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CONGRESO IMPULSA MEDIDAS “FACILISTAS” SIN SUSTENTO TÉCNICO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

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CONGRESO IMPULSA MEDIDAS “FACILISTAS” SIN SUSTENTO TÉCNICO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Especialistas advierten que las reformas a la Ley de Minería son ofertas políticas que generan falsas expectativas y carecen de un análisis real sobre su impacto en la estabilidad económica.

A días de las elecciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que eleva los derechos de vigencia minera en 300 % y aumenta las penalidades por falta de producción hasta en 400 %. La propuesta, que además plantea incorporar a las comunidades como accionistas, ha sido cuestionada por gremios y especialistas por carecer de sustento técnico y no precisar fuentes de financiamiento. Según Angela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas iniciativas se basan en “falacias para poder justificar un cambio al régimen”, lo que podría desincentivar la inversión formal.

El carácter “facilista” de la medida, advierten, se refleja en la promesa de beneficios económicos sin explicar su viabilidad ni el impacto en los proyectos. El expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestionó la ligereza de este tipo de propuestas y alertó que esta iniciativa está planteada para destruir el futuro de una minería seria y formal, omitiendo que los retrasos en la producción suelen deberse a la excesiva tramitología del Estado, que puede tardar hasta 19 años en permisos. A este contexto se suma una preocupación sobre posibles motivaciones políticas detrás del dictamen. De acuerdo con una investigación de Perú21, la Comisión de Energía y Minas habría funcionado como una plataforma para impulsar propuestas vinculadas a campañas políticas y no se descarta que iniciativas de este tipo respondan también a compromisos políticos o a la devolución de favores a sectores que financian campañas, como la minería ilegal.

Por último, al encarecer la actividad formal y forzar la caducidad de concesiones sin considerar los plazos reales de inversión, se corre el riesgo de que estos predios sean ocupados por la minería ilegal. Tal como advirtieron especialistas del sector como Marcial García Schreck, líder del sector minero en EY Perú, estas medidas podrían paralizar la inversión formal y liberar concesiones que terminarían siendo ocupadas por actores informales e ilegales. En la misma línea, Carlos Gálvez, alertó que este tipo de propuestas, sin sustento técnico ni evaluación fiscal, “buscan desaparecer la actividad minera formal” y favorecer intereses vinculados a la ilegalidad.

Fuente: Gestión, Perú.21

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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