de Perú Primero, partido fundado por el propio Vizcarra tras su salida del poder.
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