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Conoce más sobre las Reservas Comunales: ¿Qué son, cuántas hay y a quienes beneficia? – Realidad.PE

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Conoce más sobre las Reservas Comunales: ¿Qué son, cuántas hay y a quienes beneficia? – Realidad.PE


Por Valery Díaz

En el Perú hay un total de 10 Reservas Comunales, estas reúnen a 204 comunidades nativas en un vasto territorio de alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, creando un espacio donde la conservación y la vida comunitaria se entrelazan armoniosamente. En esta nota te presentamos cuáles son y la relevancia de cada una de ellas.

Las reservas comunales cuidan la biodiversidad local en beneficio de sus propias comunidades. A través de un uso tradicional y planes de gestión cuidadosos, acceden a los recursos naturales de la zona, manteniendo así la armonía con el entorno.

Estos grupos forman parte activa como Administradores en colaboración con el Sernanp, uniendo esfuerzos para administrar de manera completa y coordinada las Reservas Comunales.

Estas áreas protegidas permiten un uso directo y sostenible de los recursos naturales mediante planes de manejo, respetando las prácticas tradicionales de las poblaciones locales.

Reserva Comunal Asháninka

La Reserva Comunal Asháninka se encuentra en la región central del flanco occidental de la Cordillera de Vilcabamba, abrazando los límites norte y oeste del Parque Nacional Otishi, en las cabeceras de los ríos Apurímac, Ene y Tambo.

Las comunidades nativas que habitan este lugar, pertenecientes a la familia lingüística Arawac (Asháninka, Machiguenga y Kakinte), mantienen arraigada su conexión cultural con sus antiguos territorios y se comprometen activamente en la preservación de los recursos naturales.

Esta reserva desempeña un papel crucial al servir de punto de encuentro entre la biodiversidad y la riqueza cultural, generando una armoniosa interacción. Su existencia es un testimonio vivo de cómo la humanidad ha florecido y evolucionado en estas tierras durante milenios.

Reserva Comunal Amarakaeri

La Reserva Comunal Amarakaeri destaca como una de las reservas comunales más extensas del país, preservando las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado. Su objetivo primordial es asegurar la estabilidad de tierras y bosques para salvaguardar la calidad y cantidad de agua, mantener el equilibrio ecológico y proporcionar un ambiente propicio para el progreso de las comunidades nativas Harakmbut.

Esta reserva presenta una variada topografía que abarca terrazas, colinas y montañas en distintas zonas de selva alta y baja, conformando una amplia diversidad de ecosistemas y microclimas. Este entorno brinda refugio a una gran cantidad de especies de fauna y flora, muchas de las cuales se encuentran en peligro.

La región amazónica de Madre de Dios alberga comunidades indígenas con una riqueza cultural sin igual en sus tradiciones, creencias, estructuras sociales y sistemas económicos y políticos. En la reserva y sus alrededores conviven las etnias Harakmbut, Yine y Matsiguenka, quienes desempeñan roles fundamentales como administradores, beneficiarios directos y protectores en la conservación de esta invaluable área natural protegida.

Reserva Comunal Airo Pai

La Reserva Comunal Airo Pai representa el escenario vital para el desarrollo socio-cultural de las comunidades nativas Secoya, Quechua del Napo y Cabo Pantoja, cuyas actividades tradicionales incluyen la caza y la pesca.

Esta área protegida es un bastión de alta diversidad y endemismos tanto en flora como en fauna, aunque no se poseen datos precisos sobre las especies exclusivas de esta región. Anteriormente conocida como Zona Reservada Gueppí, la Reserva Comunal alberga una parte de los 465 géneros de flora, 234 especies de mamíferos, 650 especies de aves, 156 especies de reptiles y 180 especies de anfibios registrados en la zona.

La agricultura es la actividad económica principal en la zona, satisfaciendo las necesidades de autoconsumo y permitiendo la venta de pequeños excedentes. Los cultivos predominantes incluyen plátanos, piñas, yucas, arroz y maíz, junto con hortalizas cultivadas en huertos familiares para consumo propio.

Dada su ubicación remota, el acceso a la Reserva Comunal Airo Pai se inicia por el río Amazonas en lanchas, seguido por el cruce del río Napo hasta Cabo Pantoja, cubriendo las áreas del Medio y Alto Napo. Pequeñas embarcaciones privadas son utilizadas para el transporte entre los poblados de Cabo Pantoja, San Juan de Miraflores y Vencedor de Guajoya.

Reserva Comunal Yanesha

La Reserva Comunal Yanesha (RCY) se divide en dos ecosistemas distintos: la selva baja y la selva alta. El primero es un denso bosque tropical siempre verde que se extiende a lo largo de los valles planos del río Palcazú, albergando una asombrosa variedad de más de 10 000 especies de flora.

El segundo ecosistema es un bosque tropical de dosel cerrado que se encuentra en la base de la cordillera del Yanachaga, con altitudes que van desde los 500 hasta los 2400 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques húmedos comparten una composición florística similar a la de los bosques de tierras bajas.

Además de preservar estos entornos naturales, la RCY tiene como objetivo proteger las fuentes de los ríos y arroyos que fluyen hacia la margen izquierda del río Palcazú, además de actuar como una zona de amortiguamiento para el Parque Nacional Yanachaga Chemillén. Esta reserva es considerada prioritaria para la conservación de la biodiversidad en Perú, formando parte de la Reserva de Biosfera de Oxapampa, junto al Parque Nacional, Bosque de Protección San Matías – San Carlos y la Reserva Comunal El Sira.

La RCY fue establecida con el propósito específico de conservar la fauna silvestre en beneficio exclusivo de diez comunidades nativas cercanas: San Pedro de Pichanaz, Santa Rosa de Pichanaz, Loma Linda Laguna, Shiringamazú, Alto Iscozacín, Siete de Junio, Nueva Esperanza, Alto Lagarto, Santa Rosa de Chuchurras y Buenos Aires.

Reserva Comunal Tuntanain

La Reserva Comunal Tuntanain preserva una muestra representativa de los bosques montanos y premontanos húmedos de la Yunga Tropical en el noroeste de Perú. Aquí se encuentran especies de flora y fauna endémicas, algunas raras y en distintos estados de amenaza, las cuales han sido utilizadas ancestral y tradicionalmente por las comunidades nativas vecinas de las etnias Aguaruna y Huambisa.

Uno de sus objetivos principales es asegurar el acceso de las comunidades indígenas vecinas y los habitantes de la zona a alimentos y otros productos para su uso personal y, en ciertas condiciones, para su comercialización, siempre y cuando esto no ponga en riesgo la conservación de la biodiversidad.

Este paisaje predominante es montañoso, con pliegues y crestas empinadas que albergan bosques altos exuberantes y densos, poblados de bromelias, orquídeas, lianas y enredaderas. Los árboles están cubiertos por una gran cantidad de epífitas y trepadoras, lo que sustenta una biodiversidad muy rica.

Además de su valor ecológico, la reserva guarda zonas de gran importancia cultural y religiosa para las comunidades nativas colindantes, mayoritariamente pertenecientes al grupo étnico lingüístico Jíbaro. Al este se encuentran asentadas las comunidades de Yutupis, Yujagkim y Kagkas; al norte, Kunt, Entsa y Villa Gonzalo; y al sur, Inayuam, Saasá y Achu. En total, se han registrado 26 comunidades nativas y anexos, cuyos habitantes practican actividades tradicionales de caza, recolección y agricultura principalmente para su propio consumo.

Reserva Comunal Purús

La Reserva Comunal Purús tiene como objetivo primordial conservar la riqueza biológica del área y promover la gestión sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades locales. Además, desempeña un papel vital como parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.

Este espacio protegido busca también fortalecer las habilidades locales en la administración del área, buscando que las comunidades nativas se involucren activamente en la gestión de los recursos naturales. Esto incluye actividades de control y vigilancia a cargo de un grupo de guardaparques comunales. Se enfoca en impulsar la reproducción de tortugas, la gestión responsable del paiche (Arapaima gigas), la recolección de semillas de caoba (Swietenia macrophylla), la reforestación con aguaje (Mauritia flexuosa) y otras acciones que aseguran el manejo sostenible de la diversidad biológica en la región.

Reserva Comunal Huimeki

La terminología de su denominación es la conjunción de las primeras letras de los grupos culturales existentes en la zona: Huitoto (Hui), mestizos (me) y Kiwchas del Putumayo (ki).

La Reserva Comunal Huimeki está conformada por una red hidrológica integrada por las cuencas de los ríos Putumayo, Peneya, Angusilla, Yaricaya. La RC Huimeki se encuentra interconectada con la Reserva Comunal Airo Pai y el Parque Nacional Gueppí-Sikemi, por el límite con Colombia con el Parque Nacional La Paya, por el límite con Ecuador con la Reserva Faunística de Cuyabeno, los cuales integrarían el corredor econológico para asegurar las dinámicas poblacionales y procesos de migración.

En el área se encuentran formaciones del Plioceno y Pleistoceno, de la época del Cuaternario, lo cual le da características especiales en cuanto a formaciones vegetales, suelos y fisiografía.

Esta área natural protegida alberga y protege a importantes poblaciones o muestras representativas de un número de especies de fauna y flora restringidas en el Perú al extremo nororiental de la Amazonía peruana, en la cuenca del Putumayo, y no presentes en otras áreas protegidas del país.

Además por su ubicación geográfica, la Reserva Comunal Huimeki es paradero de migración de algunas aves provenientes de países del llamado cono sur (Argentina y Chile) en su viaje migratorio al hemisferio norte, constituyéndose en uno de los lugares de descanso y alimentación.

Reserva Comunal El Sira

La Reserva Comunal El Sira se encuentra en la zona centro-oriental del Perú, abrazando la Cordillera El Sira y atravesada por las cuencas de los ríos Ucayali, Pachitea y Pichis. Este territorio protege un ecosistema único: una cadena montañosa agreste que alcanza alturas de aproximadamente 2,500 metros y está cubierta por bosques tropicales.

El propósito principal de esta reserva es preservar la diversidad biológica del área y brindar beneficios a las comunidades nativas de los grupos étnicos Asháninka, Yánesha y Shipibo-Conibo. Además, su existencia y conservación contribuyen a la protección de las cuencas hidrográficas y al abastecimiento de agua para uso humano.

La reserva presenta vastas extensiones de bosque primario intocado, creando una complejidad de ecosistemas debido a las variaciones en altitud. Su ubicación geográfica la dota de una riqueza botánica excepcional, con una gran diversidad de especies, una notable cantidad de endemismos y una variedad significativa de tipos de vegetación.

Los lagos en El Sira son considerados sitios sagrados por las comunidades indígenas, quienes los ven como entradas hacia un mundo interior. Esta combinación de características hace que la RCES sea un lugar crucial para la conservación.

Geográficamente, la reserva está adyacente a otras áreas naturales protegidas importantes como el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Bosque de Protección San Matías – San Carlos, la Reserva Comunal Yanesha y el Bosque de Protección Pui Pui, formando una porción vital de territorio protegido en la selva central del Perú.

Reserva Comunal Chayu Nain

La Reserva Comunal Chayu Nain abarca una porción de los bosques montanos o yungas del norte del Perú, abarcando sus tres niveles altitudinales: el premontano, el montano bajo y el montano propiamente dicho.

Debido a una combinación de factores climáticos y geomorfológicos locales, una parte significativa de estos bosques corresponde al bioma de bosques de neblina o Ceja de Selva. Esta área destaca por su importancia crítica en términos de conservación y por su relevante función como generadora y reguladora de agua en los bosques de neblina.


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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

Roberto C. Parra[1]
Consultor forense internacional
Vocero de CONADEMI

De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.

La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia

La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]

Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.

El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.

En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.

Pataz: una crisis que trasciende La Libertad

Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.

El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]

Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]

La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.

Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.

El poder económico y la seguridad armada

Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.

En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]

En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.

Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.

En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.

Zimbabue: la normalización de las muertes evitables

La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.

En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.

Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?

No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.

República Democrática del Congo: la economía de la violencia

Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.

En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.

Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.

Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.

El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional

En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.

La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]

La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.

Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]

Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.

La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.

Cuando el oro vale más que la vida

Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.

Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.

La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.

Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.

La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.

Notas y referencias

[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.

[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.

[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.

[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].

[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120

[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.

[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos

[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182

[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.

[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.

Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.

[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

Una resolución de Cenares, organismo del Ministerio de Salud, dispone gestionar la devolución de una penalidad a la farmacéutica, cuestionada por el suministro de suero fisiológico de procedencia china.

La empresa Alkofarma E.I.R.L. vuelve al centro de la polémica luego de que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), reconociera la devolución de S/ 404,528.69 por una penalidad aplicada a la compañía.

La decisión consta en la Resolución Directoral N.° 202-2026-CENARES-MINSA, firmada el 23 de septiembre por Patricia Suárez Beyodas, directora general de Cenares, y sustentada en un acuerdo de conciliación.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por una contratación superior a S/ 31 millones para el suministro de suero fisiológico importado de China, producto sobre el cual se reportaron observaciones técnicas, según investigaciones periodísticas.

Asimismo, el diario Del País denunció que la empresa habría sido favorecida con reconocimientos de deuda superiores a S/ 5 millones, además de la devolución de la penalidad.

Si bien la resolución acredita que Cenares reconoció el derecho a recuperar dicho monto, no confirma que el dinero ya haya sido desembolsado ni demuestra por sí sola una irregularidad.

El Ministerio de Salud debe esclarecer los fundamentos de estas decisiones, las observaciones realizadas al producto y las condiciones bajo las cuales se autorizó la devolución de la penalidad, en un caso que involucra millones de soles destinados a la salud pública.

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