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Congreso sugiere la eliminación de los pagos con tarjetas sin clave secreta
El objetivo es brindar mayor seguridad al usuario para reducir el uso fraudulento de sus cuentas bancarias
La congresista Katy Ugarte, perteneciente a la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, sugiere la eliminación de los cargos que no necesitan una contraseña al efectuar una operación financiera, con el fin de garantizar una mayor protección a los usuarios del sistema bancario y reducir la posibilidad de que sus cuentas sean objeto de fraude.
El Proyecto de Ley 6000, titulado «Ley que elimina el micropago y brinda mayor seguridad al usuario del sistema financiero», establece que en todas las transacciones o actividades comerciales, las empresas y establecimientos deben exigir que los usuarios utilicen su contraseña confidencial, muestren su documento de identificación o equivalente, y utilicen otro método de autenticación.
También es importante destacar que, aunque la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) otorgó su aprobación a los micropagos mediante la resolución N.° 6523-2013 con el propósito de agilizar las operaciones financieras y su utilidad se hizo evidente durante la pandemia, cuando era esencial minimizar el contacto, información actual muestra que se están empleando de manera indebida para actividades delictivas.
Por ejemplo, según la Policía Nacional del Perú (PNP), se registran más de 4.000 delitos cada día, que incluyen casos de robo y hurto. En el mismo período, Indecopi ha recibido 4.406 quejas y 2.054 denuncias de usuarios que reportan operaciones no autorizadas con empresas del sistema financiero.
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Es importante destacar que las cantidades máximas permitidas para los micropagos son establecidas por cada institución bancaria. Además, en la justificación de la propuesta se menciona que se añade a esta preocupación la complicación que enfrentan los usuarios al intentar bloquear sus tarjetas después de un robo, lo que brinda una ventaja de tiempo significativa a los criminales.
«El incremento de la criminalidad en nuestro país amerita la toma de decisiones que doten de mayor seguridad a los ciudadanos, entre ellas, la eliminación del micropago (…), a efecto de brindar mayor protección al usuario del sistema financiero, y así proteger su patrimonio. Asimismo, esto fortalecerá su confianza en las entidades financieras y coadyuvará en la reducción del uso indebido de productos financieros a manos de terceros», se lee en el documento.
Antes de someterla a discusión y votación en el Pleno, es necesario que las comisiones del Congreso analicen la propuesta.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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