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CONADEMI ante el Congreso: «No pedimos otra prórroga, exigimos una Ley MAPE que también obligue al Estado a cumplir plazos y asumir responsabilidades, que abra las puertas a la formalidad en lugar de cerrarlas»

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CONADEMI ante el Congreso: «No pedimos otra prórroga, exigimos una Ley MAPE que también obligue al Estado a cumplir plazos y asumir responsabilidades, que abra las puertas a la formalidad en lugar de cerrarlas»

Durante la sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes Navarro y con la participación del ministro Guillermo Shinno, CONADEMI presentó propuestas para mejorar el proyecto de Ley MAPE y exigió que el Estado asuma responsabilidades concretas en la formalización minera.

Lima, 27 de octubre de 2026. – El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados una serie de propuestas para mejorar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Poder Ejecutivo, y advirtió que una nueva normativa no logrará sus objetivos si mantiene las actuales barreras de formalización y concentra todas las obligaciones en los productores mineros.

Durante la sesión parlamentaria, presidida por la diputada Yenifer Paredes Navarro y que contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, el presidente de CONADEMI, Eduardo Calderón de la Barca, acompañado de la vicepresidenta, Nohelia Llerena Ccasani, expuso la posición institucional del gremio y alcanzó propuestas orientadas a construir un sistema de formalización viable, con responsabilidades compartidas entre el Estado y los productores.

«No venimos a pedir otra prórroga ni a defender la ilegalidad. Venimos a pedir una ley que distinga, que obligue también al Estado y que abra la puerta de la formalidad en lugar de cerrarla», sostuvo Calderón de la Barca durante su intervención.

CONADEMI exige que el Estado también cumpla con la formalización
Uno de los principales cuestionamientos del gremio estuvo relacionado con las deficiencias del actual proceso de formalización minera. CONADEMI advirtió que, pese a las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), continúan pendientes compromisos estatales como la ejecución de un censo minero nacional, la simplificación de requisitos administrativos y la implementación de mecanismos adecuados de fiscalización.

Frente al régimen de consolidación planteado por el Ejecutivo, que contempla un periodo de transición hasta junio de 2028, CONADEMI solicitó establecer obligaciones expresas para las entidades públicas, con plazos definidos y responsables identificados, de manera que las demoras administrativas no terminen perjudicando a los productores que buscan formalizarse.

Asimismo, pidió establecer procedimientos claros que garanticen el derecho de defensa de los mineros con inscripciones suspendidas y permitan revisar los procesos de exclusión conforme al debido procedimiento.

Plantean revisar concesiones mineras y actualizar límites de producción
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la dificultad que enfrentan los pequeños productores para suscribir contratos de explotación con los titulares de concesiones mineras.

En ese sentido, CONADEMI propuso abrir el debate sobre las concesiones que permanecen sin actividad productiva, mejorar los mecanismos de acceso a contratos de explotación y revisar los actuales criterios de clasificación de la pequeña minería.

Entre sus planteamientos, el gremio propuso ampliar hasta 5.000 hectáreas el límite de extensión para el pequeño productor minero y elevar su capacidad instalada hasta 1.000 toneladas métricas por día, así como hasta 1.200 toneladas para actividades no metálicas y materiales de construcción, bajo los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Según CONADEMI, estas modificaciones permitirían actualizar la normativa frente a las condiciones productivas actuales y facilitar el crecimiento de los pequeños productores dentro del marco legal.

Bancarización, minería ancestral y seguridad jurídica
CONADEMI también solicitó incorporar un tratamiento financiero y tributario adecuado para la pequeña minería, que facilite la bancarización, la trazabilidad de las operaciones y el acceso progresivo a la formalidad.

Asimismo, planteó que la nueva ley contemple mecanismos de prevención del lavado de activos adaptados a las características y riesgos del sector, evitando que las restricciones financieras terminen incentivando el uso de efectivo y las operaciones fuera del sistema bancario.

Del mismo modo, pidió reconocer las particularidades de la minería ancestral, actividad que, según el gremio, requiere un marco normativo específico por sus características familiares, comunales y de subsistencia.

En materia penal, la organización solicitó revisar la concordancia entre las disposiciones contra la minería ilegal y los procedimientos administrativos de formalización, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y evitar interpretaciones que afecten indebidamente a quienes buscan regularizar su actividad.

«Distinguir para no criminalizar»
Por su parte, la vicepresidenta de CONADEMI, Nohelia Llerena Ccasani, enfatizó la necesidad de diferenciar a las organizaciones dedicadas a actividades criminales de los pequeños productores mineros y mineros artesanales que participan en procesos de formalización.

Bajo la premisa «Distinguir para no criminalizar», Llerena Ccasani advirtió sobre los riesgos de generalizar conductas y responsabilidades entre los distintos actores de la actividad minera, señalando la importancia de contar con un marco normativo que reconozca sus diferencias.

En esa línea, CONADEMI reafirmó su respaldo a la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, así como la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas extractivas, donde pequeños productores y trabajadores enfrentan amenazas, extorsiones y otras manifestaciones de criminalidad organizada.

Finalmente, CONADEMI informó que ha conformado un equipo técnico especializado en seguridad y puso a disposición de la Comisión de Energía y Minas sus propuestas para enfrentar estos problemas, así como a sus especialistas para participar en la revisión del proyecto de ley artículo por artículo.

La organización reiteró que el Perú necesita una Ley MAPE que no se limite a reemplazar el REINFO, sino que establezca una ruta de formalización viable, con reglas claras, obligaciones concretas para el Estado y oportunidades reales para la pequeña minería y la minería artesanal.

CONADEMI
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ProInversión firma convenio de S/23.7 millones para liberar interferencias en el Anillo Vial

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ProInversión firma convenio de S/23.7 millones para liberar interferencias en el Anillo Vial

El Tramo 1, de 8.7 km, conectará el Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La autopista completa reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un convenio con On Empresas S.A.C. para liberar las interferencias de redes e infraestructura de telecomunicaciones de su titularidad que afectan el Tramo 1 del Anillo Vial. Los trabajos tienen un monto estimado de S/23.7 millones, incluido IGV, y un plazo de ejecución de 13 meses. Participaron en el acto la gerenta general de ProInversión, Mirtha Rázuri; el gerente general de On Empresas, Nilton Rodríguez, y el director de Portafolio de Proyectos de ProInversión, Yaco Rosas.

El Tramo 1 comprende 8.7 kilómetros, desde el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, hasta la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Naranjal, y fortalecerá la conectividad del Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La liberación de interferencias se suma a la adquisición de terrenos que impulsa ProInversión, que sigue entregando cheques a propietarios de predios en diversos tramos. Con ambas acciones se dispone de manera progresiva de las áreas necesarias para ejecutar el proyecto.

El Anillo Vial beneficiará a 4.5 millones de personas mediante una autopista de 34.8 kilómetros que conectará el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana. La concesión, bajo la modalidad de APP, comprende diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante 30 años. La vía reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho, a 10, y entre este último distrito e Independencia, a cinco. También conectará la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central, y facilitará el acceso a los puertos del Callao y Chancay, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al futuro Parque Industrial de Ancón.

Fuente: ProActivo

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Perú se ubica entre los cuatro mejores de 26 países de la región para impulsar obras con inversión privada

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Perú se ubica entre los cuatro mejores de 26 países de la región para impulsar obras con inversión privada

ProInversión informó que el país ocupa el cuarto lugar entre 26 economías, junto con Brasil, Chile y Colombia, y que su mayor avance fue en preparación de proyectos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que Perú se ubicó en el cuarto lugar entre 26 países de América Latina y el Caribe en el Infrascopio 2025/26, elaborado por Economist Enterprise por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mide las condiciones para desarrollar Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura. Con 71.0 puntos sobre 100, el país integra el grupo de líderes regionales junto con Brasil, Chile y Colombia. Su puntaje subió de 70.6 en 2023/24 y supera en 24.5 puntos el promedio regional, de 46.5.

El mayor avance se dio en preparación y sostenibilidad de proyectos, que pasó de 72.9 a 77.4 puntos. En regulación e instituciones, la categoría con mayor puntaje nacional, subió de 92.7 a 95.8. La gestión de riesgos y el monitoreo de contratos se mantuvo en 79.6, y la evaluación del desempeño e impacto ex post pasó de 36.5 a 37.7. En financiamiento, la calificación bajó de 71.2 a 64.4, un ámbito que el informe identifica como de atención.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que Perú es primero en preparación de proyectos y sostenibilidad, segundo en gestión de riesgos y monitoreo contractual, y que alcanzó 95.8 sobre 100 en regulación e instituciones. Señaló que “el reconocimiento tiene una dimensión institucional relevante porque el informe destaca expresamente la nueva Ley de APP y su reglamento de 2025, que reorganizan y fortalecen las responsabilidades de ProInversión y los procedimientos de modificación contractual”. Agregó que el resultado respalda la dirección de la reforma, con una ProInversión fortalecida y capaz de acompañar la ejecución de las inversiones. “El camino es consolidar esta transformación institucional y darle continuidad”, subrayó.

Fuente: Energiminas

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