Lima.- La designación de funcionarios públicos sin capacidad técnica ni moral en puestos de alto nivel es un motivo de mucha preocupación y agrava la compleja situación que afecta el país. Sin funcionarios públicos con las capacidades técnicas y morales adecuadas, como es el caso de varios ministros del actual Gabinete Ministerial, el Gobierno no será capaz de solucionar la crisis sanitaria, económica, social, política e institucional que venimos experimentando. A esto se suman las renuncias de buenos profesionales en diversos sectores, aptos, probos y capaces, que han decidido dar un paso al costado ante un liderazgo inaceptable.

Desde IPAE Asociación Empresarial, reiteramos que los mayores afectados por esta situación son los ciudadanos peruanos, pues no reciben los servicios públicos de calidad que merecen. Sin una política de contratación meritocrática, que anteponga los intereses ciudadanos a los de los partidos políticos o los de los funcionarios, que prevenga la corrupción y que esté orientada a la provisión eficiente de servicios, un mayor bienestar de la población y el desarrollo del país serán imposibles.

En ese marco, con el apoyo del Consejo Privado de Competitividad, IPAE ha elaborado la #RutaPerú “Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad” cuyo objetivo es mejorar el nivel de los profesionales en el sector público, pues son los responsables del diseño e implementación de políticas y proyectos, así como de brindar servicios al ciudadano. El documento indica que un servicio civil profesionalizado conlleva a: (i) un mayor ingreso per cápita; (ii) una mejora en la provisión de servicios; y (iii) una mejora en la confianza en el Gobierno.

“Entre el 2004 y el 2019, el número de trabajadores públicos creció un 62,5% pero este incremento no se ha traducido en mejores servicios. La única manera de mejorarlos es cambiando el funcionamiento del Estado. Los mejores servicios para la ciudadanía parten de la elección de mejores servidores públicos a todo nivel”, reflexiona Elena Conterno, Presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

Las principales medidas dadas por la #RutaPerú -que ha sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes en el sector público- implican establecer un marco normativo que permita que el Estado garantice los derechos que la Constitución establece para los ciudadanos. Este marco debe velar por la selección de funcionarios públicos idóneos, con amplia experiencia profesional, y sólidos principios morales y democráticos.

La #RutaPerú: “Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad” propone lo siguiente:

1. Incorporar requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros de Estado. Estos deben cumplir con el perfil técnico y moral que respete la Constitución, los Derechos Humanos y prevenga la corrupción. Por ello, es preciso incorporar los requisitos que la Defensoría del Pueblo ha recomendado, como no contar con una sentencia en primera instancia emitida por la comisión de delitos dolosos; no haber sido indultado o amnistiado de una condena emitida por la comisión de delitos dolosos; no estar inhabilitado; no tener una acusación fiscal de delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, violencia contra la mujer, omisión de asistencia familiar o no reconocer a sus hijos; no incurrir en alguna incompatibilidad legal; y no haber sido destituido de la administración pública. Con normativa de este tipo implementada, se hubiera evitado la designación de algunos ministros del presente gabinete.
2. Impedir nombramientos y ascensos automáticos. Para ello, se espera que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la Ley 31131 (que convierte los contratos CAS a los regímenes 276 y 728, eliminando los incentivos para transitar al régimen de la Ley de Servicio Civil) y se debe trabajar en modificar la Ley de Servicio Civil. Asimismo, se debe preservar lo avanzado en la designación de personal clave por concurso, evaluando su extensión a otras entidades con consejos directivos que intervienen en la regulación, supervisión y fiscalización de los agentes del mercado, tales como INDECOPI; y, profundizar los mecanismos de transparencia sobre el cumplimiento del perfil requerido del personal clave. Sobre este último punto, se debe crear una plataforma que integre los requisitos asignados a cada puesto público, comprendido en los documentos de gestión de cada entidad; con la finalidad que permita contrastar automáticamente dichos requisitos con los currículums de los funcionarios para cada puesto.
3. Reforzar el funcionamiento clave del Estado. Es indispensable contratar directivos y servidores públicos mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado, en paralelo a los ajustes al régimen de la Ley de Servicio Civil. Así, en el corto plazo se necesita un proceso de contratación rápido de directivos públicos y servidores en sectores priorizados por el impacto de la crisis. Se propone priorizar a los equipos de trabajo en el sector salud –por su importancia en el manejo de la pandemia y el fortalecimiento del sistema de salud– y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) por la necesidad de ejecución de los proyectos de inversión garantizando el cumplimiento de plazos establecidos y la transparencia. Para este grupo se considerarán remuneraciones competitivas y esquemas de contratación de la Ley del Servicio Civil, tales como: (i) concurso abierto de méritos; (ii) nombramiento por tres años renovables hasta en dos oportunidades (renovación sujeta a desempeño); (iii) evaluación periódica de desempeño; (iv) capacitaciones periódicas; y (v) bonos por productividad.
4. Garantizar ingreso por concurso. Se debe incorporar los artículos derogados del Decreto de Urgencia 016-2020, con el objetivo de regular el ingreso y la reposición judicial de funcionarios públicos, y derogar la Ley 24041 (que permite que servidores públicos contratados con más de un año ininterrumpido para labores de naturaleza permanente, puedan solicitar judicialmente su reposición). Asimismo, esta nueva ley debe introducir mejoras a algunos aspectos que el DU 016-2020 no regulaba de forma clara, como precisar su ámbito de aplicación a fin de no reponer a trabajadores que no entraron por concurso público.
5. Regular la negociación colectiva en el sector público. Esta debe considerar el análisis presupuestal y no anteponer intereses de grupos particulares a los intereses ciudadanos de recibir servicios de calidad. Se debe derogar la Ley 31188 (que eliminó las consideraciones presupuestales de la negociación colectiva y debilitó el sistema de gestión del recurso humano del MEF y SERVIR) y aprobar una nueva ley que incluya los artículos derogados en el DU 014-2020, con el objetivo de regular la negociación colectiva en el sector público. Asimismo, una vez que se apruebe esta nueva ley, se recomienda definir reglas generales sobre incentivos a la productividad.