Los Ministerios de Defensa e Interior expresamos al país lo siguiente:
- Deploramos rotundamente los ataques contra 13 dependencias policiales, registrados en los últimos días, por parte de extremistas violentos que no solo pusieron en riesgo la vida de los policías, sino ocasionaron graves daños en esta infraestructura del Estado peruano que, en nueve casos, fue incendiada.
- De la misma manera, condenamos los constantes, violentos y, en algunos casos, simultáneos ataques contra los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Cusco, Ayacucho y Andahuaylas. También rechazamos el ataque contra 14 sedes judiciales, siete de las cuales fueron, igualmente, incendiadas.
- Consideramos inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden, en especial contra los efectivos policiales a quienes lanzaron artefactos incendiarios e incluso fueron tomados como rehenes, y rociados con gasolina, para canjearlos por detenidos, bajo amenaza de quemarlos vivos.
- Expresamos nuestro total respaldo, apoyo y defensa a nuestro personal policial y militar que viene cumpliendo una sacrificada labor en el mantenimiento del orden interno y protección de activos críticos, en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y otras normas vigentes.
- Recordamos que dichas normas regulan el empleo de la fuerza bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y contemplan el uso de la fuerza letal “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
- Asimismo, llamamos la atención respecto a lo señalado por la normatividad internacional, como el Protocolo para la Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito por el Perú en 1989.
- El citado protocolo, incorporado en la Guía Legislativa del Régimen Jurídico Universal contra el Terrorismo de la ONU, establece que comete delito quien destruya “o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto”.
- Manifestamos, finalmente, nuestra plena subordinación a la Constitución y a las leyes, y recordamos que, como lo estipula el artículo 44 de la Carta Magna, nuestro deber primordial es la defensa de la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y la protección de la población ante amenazas contra su seguridad y bienestar.
