Más del 70% de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego. Lima Metropolitana concentra más de 100 casos, 80 de ellos durante el estado de emergencia.

Los primeros 60 días del gobierno de José Jerí han registrado al menos 322 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que aún actualiza sus cifras. Más del 70% de estos crímenes se cometieron con armas de fuego y no hubo un solo día sin homicidios en estos dos meses. Lima Metropolitana concentra más de 100 casos, de los cuales 80 ocurrieron durante el estado de emergencia.

Estado de emergencia sin resultados

El analista de datos Juan Carlos Carbajal señaló que la capital registra más de 100 homicidios en este período. De estos, 80 se produjeron bajo el estado de emergencia. Los distritos de San Martín de Porres y Ate encabezan las estadísticas.

Carbajal destacó que más del 70% de los homicidios fueron causados por proyectil de arma de fuego. Durante los dos meses de gestión de José Jerí no se registró ni un solo día con cero homicidios.

Cifras pendientes de actualización

El Sinadef continúa actualizando su base de datos. Los registros pendientes de días pasados pueden incluir homicidios no contabilizados. Esto significa que la cifra de 322 homicidios podría aumentar una vez se complete el proceso.

Las cifras actuales ya posicionan estos dos meses como un período crítico. La ausencia de días sin crímenes violentos marca un patrón preocupante en la gestión de la seguridad pública.

El año más violento desde 2016

Según los registros oficiales del Gobierno a través del Sinadef, 2025 acumula 2,086 homicidios. El año aún no termina pero ya es el más violento desde 2016. Los datos evidencian un deterioro sostenido de la seguridad ciudadana.

Las cifras contrastan con las medidas de emergencia implementadas. El estado de excepción en Lima Metropolitana no logró frenar la ola de crímenes violentos. Los distritos más afectados continúan registrando casos diarios de homicidios.

La institucionalidad del Ministerio Público entra este miércoles, 10 de diciembre de 2025, en una jornada clave. La Junta de Fiscales Supremos se reúne para determinar quién asumirá definitivamente la Fiscalía de la Nación, luego de la inhabilitación política por 10 años de la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. Su salida, ya irreversible en términos administrativos, obliga a la máxima instancia fiscal a definir a un nuevo titular que conduzca el Ministerio Público en un momento de alta tensión política.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, ha convocado a Junta ordinaria para evaluar el escenario y tomar una decisión concreta respecto a la elección del próximo fiscal de la Nación. La cita se realizará en horas de la mañana y tendrá carácter decisivo: la vacancia definitiva del cargo no deja margen para interpretaciones, a diferencia del periodo previo de suspensión, cuando aún existía la posibilidad legal de retorno de Espinoza antes del término de su mandato.

La incorporación de Luis Arce Córdova: segundo eje del día

De manera paralela, la jornada contempla otro punto trascendental: la reincorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. Actualmente, dos despachos supremos se encuentran ocupados por magistrados provisionales, por lo que su retorno modifica la correlación interna de la Junta.

La restitución de Arce Córdova fue dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 3 de diciembre, luego de que el Poder Judicial anulara sus dos destituciones a través de sentencias de amparo. Ambas sanciones estaban relacionadas con presuntas actuaciones irregulares cuando integró el Jurado Nacional de Elecciones.

Aunque la resolución ya fue remitida al despacho del Ministerio Público, su ejecución administrativa se concretará recién este miércoles. En ese sentido, no se prevé que Arce Córdova participe en la Junta de hoy, sino que quede habilitado oficialmente, posiblemente desde el jueves, una vez publicada su reincorporación en el diario oficial El Peruano.

Su retorno no es un detalle menor. Aporta un nuevo voto en la máxima instancia y marca el inicio de una recomposición interna natural tras la salida definitiva de Delia Espinoza.

¿Quiénes decidirán el futuro del Ministerio Público?

La sesión contará con la participación de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana y el propio Tomás Gálvez. Delia Espinoza queda fuera de todo acto deliberativo por la sanción aprobada por el Congreso.

Fuentes cercanas consultadas por el medio La República, indican que, al quedar sin efecto su mandato, la Junta de Fiscales Supremos está habilitada para elegir a un nuevo fiscal de la Nación que complete el periodo institucional. Espinoza había sido elegida para el periodo noviembre 2024 – noviembre 2027; sin embargo, la inhabilitación de 10 años supera con creces su gestión prevista, lo que elimina cualquier expectativa de retorno antes de 2035.

Aunque existe el precedente de amparos judiciales que en el pasado modificaron decisiones administrativas del Ministerio Público, las probabilidades de un regreso anticipado son mínimas. La inhabilitación política aprobada por el Congreso tiene efectos plenos y sella el cierre del capítulo Espinoza, salvo eventual intervención del Poder Judicial con un nuevo amparo.