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Corte Suprema ha aceptado como medios de prueba el uso de drones y satélites espaciales

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Corte Suprema ha aceptado como medios de prueba el uso de drones y satélites espaciales



Juez José Neyra señaló que esta medida fue aprobada en Acuerdo Plenario

Magistrado explicó que a este tipo de pruebas nuevas se suman a las tradicionales como son la observación, vigilancia y seguimiento, realizadas por la Policía Nacional.

El juez José Antonio Neyra Flores, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señaló que en los últimos años la tecnología está ocupando un papel preponderante como medio de prueba en los procesos judiciales, como en el delito de extorsión en sus diversas modalidades.

Al respecto, el magistrado reveló que la Corte Suprema aprobó un Acuerdo Plenario en el año 2019, en el cual se acepta como medios de prueba el uso de drones y satélites espaciales.

“La tecnología ha entrado a tallar. Inclusive en el año 2019, hemos sacado (la Corte Suprema) un Acuerdo Plenario Penal, una jurisprudencia vinculatoria que es la 10-2019, donde hacemos referencia que se pueden usar drones, satélites espaciales”, manifestó.

En ese sentido, señaló que a este tipo de pruebas nuevas se suman las denominadas tradicionales como son la observación, vigilancia y seguimiento realizadas por la Policía Nacional, quienes a través de su celular, cámara filmadora o fotos registran un determinado hecho.

El juez supremo hizo esta aseveración al detallar los medios de prueba que pueden ser presentados por el Ministerio Público, quien con apoyo de la Policía Nacional son los que proveen de información y pruebas al Poder Judicial.

En esta misma línea, el magistrado explicó que en el caso de los delitos de extorsión se podría aceptar también como medio de prueba las declaraciones personales, grabaciones de audios, mensajes de WhatsApp y Facebook.

“Las pruebas serían declaraciones personales, grabaciones de audios, videos de los propios ciudadanos, mensajes de WhatsApp, Facebook. Los fiscales les piden a los jueces el levantamiento de interceptaciones telefónicas, el registro histórico para saber a quién o a quiénes han llamado”, detalló.

Respecto al delito de extorsión, Neyra Flores explicó que el artículo 200 del Código Penal señala “que el que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole y se consuma cuando el sujeto pasivo (la víctima) cumple con otorgar el dinero indebidamente solicitado”.

En relación a las penas, el magistrado explicó que estas van desde cinco años a cadena perpetua dependiendo de cualquiera de las modalidades.



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Reasignan a 23 oficiales generales Policía Nacional

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Reasignan a 23 oficiales generales Policía Nacional


El Ministerio del Interior aprobó la reasignación en el cargo, por necesidad del servicio, de 23 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).

La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.

Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).

Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.

Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.

En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.

La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.



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Incautan mil explosivos y seis fusiles en provincia de Pataz –

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Incautan mil explosivos y seis fusiles en provincia de Pataz –


El Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Camilo” en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que permitió incautar más de mil explosivos y seIs fusiles de cañones largo y corto, informó el Ministerio de Defensa.

Durante la intervención, las fuerzas del orden decomisaron también 510 municiones de calibres 22, 5. 56 y 9 mm, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico.

El operativo se realizó en una bocamina del anexo La Porfía y contó con la participación de efectivos de la Divopus, Divitiame y Dirincri de la Policía Nacional, así como con representantes de la Oficina Regional de Indecopi y Sucamec.

Todo el material de guerra hallado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que estará a cargo de las investigaciones por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y explosivos.



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