El expresidente de la República, Ollanta Humala, lanzó duras críticas contra los magistrados que resolvieron los recursos de casación relacionados con su proceso judicial por presuntos aportes ilícitos de campaña. Durante una entrevista, el exmandatario sostuvo que el Poder Judicial debió aplicar el mismo criterio jurídico que favoreció a la presidenta Keiko Fujimori, al considerar que ambos expedientes guardan similitudes en cuanto a las investigaciones por financiamiento político.

En declaraciones brindadas al programa de La República “Sin Guión”, Humala expresó su desacuerdo con las resoluciones emitidas por los jueces penales y aseguró que existió un trato desigual en la administración de justicia.

“Es una llamada de atención al juez ponente y a los magistrados que firmaron esa casación. Si ese criterio se aplicó en el caso de Keiko Fujimori, también debió aplicarse en mi caso. Si a mí me enviaron a prisión, entonces ella también debió recibir el mismo tratamiento”, manifestó el exjefe de Estado.

Humala afirma que existen diferencias sustanciales entre ambos procesos

Si bien Ollanta Humala reconoció que tanto su caso como el de Keiko Fujimori están relacionados con investigaciones por presuntos aportes de campaña, insistió en que existen diferencias importantes que, a su juicio, hacen aún más cuestionable la actuación de las autoridades judiciales.

El exmandatario aseguró que el primer aspecto diferenciador radica en la supuesta recepción de recursos económicos. Según afirmó, en el caso de su organización política no existió la recepción del dinero que se le atribuye.

“Nosotros no recibimos esos aportes; en el otro caso sí hubo recepción de fondos”, sostuvo durante la entrevista, defendiendo nuevamente su inocencia frente a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.

Humala remarcó que esta diferencia debió ser considerada por los magistrados al momento de evaluar las medidas judiciales adoptadas contra él.

Señala una presunta persecución por motivos ideológicos

El expresidente también sostuvo que las investigaciones en su contra habrían estado influenciadas por factores políticos e ideológicos, más que por criterios estrictamente jurídicos.

De acuerdo con su versión, mientras otras agrupaciones políticas fueron investigadas por supuestos aportes provenientes del sector empresarial, el caso de su partido estuvo vinculado a presuntos recursos procedentes de gobiernos de izquierda, lo que, según dijo, generó una interpretación distinta por parte de las autoridades.

“En otros partidos las acusaciones estaban relacionadas con financiamiento de grupos empresariales. En nuestro caso, se ha construido una persecución ideológica debido a nuestro gobierno. Nos acusan de haber recibido dinero de gobiernos de izquierda y no de empresarios”, afirmó.

Para Humala, esta diferencia demuestra que el tratamiento judicial no fue uniforme y que existieron consideraciones políticas que terminaron afectando el desarrollo del proceso.

Expresidente insiste en que las imputaciones carecen de sustento

Durante la entrevista, Ollanta Humala reiteró que las acusaciones formuladas en su contra no cuentan con suficiente respaldo técnico ni probatorio. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones se sustentan en interpretaciones políticas antes que en elementos jurídicos sólidos.

El exmandatario aseguró que su gestión y la orientación política de su gobierno influyeron en la manera en que fue procesado, motivo por el cual considera que el Poder Judicial actuó con criterios distintos respecto de otros casos de financiamiento electoral.

Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas por los jueces deberían ser revisadas para garantizar la igualdad ante la ley y evitar que existan tratamientos diferenciados entre procesos que presentan características similares.

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, abandonó el territorio peruano este viernes 7 de agosto luego de recibir un salvoconducto concedido por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, una decisión que marca un nuevo capítulo en el escenario político y diplomático entre Perú y México.

La exfuncionaria, condenada a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, salió del país durante la madrugada con destino a México, en el marco de los procedimientos establecidos por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

El anuncio fue realizado por el canciller Carlos Espá, quien explicó que el Ejecutivo actuó respetando plenamente los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Canciller afirma que el salvoconducto se otorgó conforme al derecho internacional

Durante declaraciones a RPP Noticias, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el otorgamiento del salvoconducto responde estrictamente al cumplimiento de la Convención de Caracas y enfatizó que el Gobierno mantiene una política de respeto al orden jurídico nacional e internacional.

“Somos un gobierno institucional que respeta las leyes y los tratados internacionales. En ese marco se concedió el salvoconducto a la señora Betssy Chávez”, manifestó el canciller.

Espá confirmó que la ex primera ministra dejó el país alrededor de la medianoche, luego de culminar las coordinaciones entre las cancillerías de Perú y México. El viaje se realizó antes de que ambos gobiernos hicieran público el comunicado conjunto mediante el cual oficializaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

Restablecen relaciones diplomáticas entre Perú y México

Uno de los anuncios más importantes realizados por el titular de Relaciones Exteriores fue la reanudación formal de los vínculos diplomáticos entre Perú y México, que permanecían deteriorados desde la crisis política generada tras el fallido golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo.

Según explicó Carlos Espá, ambos países retomarán progresivamente su cooperación institucional mediante la reapertura de sus respectivas embajadas y el posterior nombramiento de nuevos embajadores.

Asimismo, adelantó que se impulsarán iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la relación bilateral en diversos ámbitos.

Entre las prioridades mencionó proyectos de cooperación económica, intercambio cultural y mecanismos de integración que permitan consolidar nuevamente los lazos entre ambas naciones.

El canciller señaló que el objetivo es demostrar la voluntad de ambos gobiernos de construir una relación sólida basada en el respeto mutuo y la cooperación.

Gobierno agradece apoyo de diversas instituciones

Durante su pronunciamiento, Espá también expresó su reconocimiento a las entidades nacionales e internacionales que participaron en las gestiones para concretar la salida de Betssy Chávez.

En ese sentido, agradeció al Gobierno de Brasil, que ejercía la representación de los intereses diplomáticos de México en el Perú, así como al Ministerio de Defensa por autorizar el ingreso del avión oficial enviado desde territorio mexicano.

También destacó la labor del Ministerio del Interior, responsable del operativo de seguridad, y del personal de la Cancillería peruana, al que calificó como fundamental para alcanzar los acuerdos diplomáticos entre ambos Estados.

Perú informó a México sobre la situación judicial de Betssy Chávez

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, antes de autorizar el salvoconducto, comunicó oficialmente al Gobierno mexicano la situación legal de la ex primera ministra.

La Cancillería informó que Betssy Chávez cuenta con una sentencia condenatoria por conspiración para la rebelión y que, además, continúa siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

No obstante, el Ejecutivo decidió cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos V y XII de la Convención de Caracas, otorgando las garantías necesarias para que la exfuncionaria pudiera abandonar el territorio nacional.

Aunque autorizó la salida de Betssy Chávez, el Gobierno peruano dejó constancia de que mantiene intactas sus facultades para solicitar una eventual extradición si así lo requieren las autoridades judiciales competentes.

Esta precisión fue incorporada en el comunicado oficial emitido por la Cancillería, donde además se rechazó cualquier interpretación que atribuya motivaciones políticas al proceso judicial seguido contra la ex primera ministra.